LA OFENSIVA TERRORISTA
Columna
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El continuo de ETA

Cuatro días después de que Garzón dictara la prisión provisional incondicional de doce dirigentes de Gestoras Pro Amistía, acusados de pertenencia a banda armada, ETA hacía estallar un coche-bomba en Madrid; si ese atentado fue -como parece- una represalia por la decisión judicial, quedaría otra vez puesta de manifiesto la continuidad entre los pistoleros que asesinan y los activistas que los protegen. El comunicado difundido a finales de octubre por la organización terrorista, dedicado en buena parte a insultar a Ibarretxe ('da vergüenza' que 'uno de los mayores estafadores' como abertzale, como demócrata y como persona 'ostente el título de lehendakari'), disipó las esperanzas depositadas en que ETA hubiese entendido la reacción producida en el mundo por los brutales atentados del 11 de septiembre. La Unión Europea ha decidido perseguir no sólo a los ejecutores directos de los atentados terroristas sino también a sus inductores y beneficiarios: si los verdugos imprimen sus sangrientas huellas en el escenario del crimen, el rastro dejado por los dirigentes conduce a las cuentas corrientes de los bancos, a las operaciones financieras de blanqueo de dinero y al conglomerado de asociaciones que les sirven de pantalla.

Garzón venía aplicando esos criterios antes del 11 de septiembre: según el juez de la Audiencia Nacional, ETA ha creado una trama unitaria de organizaciones consagradas aparentemente a objetivos sectoriales (económicos, periodísticos, editoriales, educativos, culturales, internacionales, deportivos, solidarios, juveniles, partidistas o sindicales) pero controladas por la misma mano. Si Mao sostenía que los guerrilleros debían moverse en el pueblo como el pez en el agua a fin de ser invulnerables, los terroristas prefieren para su protección la ley de sociedades anónimas, el secreto bancario y el uso ventajista del garantismo procesal. Los análisis políticos, las investigaciones policiales y las instrucciones sumariales llevan a la segura conclusión de que los pistoleros y su entorno forman un espacio continuo, gobernado por vínculos de dependencia jerárquica: un teólogo del Concilio de Nicea hubiese podido decir que ETA es una en esencia y múltiple en personas. Dentro de un Estado de Derecho, sin embargo, las certezas del sentido común deben ser confirmadas por los tribunales.

En cualquier caso, los jueces de instrucción constitucionales tienen el deber profesional y moral de reunir el máximo posible de material probatorio contra la constelación organizativa que forma ETA. Tal ha sido el gran mérito de Garzón, cuya actuación contra Gestoras Pro Amnistía responde a la misma lógica aplicada desde 1998 a otros sumarios: la investigación de las empresas financiadoras de ETA, el cierre de Egin y la ilegalización de Ekin (la fantasmal entidad que sustituyó a KAS), Xaki (tapadera de las relaciones internacionales de ETA) y Haika (la organización juvenil sucesora de Jarrai).

Las medidas contra ETA adoptadas por Garzón suelen ser objeto no sólo de admisibles reparos jurídico-técnicos sino también de maliciosas críticas políticas (el presidente del PNV las llama garzonadas), repicadas mediáticamente por un amplio sindicato de agraviados que no le perdonan las cuentas pendientes. Las dificultades para probar ante los tribunales los delitos de pertenencia a banda armada de los dirigentes de esas asociaciones-pantalla, habituados a negar las evidencias y a manipular torticeramente las normas de ese mismo Estado de Derecho al que pretenden derribar, no pueden ser infravaloradas. Pero el falaz argumento según el cual no todos los miembros de Gestoras Pro Amnistía conocen o aprueban la obediencia de su organización a ETA, una tesis predicada igualmente para Batasuna y las restantes asociaciones bautizadas por la banda terrorista con el nombre de Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), es fruto de la mala fe o de la ignorancia culpable sobre cómo funcionan las sectas clandestinas. El mecanismo de la doble militancia, guardada en estricto secreto y negada con descaro ante los jueces, permite a los embajadores de ETA monopolizar la cúpula de sus organizaciones subalternas, cuyo caracter jerárquico y rígida disciplina aseguran el control omnímodo de los miembros de la banda cooptados - no elegidos- para gobernarlas con mano de hierro.

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