Conculcadas dos leyes y el artículo 18 de la Constitución

El hallazgo de los informes médicos con datos personales y médicos de los paciente del hospital Puerta de Hierro conculca el derecho al honor y a la intimidad de las personas afectadas, según José Fernando Merino Merchán, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y letrado del Consejo de Estado. "Los datos incluidos en la documentación, como el nombre, los apellidos y las enfermedades, constituyen el núcleo de información protegido por la Constitución", añadió Merino Merchán.

El punto 1 del artículo 18 de la Constitución establece: "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Este artículo está incluido en el capítulo segundo, sección 1ª, del texto legal y en él se protegen "los derechos fundamentales" y "las libertades públicas" de los ciudadanos.

"La Constitución recoge estos derechos, pero además están protegidos por una ley orgánica y por la Ley General de Sanidad", explicó Merino Merchán. El artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece: "Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".

"Este artículo tiene el título de Datos especialmente protegidos porque trata de la información más íntima de las personas. La norma ha sido claramente conculcada en este caso", analiza el profesor de la Rey Juan Carlos.

Confidencialidad

La Ley General de Sanidad, de 1986, en su artículo 10.3, establece el derecho de los pacientes "a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público".

Merino Merchán afirma que ahora corresponde a la Agencia de Protección de Datos "abrir una investigación para aclarar las causas y los responsables de este suceso". La agencia tiene potestad para sancionar a los responsables que hayan vulnerado los derechos de los pacientes de los hospitales. "Al tratarse de un hospital público, el responsable patrimonial sería la administración titular del centro, en este caso la Comunidad de Madrid", aseguró Merino Merchán.

Joaquín Estévez, gerente del Puerta de Hierro, aseguró ayer que el hospital "respeta escrupulosamente" la ley de protección de datos y el Reglamento de Historiales Clínicos. El hospital destruye los informes médicos, como los encontrados en la calle, cada cinco años según lo dispuesto en estas normativas.

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