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Una Constitución por reformar

¿Que cómo ve el Bloc Nacionalista Valencià este aniversario político? Celebrar con satisfacción este cuarto de siglo de vigencia constitucional, el más largo de la historia política de España, sin recordar lo que se hecha en falta, es hacerle un flaco favor al sentimiento de orgullo que es justo tener y manifestar. Pues la Constitución ha logrado resolver los grandes problemas históricos de España y, a los 25 años de su promulgación, ha consolidado sus líneas maestras en los ámbitos esenciales de las libertades individuales, la democracia, los derechos ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones políticas. Ciertamente, ha resuelto todos los grandes problemas, menos la organización territorial del Estado.

Es evidente que el principio de autonomía territorial, reconocido por la Constitución de 1978, ha impulsado una transformación tan notable del Estado que puede resumirse con toda rotundidad en el siguiente argumento: España era hace veinticinco años el Estado más centralista de Europa sin duda alguna, y actualmente es uno de los más descentralizados. El poder político de las 17 Comunidades Autónomas que conforman nuestro Estado puede compararse perfectamente con el que poseen los Estados miembros de una República Federal, como por ejemplo los Länder alemanes y, desde luego, muy superior al que tienen las regiones italianas o francesas.

Pero este mismo proceso de descentralización territorial ha generado la necesidad de resolver la articulación del conjunto del Estado Autonómico. Para que nos entendamos, el sistema equivale a una carroza tirada por 18 caballos -el Estado Central y 17 CC AA-. Si no existen instrumentos para que avancen en una dirección común, la carroza acabará volcando. En ese trance, nadie puede negar la necesidad de organizar las relaciones entre las autonomías y de éstas con el estado, en un sistema con 18 centros de poder; ambos -Estado Central y CCAA- con competencias exclusivas y con capacidad de legislar sobre ellas en algunas de las autonomías. Situación esta inexistente al redactarse la Constitución en el año 1978.

Los mecanismos más eficaces para las relaciones intergubernamentales en los federalismos europeos, al que se asimila el sistema autonómico español, o no existen, o no funcionan en España. Especialmente, en el Senado, que se ha revelado muy poco útil para encauzar el diálogo entre las autonomías y el Estado. Hoy, los contenciosos entre ambos, o entre ellas, o acaban sentenciados en el Tribunal Constitucional, o se aburren en las comisiones ministeriales, o en "bronca" entre vecinos aireadas en titulares de prensa.

Las polémicas entre presidentes autonómicos sobre financiación, trasvases, grandes infraestructuras, o sobre la reforma del propio Estado Autonómico, carecen de una instancia de debate, diálogo y negociación como es, por ejemplo, el Bundesrat alemán. Especialmente, cuando las 17 autonomías funcionan razonablemente bien, consideradas por separado, pero carecen de los instrumentos constitucionales que permitan funcionar al Estado como conjunto.

Con la satisfacción que produce contar con un buen texto legal, es comprensible la necesidad de avanzar en los instrumentos que faciliten la mejora legal del Estado Autonómico, una de nuestras grandes conquistas constitucionales. La reforma del Senado, transformando un vetusto club inglés en una verdadera Cámara territorial al estilo del Busdesrat, impulsaría las relaciones horizontales entre las CC AA, determinaría su grado de participación en la delegación española ante la Unión Europea, participaría en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y trasladaría, en general, la posición de las autonomías sobre las instituciones centrales del Estado. Y un Estado como el que la Constitución alumbró, esto es, el Autonómico, basado en la multiplicidad de poderes y en el reconocimiento de los hechos diferenciales, o tiene una instancia constitucional donde dirimir sus contenciosos de convivencia política, o el sistema es insostenible a largo plazo... ¿a contar desde cuándo?

Ésta es la cuestión. Si queremos salvar el Estado Autonómico nacido en 1978 como punto de partida para la plena recuperación de nuestras libertades nacionales, debemos reflexionar en el camino a tomar, rechazando las trampas políticas que en él aparecen. En efecto, el Gobierno de España presidido por José María Aznar ha situado cualquier transformación del Estado que suponga un avance en la coordinación funcional de las CC AA y en la recuperación de las libertades pendientes, en un desafió a abatir. Su defensa de la España Imperial, de matriz castellana, nos puede conducir al abismo político si persiste en su actitud insolidaria. Pero más aún: para Aznar es más importante el rédito electoral que la estabilidad constitucional, criterio compartido a menudo con los dirigentes del PSOE. La tensión desatada en el País Vasco, por ejemplo, tiene mucho que ver con esa pretensión oportunista. Y su precio es la paralización de cualquier justo proceso de reforma constitucional que suponga una ampliación de las libertades, especialmente las que benefician a los pueblos de España.

En este día de fiesta y de conmemoración de los 25 años de una buena Constitución, levantemos, por tanto, bien alto la bandera de su reforma a la par que la de la lealtad constitucional. Y eso sin renunciar nunca a la defensa de nuestras libertades nacionales. El pueblo valenciano es una nación. Somos una nación. Y la Constitución nos lo debe reconocer. Para ello, los valencianos debemos afrontar las tareas políticas pendientes que el Gobierno Valenciano tiene la obligación de cumplir. Y eso debemos exigírselo con fuerza y justicia al PPCV, partido que hoy lo dirige. Necesitamos reformar el Estatuto de Autonomía para que reconozca nuestra personalidad política con el reconocimiento de nacionalidad histórica, que incorpore los derechos lingüísticos; que prevea la disolución anticipada de las Cortes Valencianas por parte del Presidente de la Generalitat Valenciana -requisito formal de la plena competencia política en las circunstancias actuales-; que corrija la injusticia histórica de la barrera de exclusión del 5%; y que corrija el desequilibrio fiscal con el Estado.

Somos una nación y la Constitución nos lo debe garantizar a los valencianos. La subalternidad debe acabar. Convocamos a todas las fuerzas políticas valencianas a un acuerdo de mínimos para afrontar la mejora constitucional y estatutaria con el motivo que más lo justifica: el acomodo del pueblo valenciano en España. En paz, el sueño constitucional de 1978 seria así logrado. A ello os convoco desde el Bloc Nacionalista Valencià.

Enric Morera es secretario general del Bloc.

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