El fiscal acusa al alcalde de Pinto de enriquecerse al favorecer a un amigo

El regidor dice que su conciencia está tranquila

La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el alcalde de Pinto, Antonio Fernández González, del PSOE, y tres concejales -entre ellos, los dos primeros tenientes de alcalde- por un presunto delito contra la Administración. El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, asegura en la denuncia que Fernández, que lleva de alcalde desde 1995, ha tomado decisiones urbanísticas en el municipio que han favorecido económicamente, entre los años 1999 y 2002, a "su amigo", el arquitecto técnico y también denunciado Francisco Blanco Villazón.

Más información
"Estoy indignado, pero demostraré mi inocencia", asegura el regidor

Según el fiscal, que ha presentado la denuncia en un juzgado de Parla, el arquitecto, en compensación por los favores del alcalde, ha donado un importante patrimonio a una sociedad constituida por dos hermanos del regidor de Pinto (municipio de 34.000 habitantes). Con estas donaciones, el alcalde y sus dos hermanos se habrían enriquecido ilícitamente.

- El arquitecto. El fiscal afirma que el alcalde ha usado durante su mandato dos métodos para favorecer los intereses del arquitecto. "Entre 1997 y hasta finales de 1999", el arquitecto ha sido beneficiado, mediante adjudicaciones directas, "de la práctica totalidad de las direcciones facultativas de obras públicas" acometidas por este Ayuntamiento. Tales adjudicaciones se efectuaron, siempre según el fiscal, saltándose la normativa sobre contrataciones. A partir de 1998, el alcalde recurrió al segundo método: puso en marcha procedimientos de urgencia sobre obras y privatizó el sistema de contratación pública municipal. Es decir, el Ayuntamiento creó una sociedad anónima mercantil denominada Aserpinto y de propiedad municipal. El objetivo era que Aserpinto canalizase todas las contrataciones y eludir o esquivar así los requisitos legales sobre contrataciones.

- ¿Compras o donaciones? Según el fiscal, también está "acreditado" el enriquecimiento de dos hermanos del alcalde. El fiscal denuncia la existencia "de un conjunto de compraventas fechadas en 2002 entre diversas empresas" del arquitecto y sociedades vinculadas a los hermanos del alcalde. Más que compraventas, según el fiscal, se trató de "donaciones encubiertas", a juzgar por el precio de los artículos.

Los denunciados son, aparte del alcalde y dos de sus hermanos y el arquitecto, el primer teniente de alcalde, Fernando González; la segunda teniente de alcalde, Alita Camacho; el concejal Jerónimo Corrales; el gerente Rafael Arellano; el cargo de confianza Francisco Bañuelo, y los ex concejales Miguel del Río, José Manzano, Eduardo Lozano, Carmen Fernández, Dolores Lozano y Sixto Ortiz.

- Presuntas irregularidades del regidor. Indica el fiscal que el alcalde ha presidido durante varios años la comisión de gobierno de Pinto, y que, gracias al control que ostentaba en esa comisión, "consiguió", al menos desde 1997, que "la práctica totalidad de los proyectos públicos del Ayuntamiento los realizase el citado arquitecto". En concreto, alude a 34 obras municipales, por importes que oscilan entre los 1.700 euros (como la coordinación de las obras del parque Egido) hasta otras que alcanzan los 12.000 euros (por ejemplo, la remodelación del parque de La Indiana). Destaca el fiscal que en las adjudicaciones se observa que el gasto nunca excede de los 12.000 euros (dos millones de pesetas), con vistas a que la obra fuese catalogada como menor y evitar así los procedimientos legales establecidos para las obras con un gasto superior a esa cuantía. Es decir, el alcalde desglosa una misma obra y la trocea para poder adjudicarla directamente, sin concurso. En muchas adjudicaciones figuran precios "de 1.950.000 pesetas" (menos de 12.000 euros).

- "Violación flagrante". A partir de 2000, cambia este método -que el fiscal califica de "violación flagrante de las normas"- y decide que las obras sean adjudicadas por una empresa mercantil, Aserpinto, filial del Ayuntamiento. Aserpinto es "una sociedad anónima de propiedad municipal" que preside el regidor. Al ser una sociedad mercantil, explica el alcalde, su actividad está sustraída "al conocimiento público y de la oposición municipal". A través de esta empresa, el Ayuntamiento ha pagado facturas al arquitecto para la elaboración de 16 proyectos de obras por importantes sumas económicas. Una de ellas (la del polideportivo cubierto en el parque Juan Carlos I) costó 500.000 euros.

- Vecinos de Pinto. La fiscalía se queja de que en las facturas de Aserpinto no se indiquen los beneficiarios de sus obras y proyectos y que esta sociedad anónima se haya negado a facilitar esta información. No obstante, la fiscalía señala que los vecinos de las zonas donde se han hecho obras "han declarado haber visto realizarlas al arquitecto Francisco Blanco". Destaca el fiscal que a muchas obras se las catalogó como urgentes y que, sin embargo, en ningún sitio se razona el porqué de la urgencia. Por ejemplo, las relativas al arreglo de las calles Real y Hospital de Pinto por 703.000 euros.

- Los hermanos. El fiscal entiende que la "relación de amistad entre el alcalde y el arquitecto" es la que explica las adjudicaciones irregulares de proyectos del primero al segundo, así como los supuestos beneficios obtenidos por sociedades vinculadas a dos hermanos del alcalde. Es aquí cuando entra en escena la firma Fergo Reunidos, SA. Esta firma no tiene, dice el fiscal, "ningún funcionamiento comercial; es una mera tenedora de bienes". Según el fiscal, los bienes aportados a esta sociedad lo son siempre por parte del arquitecto, quien "simula con contratos onerosos lo que son simples donaciones" particulares suyas a la sociedad. Esta firma se constituye en mayo de 2002. Su objeto social es construir, decorar y montar hoteles, casas rurales y balnearios, y adquirir todo tipo de fincas. Esta sociedad se constituyó por 200.000 euros, "una cifra elevada para, al parecer [los dos hermanos], empleados de base y sin ninguna cualificación profesional". Se fijó como domicilio social de la firma la calle Camino del Mojón, en Sotosalbos (Segovia). Según el fiscal, precisamente en ese domicilio el arquitecto tenía "una finca". Nada más constituirse, esta sociedad compró la citada finca al arquitecto por 32.000 euros. En la escritura de compraventa no se indica que en esa finca había un chalé de 600 metros cuadrados tasado en 781.000 euros.

- Operación sospechosa. El 27 de julio de 2003, Fergo Reunidos compró a la mercantil del arquitecto 23 parcelas urbanizables en el término de Herencia (Ciudad Real), cuyo valor es de 757.000 euros. "Los administradores de Fergo", dice el fiscal, "no tenían capacidad económica alguna para comprar esas 23 parcelas, y menos aún para afrontar los gastos de urbanización y construcción". El fiscal sostiene: "Carece de sentido que el denunciado Francisco Blanco (...) venda por 30.000 euros una parcela, habiendo construido en la misma un chalé de 600 metros cuadrados". Entiende el fiscal que ambas operaciones son en realidad "una donación en consideración a las personas con las que aquéllos están vinculados familiarmente".

"Operación especulativa"

El fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, pide al juez en su denuncia que reclame todos los expedientes urbanísticos de Pinto. Y es que, a partir de 1999, se produjo en Pinto el desarrollo urbanístico de una parcela denominada Fundición. Consistió en la construcción de un conjunto de viviendas y de un centro hotelero -construcciones ambas realizadas y gestionadas por el arquitecto Francisco Blanco-, así como la construcción de un centro comercial de la mercantil Eroski-Erosmer. En el desarrollo de las viviendas y del centro comercial se ha producido "una operación absolutamente especulativa que debe ser objeto de investigación", señala el fiscal. "Al albur de este proyecto se han creado, de la nada, sociedades mercantiles vinculadas al arquitecto Francisco Blanco". Estas sociedades "consiguen" en los momentos decisivos de la negociación entre el Ayuntamiento y el grupo promotor "determinados contratos y desarrollos urbanístico que son inexplicables sin considerar que están vinculados patrimonialmente al alcalde denunciado". Además, Aserpinto nombró redactor del PGOU al arquitecto Leopoldo Arnáiz, implicado en varias operaciones especualtivas en la región.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS