Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

¿Quién lo paga?

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, habla con lengua de madera cuando trata de justificar la campaña de propaganda de su departamento sobre pensiones y otras prestaciones sociales diciendo que había sido diseñada antes de que se conociera la fecha de las elecciones; como si fuera un secreto. Y sigue hablando por hablar cuando añade que los mensajes publicitarios "tienen un carácter meramente informativo". Nadie puede tomarse en serio que consignas como "Un año más, cumplimos" o "Lo nuestro son las personas", a menos de dos meses de las elecciones, tengan una intención diferente a la propagandística. Disfrazada de publicidad institucional, y por tanto pagada con fondos públicos, pero en favor del partido del Gobierno.

La Junta Electoral Central ha ordenado la suspensión de esa campaña en aplicación de una instrucción de 1999 que prohíbe propaganda institucional, excepto en casos muy especiales, "durante el periodo electoral", entendiendo por tal el que va desde la convocatoria de elecciones hasta el día de la votación. Zaplana ha dicho que ya estaba previsto dar por finalizada la campaña el día en que se produjo la suspensión, lo que refuerza, más que atenúa, la impresión de mala fe. Si no hubiera habido recurso de PSOE e IU, el fraude habría pasado como la cosa más normal.

En España existe una minuciosa legislación que garantiza la financiación pública de las campañas de los partidos que obtengan representación, y también están reguladas las cantidades máximas que puede gastar cada partido en función de las circunscripciones en que presente candidatura. Todo ello se convierte en papel mojado si los propios gobernantes hacen la trampa de pagarse la campaña con cargo a los presupuestos de los ministerios. Ayer mismo se conocía que el de Zaplana, que destina 41 millones de euros a los menesteres descritos, ha decidido recortar las prestaciones de las personas discapacitadas sin padres, por considerar incompatible la pensión a que tienen derecho por su condición con la de orfandad. Puestos a reducir gastos, ¿no sería más lógico hacerlo de la propaganda sobre las pensiones que de las pensiones?

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