LA INVESTIGACIÓN DEL 11-M

El Gobierno acepta que la comisión del 11-M pueda examinar 19 informes secretos del CNI

El Ejecutivo sólo permitió el acceso a estos documentos a la Comisión de Gastos Reservados

El Gobierno está dispuesto a que la comisión de investigación sobre el 11-M pueda examinar los 19 documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes remitir a la Comisión de Secretos Oficiales si así lo decide el Congreso, según dijeron ayer fuentes oficiales. Esta declaración se produce después de que varios grupos parlamentario expresaran su perplejidad y malestar por la decisión del Consejo de Ministros, que dejaba a la comisión de investigación sin posibilidad de acceder a ningún documento del principal centro de inteligencia del Estado.

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El Consejo de Ministros del pasado viernes acordó desclasificar cinco documentos del Ministerio del Interior, que ayer mismo fueron remitidos al Congreso, y permitir que la comisión del 11-M acceda, en condiciones que garanticen su confidencialidad, a otros ocho informes del mismo departamento. En cambio, el Gobierno se acogió a la Ley Reguladora del CNI, de mayo de 2002, para excluir del control parlamentario seis notas informativas del centro de inteligencia, procedentes de servicios secretos extranjeros, y limitó a la Comisión de Gastos Reservados, también llamada Comisión de Secretos Oficiales, el conocimiento de otros 19 documentos del CNI.

En la práctica, esta decisión suponía impedir el acceso de la comisión de investigación a cualquier informe del CNI. Los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales son diferentes de los integrantes de la comisión del 11-M -salvo el presidente de esta última, el portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero- y están obligados por ley a guardar reserva de todo lo que conozcan, por lo que no podrían informar de su contenido a los diputados encargados de investigar los atentados de Madrid. Se daba así la paradoja de que el Gobierno atendía formalmente la petición del Congreso de mostrar los documentos, pero impedía el objetivo de dicha petición: tenerlos en cuenta para aclarar lo sucedido el 11-M.

El propio Rivero manifestó el viernes que la decisión del Consejo de Ministros no era suficiente y anunció su propósito de buscar alguna fórmula para que la comisión del 11-M pudiera acceder a los informes del CNI.

Fuentes oficiales dijeron ayer que el Gobierno está dispuesto a permitir que los miembros de la comisión de investigación conozcan los documentos del servicio secreto, siempre que así lo pida el Congreso y se asegure que no se hacen públicos, ya que conservan la condición de clasificados.

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Entre estos informes se encuentran la nota informativa de 27 de octubre de 2003, que advertía de la necesidad de tomar en serio las amenazas de Bin Laden contra España; los documentos de 3, 5 y 6 de febrero de 2003 que cuestionaban la existencia del supuesto arsenal de armas de destrucción masiva de Sadam Husein, utilizado como argumento para justificar la guerra; y las directivas de inteligencia de los años 2003 y 2004, que evidencian que hasta enero pasado no se incluyó el terrorismo islamista entre las prioridades del CNI.

De acuerdo con una resolución de la Presidencia del Congreso del 11 de mayo pasado, los documentos secretos podrían ser conocidos por la comisión de investigación en una sesión a puerta cerrada o, más probablemente, examinados por un diputado de cada grupo en la Secretaría General Técnica de la Cámara, como se hizo en el caso Gescartera.

El cambio de actitud del Gobierno no afecta a los seis informes en poder del CNI y procedentes de servicios extranjeros (como el Mosad israelí, la CIA estadounidense o el Mi6 británico) que, a su juicio, están exentos de control parlamentario. La ley del CNI excluye del conocimiento de la Comisión de Secretos Oficiales los datos "que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos de intercambio de información clasificada".

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