NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS

Solbes desvela un déficit oculto del 0,78% del PIB en 2004 y eleva los riesgos futuros

Economía descarta concretar la cifra de cierre del año hasta que no se conozcan los ingresos

El Gobierno ha arrancado su Operación Transparencia de las cuentas públicas con un informe que desvela compromisos de gasto hasta ahora desconocidos y partidas con riesgo de déficit en el futuro. De esas cifras, presentadas ayer en el Consejo de Ministros, el Gobierno asumirá una parte este año, lo que arrojará un déficit adicional equivalente al 0,78% del producto interior bruto (PIB). Si se añade este porcentaje a la previsión del 0,4% de déficit del Estado, la cifra final se acercaría al 1,2% del PIB. No obstante, Economía rehúsa concretarla porque dependerá de cómo evolucionen los ingresos.

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"El Gobierno desea poner fin a la opacidad y dar la máxima transparencia". Con esta frase, el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, comenzó ayer a desgranar compromisos de gasto que hasta ahora no figuraban en los Presupuestos de 2004 y otros apartados que pueden constituir déficit futuro. Solbes, que aprobó las cuentas del Gobierno del PP en su etapa como comisario, ha encontrado ahora unas partidas con gastos desconocidos. Los compromisos que se asumirán este año ascienden a 6.140 millones de euros, aunque entre los que se incluyen ahora y los que estiman potencialmente en el futuro podrían aportar más de 30.000 millones al déficit. Economía reparte esas partidas en cuatro capítulos:

- Operaciones que afectan al déficit público de 2004. Existe un conjunto de operaciones cuya cuantía debería haber computado para fijar el déficit de este año, en opinión del actual Gobierno, que ha decidido incluirlas pese a no estar previsto. Por este motivo, al déficit del Estado (sin comunidades autónomas ni ayuntamientos ni Seguridad Social) esperado para este año (el 0,4% del PIB) se le añadirá una cantidad equivalente al 0,78%. Economía puntualiza que de momento no se puede sumar esas dos cantidades y concluir que el Estado cerrará el año con un déficit del 1,18%. El motivo es que el déficit dependerá también de la evolución de los ingresos, que en los últimos años siempre han superado lo previsto. De ocurrir lo mismo, el déficit sería inferior. Los nuevos compromisos consisten en ajustes no incluidos en la estimación de déficit (2.750 millones); el pago pendiente a Andalucía desde el anterior sistema de financiación autonómica, que atribuyó a esta comunidad menos población de la real (2.500 millones); la inclusión del déficit de Radiotelevisión Española a la que obligó Bruselas (630 millones) y un aval del Estado a un crédito concedido a Argentina (260 millones).

- Operaciones realizadas que entrañan riesgo de mayor déficit. Hay una serie de gastos que ya se han realizado, pero que por criterios contables no tenían por qué reconocerse como déficit público. Sin embargo, el Gobierno teme que un cambio en esas condiciones obligue a considerarlos así, como ocurrió con RTVE. En este apartado figura la deuda de Renfe, especialmente la asociada a la adquisición de infraestructura ferroviaria (1.800 millones). Economía cuenta con tener que asumir esta partida como déficit en algún momento. Existen otros 3.800 millones de deuda histórica en los que el Ejecutivo observa menos riesgo.

En este capítulo figuran también las aportaciones que el Estado ha realizado al GIF (órgano gestor de la red de ferrocarriles): 6.360 millones hasta 2003. Y las dotaciones a las sociedades estatales de aguas, cuyo importe asciende a 1.540 millones.

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La razón por la que durante años estas inversiones han podido esquivar el déficit público reside en las normas de contabilidad europea. Bruselas permite financiar con deuda (sin recurrir al déficit) proyectos que en un determinado periodo pueden garantizar su rentabilidad. Así ocurre con el GIF. El problema es que si esos criterios de mercado no se cumplen, la UE puede obligar en cualquier momento a asumir el déficit. Solbes admitió que la cuestión del GIF está "pendiente de debate con Eurostat" (oficina estadística comunitaria). Los próximos contactos se producirán en septiembre.

- Operaciones con mayor riesgo de déficit en el futuro. Aquí figura otro de los casos controvertidos de financiación de obras. AENA, el gestor de aeropuertos del Estado, arrastra una deuda de en torno a los 6.000 millones, que en determinado momento puede traducirse en déficit. Este organismo tiene comprometido un plan de infrestructuras hasta 2007 por un importe superior a los 13.000 millones. De ellos, se han invertido 5.120 hasta 2005.

También entrañan riesgo de déficit las empresas con pérdidas estructurales, como los astilleros Izar o la empresa pública minera Hunosa. Solbes considera "difícil de calcular" los riesgos potenciales que presentan. Las empresas, como Red.es, que serán clasificadas como administraciones públicas, completan el capítulo.

- Operaciones cuyos riesgos sobre el déficit son difíciles de evaluar. Este apartado recoge elementos de más difícil cuantificación y de evolución imprevisible. Por ejemplo, el peligro de que las comunidades y los ayuntamientos registren déficit derivado de las sociedades instrumentales que crean. También figuran avales públicos como los que proporciona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este ente tiene comprometidos avales por valor de 2.075 millones de euros anuales, aunque sólo 800 comportan riesgo de déficit, según Economía. Los préstamos concedidos por el Estado y las partidas derivadas del Prestige completan el capítulo. Solbes citó las ayudas por el hundimiento del buque como una de las partidas de mayor riesgo. Y es que sólo hay presupuestados 70 millones de euros, aunque la demanda de gasto asciende ya a 250 millones.

Solbes también anunció cambios en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que incorporará el término de transparencia y obligará a incluir en los Presupuestos un anexo con los compromisos de gasto adquirido con cargo a ejercicios futuros, así como los avales concedidos. La Operación Transparencia implica también recabar toda la información de la que disponen los diferentes departamentos y fijar un calendario para darla a conocer.

Pedro Solbes, junto a María Teresa Fernández de la Vega (centro) y María Antonia Trujillo, ayer, tras el Consejo de Ministros.
Pedro Solbes, junto a María Teresa Fernández de la Vega (centro) y María Antonia Trujillo, ayer, tras el Consejo de Ministros.MANUEL ESCALERA

Sobre la firma

Lucía Abellán

La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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