Editorial:
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Ajuste de cuentas

La virtud de la estabilidad presupuestaria se fundamenta en la veracidad y conocimiento exacto de las cuentas públicas. Si éstas son incorrectas o esconden partidas mal contabilizadas o simplemente ocultas, las ventajas atribuidas al equilibrio presupuestario simplemente se esfuman. Ésta es la razón por la que la iniciativa del Gobierno de hacer público un déficit adicional de 6.140 millones de euros para este año, equivalente al 0,78% del PIB, merece el apoyo público, aunque rompa la tersa imagen del déficit cero construida por el Gobierno anterior, al parecer, sobre bases contables no muy firmes. Con este déficit adicional del 0,78% del PIB es probable que el déficit total a finales de este año supere el 1%. Como sería ingenuidad o disparate suponer que dos meses después del cambio de Gobierno el nuevo Ejecutivo ya ha despilfarrado dinero suficiente como para generar tal déficit, habrá que concluir que los 6.140 millones de euros apuntados ayer en la cuenta de los números rojos por Pedro Solbes forman parte de ese déficit oculto que desde el Ministerio de Economía se intenta aflorar en dosis razonables.

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Solbes desvela que los gastos ocultos elevarán el déficit en 6.140 millones

Entre las cuentas desveladas por el ministro hay partidas sumamente claras, como los 2.500 millones de euros de la deuda con Andalucía, las nuevas exigencias contables para RTVE -que lastran los Presupuestos con un déficit del 0,08% anual- o el aval del Estado al crédito a Argentina. Otras rúbricas son menos claras, como los llamados "ajustes no incluidos" en la estimación de déficit para 2004, equivalentes a 2.750 millones de euros y al 0,32% del PIB. Pero lo más inquietante de lo expuesto ayer por Solbes es la amenaza de que algunas prácticas financieras de los Gobiernos anteriores, consistentes en transmutar el gasto inmediato en deuda, se conviertan en déficit a corto plazo.

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Esta práctica, equivalente a trasladar los costes presentes a las generaciones futuras, pesa sobre las cuentas de Renfe, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Aeropuertos Nacionales (AENA) y otras empresas públicas. Los balances de muchas sociedades pueden contabilizar el gasto de inversión como activo financiero, en lugar de déficit, simplemente porque se proyecta que el 50% de sus ingresos o facturación es privado. Porcentaje que en varios casos corre el riesgo de incumplirse.

Sería un error considerar el anuncio de un déficit adicional para este año como un ajuste político de cuentas destinado a denigrar la gestión económica del PP. Por el momento, las cantidades reveladas no dan a entender que Aznar y sus equipos económicos dejaron un cuantioso déficit oculto, aunque es evidente que las cuentas claras de Rato y Montoro son menos firmes de lo que anunciaban sus autores. Es más útil interpretarlo como una advertencia para la gestión inmediata del Gobierno: transparencia en las cuentas y contabilidad muy estricta. Y, si esta advertencia se plasma en una Ley de Transparencia, mejor.

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