Columna
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Ángeles y demonios

La modernidad ha hecho de lo políticamente correcto un fango donde se pierde la razón. Hoy la ética no resulta menos confusa que cualquier otra subsección del supermercado de las ideas, así que la posibilidad de que un criterio ético prospere socialmente no radica en su mejor o peor calidad, sino en su habilidad para ocupar, dentro del tablero mediático, una posición más favorable.

Muchos ejemplos podrían ilustrar esas paradójicas fluctuaciones que se producen en el mercado de las ideas, pero pocos tan evidentes como la diversa explicación causal que inspiran unos y otros delitos. Hoy existen delitos que se legitiman y se justifican echando mano de argumentos socioeconómicos. En el dantesco escenario de una Francia en llamas, con incontables bandas juveniles quemando miles de coches e incendiando decenas de colegios, empresas y guarderías, los comentaristas se han sentido enternecidos ante la adánica condición de esos muchachos, víctimas de una sociedad que les somete a torturas sin cuento y frente a la cual por fin han decidido alzarse con vigorosa dignidad. De hecho, recordar esa ola de violencia sin aludir a la eximente socioeconómica es poco menos que caer en el fascismo. Claro que si hay delitos donde la ignorancia del contexto te convierte en fascista, hay otros delitos donde, muy al contrario, se exige esa ignorancia, y donde el fascismo reside precisamente en aludir a los contextos. Un ejemplo de estos delitos serían los de violencia de género, donde está proscrita toda consideración social, cultural, psicológica o psiquiátrica, como si sólo mencionar cualquiera de éstas pudiera atenuar la atrocidad del delito en cuestión.

En términos generales, el autor de ciertos delitos puede esgrimir en su descargo una variada gama de eximentes, sostenidas en la historia, la filosofía, la antropología y el relativismo cultural, mientras que el autor de algunos otros es lisa y llanamente un monstruo, de cuya consideración desaparece cualquier elemento que no sea el reproche más radical. Sin duda los delitos contra la libertad sexual son infinitamente más graves y condenables que los delitos contra la propiedad, pero una cosa es la gravedad de los delitos y el reproche que merezcan, y otra muy distinta considerar que en unos obra invariablemente la necesidad, en su versión mecanicista, y en otros, no menos invariablemente, el libre albedrío en su versión más depravada.

En toda conducta delictiva anidan condicionantes que van más allá de la mera maldad del individuo, pero también, al menos en democracia, las personas son responsables de sus actos y deben pagar por ellos, al margen de que, en efecto, circunstancias concretas agraven o atenúen las conductas. Lo demagógico es suponer que determinados delitos no son imputables a sus infelicísimos autores sino a una vaga entidad abstracta (el sistema, la sociedad o el capitalismo), mientras que en otros nada se sabe de esas arduas teologías, porque el delincuente es un mero hijo de puta.

Hace más de dos siglos Beccaria resolvió que la verdadera eficacia de un sistema penal no reside en la teórica atribución al delincuente de una pena mayor, sino en la garantía de que esa pena llegue a ser efectivamente impuesta. Desde luego, esta máxima ilustrada poco tiene que ver con nuestro universo moral, donde el único modo de reprobar ciertos delitos es aumentar, reforma tras reforma, el número de años de condena (aunque luego, en la vergonzosa realidad, ni siquiera haya medios para hacer cumplir la más elemental orden de alejamiento). Por el contrario, ante la clamorosa perpetración de otros delitos, no se sugiere otra cosa que proporcionar a sus autores más servicios sanitarios, más escuelas gratuitas y más ayudas sociales, a pesar de la misteriosa evidencia de que todos los servicios sanitarios, todas las escuelas gratuitas y todas las ayudas sociales proporcionadas con anterioridad no han bastado, al parecer, para aplacar su ánimo incendiario.

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