El informe jurídico de Alhaurín no ampara la legalización de las canteras

Las empresas extractivas avisan que pueden reclamar 200 millones de indemnización

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) sigue su pulso con la Junta por el conflicto de las canteras, con un informe jurídico que contradice el presentado por el Gobierno autonómico el pasado sábado. El estudio es contrario a la concesión de licencias a las cuatro explotaciones clausuradas por orden judicial al carecer de las mismas, cuyo cierre ha provocado una huelga en el sector y unos daños que los empresarios valoran en 200 millones de euros.

El informe jurídico del Consistorio analiza la sentencia que ordena el cierre de las canteras, que llevaban años funcionando sin autorización municipal. La resolución concede dos meses a las empresas solicitar la licencia correspondiente. Según las normas subsidiarias del municipio, se prohíbe el uso extractivo en los terrenos en los que se sitúan salvo para las explotaciones "existentes".

La discrepancia entre Junta y Ayuntamiento radica en la interpretación de este concepto. Para el Gobierno regional, las canteras son existentes y por tanto, depende del Consistorio legalizarlas. El Ayuntamiento considera que "la concesión de licencias para actividades extractivas son incompatibles con la normativa urbanística actual", según un comunicado. Los letrados añaden jurisprudencia según la cual no se pueden reconocer derechos adquiridos a una cantera a la que se denegó licencia, pues "vulneraría el principio de igualdad".

El alcalde, el popular Joaquín Villanova, "somete dicho informe a los servicios jurídicos de la Junta", y está dispuesto a remitirlo al Consejo Consultivo de la Junta. Añade que "con independencia de lo anterior", a las solicitudes de legalización presentadas les faltan una serie de requisitos, como la declaración de impacto ambiental de la Junta. Además, reitera como salida a una huelga que dura tres semanas y que ha provocado desabastecimiento en obras de la provincia, un plan de restauración y traslado de las canteras cerradas.

Por su parte, las empresas extractivas de Alhaurín emitieron una nota en la que cifraron la responsabilidad patrimonial que reclamarían a las administraciones por daños sufridos y por beneficios futuros dejados de obtener en 200 millones de euros, e instaron a la legalización de las canteras.

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