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Frenesí inmobiliario: sumar y restar

El pasado domingo 11 de diciembre, Josep Torrent hacía diana en una sugerente columna (Ausencia de Iniciativas, EL PAÍS 11-XII-2005): "La política valenciana se empobrece a una velocidad de vértigo". Hemos entrado en la fase del "todo vale" y el partido en el poder -con gran ventaja en las encuestas pero al que las corruptelas le crecen como hongos- ha decidido hacer frente a la estrategia de denuncia de la corrupción que practica desesperadamente la oposición. Ha echado mano del ventilador y del "y tú más" o el "tú también". El resultado puede parecer entretenido, pero esconde una notable carencia de ideas y propuestas que tengan algún interés.

Por eso, porque en este caso puede ser cierto que los árboles no dejan ver el bosque, creo que conviene orillar Ciegsas, becarios, caciques de Castellón y facturas falsas de Tierra Mítica. Olvidémonos, de momento, de recalificaciones, condonaciones a golpe de fe de errores, galimatías legales de enmienda sobre enmienda (la LUV) y de empresas mixtas del IVVSA de dudosa legalidad y oportunidad. No nos demos por enterados de congresos de economía valenciana hechos con nocturnidad y alevosía sin llamar a la puerta de la Universidad. Quitemos el exceso de espuma a la cerveza y quizá así podamos descubrir que nos han servido otro brebaje.

Puestos a intentar evitar el vertiginoso empobrecimiento de la política valenciana, quizá no esté de más hacer el ejercicio de aceptar "de entrada" alguna tesis oficial -aunque esté "semiformulada"- y separar el grano de la paja. Les propongo que admitamos la posibilidad de que ser de mayores una "sociedad de calidad residencial", como ha expresado alguna vez el conseller Blasco, quizá sea algo más que una pseudojustificación teórica del frenesí inmobiliario que asola toda España y que está cebándose con especial fruición en la geografía valenciana.

Si se desarrollan los PAI previstos o propuestos, nuestro techo edificado puede albergar en el plazo de un quinquenio a una población muy superior a la que actualmente ocupa nuestro ya extenso patrimonio inmobiliario. Supongo que ser una sociedad de calidad residencial significa recorrer este camino, por entender que ésta es la mejor especialización posible. Caso de recorrerlo, no es muy difícil concebir el punto de llegada extrapolando las tendencias actuales. La construcción se consolidará como el motor de la economía. Si en el periodo 2000-2004 su contribución al crecimiento del PIB fue del 26% (10 puntos más que en España), en el 2010-2015 su contribución puede haber subido a más del 30% y su peso relativo en la economía valenciana (7,8% en 1995 y 11,5% en 2003) puede perfectamente aspirar a alcanzar el 15%. Junto a la construcción, el turismo residencial y los servicios escasamente cualificados serán las otras dos patas de la silla, mientras que en la industria sólo sobrevivirán los que sepan competir y el tránsito del 26% en 1995 al 20,8% en el 2003 seguirá hasta estabilizarse en el 10%- 15%. Dejaremos de ser una región exportadora de bienes manufacturados (nuestra participación en la exportación española ya ha descendido del 14,7% en 1994 al 11,8% el 2004, casi nuestro peso poblacional relativo) y nuestra productividad se mantendrá en cotas modestas.

Este modelo tiene sus ventajas. Genera bastante empleo que no necesita ser especialmente cualificado y asegura (de no mediar una crisis inmobiliaria por crecimiento excesivo de los precios) unas tasas de crecimiento razonables por los efectos de arrastre -directos e indirectos- que se generan. La finalización del AVE Madrid-Valencia puede aumentar el peso del turismo madrileño y seguirá siendo atractiva la compra de inmuebles por parte de inversores foráneos y grupos de rentas medio-altas. Todas estas ventajas hay que computarlas en el haber de la propuesta.

Esta elección tiene también, sin embargo, riesgos, renuncias y costes que no deberían minusvalorarse. Existen riesgos de ajuste brusco de la burbuja inmobiliaria y de insostenibilidad del déficit exterior creciente de la economía española, del cual somos parte especialmente implicada. Existen renuncias porque el modelo de calidad residencial es difícilmente compatible con una sociedad tecnológicamente avanzada: la propia construcción es un sector de muy baja tecnología y los servicios y el turismo tampoco la requieren. Por tanto, la productividad crecerá poco y no es de esperar que la I+D supere el 1% del PIB. Nos podemos ir olvidando de ser "vanguardia". No hay que olvidar que los beneficios -considerables- que se obtienen en el sector inmobiliario o se reinvierten en el mismo o van a parar al consumo suntuario. Del mismo modo, la revalorización del patrimonio inmobiliario de las familias (de su "riqueza", en definitiva) se traduce en aumentos en el consumo y no en el ahorro o la inversión no inmobiliaria.

Riesgos y renuncias aparte, ser una sociedad de calidad residencial que acoja, pongamos, a ocho o nueve millones de personas tiene unos costes que restan de los beneficios potenciales. Costes que no se incluyen en el precio de venta y que recaen en el gasto público o en la pérdida de bienestar. Costes que son mayores si se sigue optando por modelos de baja densidad. Sería de agradecer que se pusieran los medios para conocer con un cierto detalle y precisión la cuantía de esos costes: redes de servicios; abastecimiento y depuración de aguas; tratamiento y eliminación de residuos sólidos; pérdida de la calidad ambiental de espacios naturales; aumento de los costes de mantenimiento que suponen para los Ayuntamientos las "nuevas urbanizaciones" y que igual superan la "inyección financiera" de las licencias y el aumento subsiguiente del IBI; costes sociales (de difícil medición pero ciertos) del dualismo que se crea entre habitantes de las urbanizaciones y habitantes de los núcleos urbanos...

Si ponemos las cartas sobre la mesa -sin trucos ni demagogias- y practicamos la suma y la resta, saldremos ganando y, de paso, devolveremos su sentido a la política.

Josep Sorribes es profesor de Economía Regional y Urbana de la Universidad de Valencia.

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