Columna
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Jurado

Cuando nos reuníamos a ver la televisión, un amigo mío siempre solicitaba que, el día en que apuñalara a un presentador que no podía soportar, no permitiéramos que le procesara un jurado popular. Sus motivos: dos ancianas que vivían en el mismo bloque que él y se habían enterado de su homosexualidad evitaban saludarle, y en la panadería de la esquina le miraban con recelo por llevar el pelo aclarado con colorantes. Muy plausiblemente, argüía que si por un azar algunas de estas personas u otras afines llegaban a formar parte del jurado encargado de sentenciarle, incluso la guillotina le resultaba un destino demasiado leve. He recordado esta súplica de mi amigo al enterarme de que, según una reciente estadística, los jurados populares de Sevilla ostentan el primer puesto en el dudoso ranking de la severidad: hasta el 80% de los casos que se les someten acaban en condena. Ignoro si existirán o no motivos para tanta cárcel, pero la cifra resulta elevada y mueve a la sospecha. Durante muchos años, en nuestro país anhelamos el sistema de jurados populares porque lo encontrábamos una acabada traducción de la democracia a las salas de tribunales y porque los telefilmes americanos nos presentaban una sucesión de dilemas apasionantes que ese señor solitario y ceniciento, el juez, parecía demasiado inocuo para solventar. No obstante, el funcionamiento del jurado plantea una serie de reservas éticas que no es posible dejar de lado. Por hablar con sinceridad, yo espero que el azar o los sorteos no me coloquen nunca frente a un reo que dependa de una inclinación de cabeza mía para aspirar al aire libre: declaro desde ahora que no me siento capacitado para diagnosticar la inocencia de nadie.

Mi amigo, el apuñalador televisivo, solía repetir que el juez carga a sus espaldas con una larga experiencia como profesional de la justicia y con unos estudios que le capacitan para el ejercicio del criterio. Está acostumbrado a tratar con maleantes y también con desgraciados a los que una jugarreta de la suerte ha conducido hasta el estrado, y puede discernir con mayor claridad que un profano qué rasgos de un rostro delatan criminalidad y cuáles no. La cuestión de fondo que subyace a todo esto es la de hasta qué punto los miembros de un jurado popular, tenderos, maestros, amas de casa, electricistas o ingenieros, poseen la formación apropiada para evaluar si una persona se escora o no del lado del mal. Un juez sabe, o debe saber, que ejerce de árbitro de la ley y que por tanto sus decisiones no deben hallarse contaminadas por las aguas sucias del rencor, los prejuicios, las creencias privadas. Sin embargo, a pesar de que a los integrantes del jurado se les previene contra esas limitaciones, a veces ni siquiera advierten que las anteojeras existen. Un conjunto de ciudadanos de Atenas condenó a Sócrates porque algunos de ellos consideraban que la filosofía era cosa de ateos; un conjunto de ciudadanos vascos exoneró de la condena a varios miembros de ETA porque hallaron que el patriotismo y las pistolas no son incompatibles. Dicen que el error es patrimonio de todos los seres humanos y que cuatro ojos ven más que dos, y estoy de acuerdo. Pero que nadie me niegue que el juicio a una persona compromete una serie de responsabilidades y jaquecas que muchas cabezas ni siquiera se toman.

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