La justicia ordena que la niña canaria salga de su casa de acogida, aunque sea con ayuda policial

Piedad, nombre supuesto de la niña canaria de cinco años que vive en una familia de acogida en La Orotava, tendrá que abandonar ese hogar e ingresar en un centro de menores. La Justicia lo sentenció así en marzo y se ordena ahora cumplir el fallo de inmediato

aunque para ello haya de intervenir la policía. Para los jueces, la menor está "en situación de grave riesgo" porque "está desescolarizada y puede estar siendo sometida a maltrato psicológico por parte de sus acogedores, quienes sólo anteponen sus particulares intereses sobre el de la menor".

La niña ha vivido con esta familia desde hace dos años y ellos la llaman Piedad. Su madre perdió su custodia en favor de la Dirección General del Menor cuando la niña era un bebé de siete meses y fue ingresada en un centro. Pero desde junio pasado se determinó que la madre podía volver a hacerse cargo de la niña y ésta la reclamó.

Entonces la familia de acogida se negó a devolverla. El abogado presentó ayer mismo un recurso ante el Tribunal Supremo, que retrasará la acción policial, "al menos 15 días", informa Radio Nacional. La sentencia que se ha dictado para que se devuelva a Piedad advierte el "reiterado incumplimiento de las resoluciones judiciales de forma deliberadamente consciente y voluntaria" por parte de la pareja de acogida. Se refiere al auto del pasado 14 de marzo, que acordaba retirarles la criatura e ingresarla en un centro de menores. El tribunal reconoce que "han resultado inútiles cuantas actuaciones se han intentado" por los jueces, el Gobierno de Canarias y la Policía Local y considera que la niña "se encuentra sustraída, de hecho, de la tutela y guarda legal que ostenta la Dirección General del Menor".

Los magistrados concluyen que "la única medida viable" es la "ejecución forzosa" de la sentencia, "inclusive si fuere necesario, la entrada en el domicilio de la familia acogedora, en aras a salvaguardar el supremo interés de la menor". Los jueces añaden una multa de 3.000 euros.

En una movilización social y mediática sin precedentes en las islas, la pareja de La Orotava obtuvo el respaldo de asociaciones en defensa de los derechos de la infancia, ONG e instituciones.

La consejera de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de Gran Canaria, María Salud Gil, advirtió de que se comienzan a detectar casos de familias de acogida que devuelven los niños a los centros de menores para no verse envueltos en una polémica similar.

Un informe forense que la familia de acogida ha divulgado en las últimas semanas asegura que la niña sufre una epilepsia generalizada primaria y síntomas de trastorno de angustia de separación, informa Efe.

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