Delitos urbanísticos investiga los chalés ilegales de L'Atzúvia

El alcalde desoye la orden del Consell de vetar residencias en suelo agrícola

La Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Alicante investiga la construcción de lujosos chalés en suelo no urbanizable en el término del municipio de L'Atzúvia (La Marina Alta). Las pesquisas de este grupo especializado contra la delincuencia urbanística, creado en marzo de 2007, comenzaron a raíz de una denuncia de la asociación ecologista local Gelibre. Los ecologistas sostienen que el alcalde, Manuel Reig, del PP, ha autorizado ya, al menos, la construcción de una docena de espectaculares residencias amparadas en licencias para casas de labranza. El grueso de esas edificaciones las ha levantado el promotor alemán Klaus May, mediante la firma Fincastyle. Los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos arrestaron hace tres semanas al promotor alemán y a su esposa, Erna Sabina May. Los detenidos quedaron en libertad con cargos.

El regidor de L'Atzúvia, que defiende la legalidad de las construcciones con el argumento de que una "casa de labranza es una vivienda", ha desoído una orden del 29 de mayo de 2007 de la entonces Consejería de Territorio y Vivienda para que el Consistorio anule siete de las 13 licencias para levantar viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. El argumento de la consejería es que esas licencias no cuentan con la autorización previa del departamento autonómico, prevista en el artículo 10 de la Ley 4/92 de 5 de junio del suelo no urbanizable.

El alcalde contestó el 2 de julio de 2007 al escrito de la consejería con otro de alegaciones en el que rechaza la orden: "La ausencia de autorización previa no genera de inmediato la imposibilidad de otorgar licencia de obras, porque puede no ser contestada por la consejería, como ha pasado en otras ocasiones. De hecho, el silencio del organismo autónomo el Ayuntamiento puede interpretarlo como positivo".

La primera actuación de envergadura de la investigación de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil sobre los lujosos chalés construidos en suelo no urbanizable en L'Atzúvia fue el arresto del promotor, el empresario alemán Klaus May y su mujer, Erna Sabine May. El matrimonio pasó tres días en los calabozos del instituto armado. Tras el interrogatorio, ambos quedaron en libertad con cargos. Según fuentes del caso, la brigada imputa al empresario y a su mujer un total de diez supuestos delitos relacionados con la delincuencia urbanística, entre ellos, contra la ordenación del territorio, estafa, amenazas y coacciones. Los agentes de la unidad remitieron las diligencias policiales al Juzgado número 1 de Dénia. El juez ha decretado el secreto del sumario.

El área del término donde se han levantado los lujosos chalés se ubica al sur del núcleo urbano de L'Atzúvia, una umbría cuyo suelo está clasificado como agrícola y de protección. De acuerdo con el planeamiento urbanístico del municipio (Normas Subsidiarias de 1981), ese suelo está clasificado como "zona agrícola de protección" y taxativamente prohíbe el uso residencial "permanente o no, exceptuando la posible casa del encargado de labranza, con una superficie máxima construida de 32 metros". Los chalés del promotor alemán exceden de los 200 metros y algunos llegan hasta los 300 con piscina y pista de tenis incluidas.

Parcela mínima

El escrito de la antigua Consejería de Territorio y Vivienda al Ayuntamiento, en el que insta al alcalde a que anule siete de las 13 licencias otorgadas, aparte de vulnerar

la normativa valenciana del suelo no urbanizable, también resalta que la superficie mínima de las parcelas es ilegal y, por tanto, no se debió dar licencia. Según las Normas Subsidarias, esa superficie mínima debe de ser de 20.000 metros cuadrados.

Tras recurrir la orden de la consejería y ante la evidencia de las investigación policial, el primer edil de L'Atzúvia se ha limitado a incoar mediante decreto cinco expedientes por infracción urbanística, ninguno de los cuales se ha llegado a resolver. El regidor también es objeto de una investigación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar por autorizar, en su calidad de presidente de la Comunidad de Regantes, agua de riego para el abastecimiento de los chalés ilegales.

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