Reportaje:

La cárcel guarda el secreto de Irún

El 'cerebro' del fraude a la Hacienda guipuzcoana mantiene su silencio al cumplirse un año de entrar en prisión

El principal imputado del fraude cometido en la Hacienda de Irún y máximo responsable de esta oficina tributaria entre 1990 y 2004, José María Bravo, acumula ya casi once meses en la cárcel de Martutene. Ingresó por primera vez en prisión hace hoy un año, acusado de dirigir una trama que llegó a detraer del fisco al menos 8,1 millones de euros, de los que pudo apropiarse ilícitamente de 1,6 millones. La investigación judicial del mayor escándalo fiscal habido en Guipúzcoa está aproximándose a su final, según fuentes presentes en este caso.

Bravo se mantiene en silencio, a la espera de si la juez encargada ahora del caso, Arantza Brizuela, acepta su tercera petición para salir en libertad. "Está afectado, pero no hundido. Es un luchador", asegura una persona de su entorno. Su hermano Víctor, ex senador del PNV y director de la Hacienda cuando se produjeron los hechos, ha decidido no visitarle a la cárcel para poner "tierra por medio" y mantenerse "lo más alejado posible".

José María Bravo "está afectado, pero no hundido. Es un luchador"
La trama que operó en la oficina fiscal detrajo 8,1 millones de euros

Cuando hace exactamente un año la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, Almudena Ovejero, ordenó el ingreso en prisión de José María Bravo, lo hizo para evitar que huyera de la acción de la justicia o alterara pruebas. Hasta esa fecha, según relatan sus allegados, había hecho vida normal, incluso durante el periodo en que sabía que se encontraba entre los sospechosos.

En septiembre de 2006, el diputado de Hacienda, Juan José Mujika, citó personalmente a Bravo para aclarar las "irregularidades y anomalías" que su departamento descubrió un año antes. Comenzaron entonces las investigaciones de la Fiscalía, que tras nueve meses de averiguaciones llegó a la conclusión de que en la Hacienda de Irún había operado una red para estafar al fisco y cuyo responsable podía ser su antiguo director.

En la denuncia, que presentó ante el juzgado, el ministerio público también incluyó como presuntos integrantes de la trama a su esposa, Rosa Cobos; la funcionaria foral, Pilar Gracenea y Pedro Atristain, socio de Bravo. Los acusados, valiéndose del acceso directo a la información tributaria, recabaron nombres de contribuyentes morosos, con quienes contactaban para requerirles el pago de sus deudas. Los acusados ocultaban en todo momento que su verdadero propósito no era ingresar esas cantidades en el erario público, sino apropiárselas, según el fiscal.

A algunos deudores les rebajaban el importe para estimularles a un pronto pago. Los contribuyentes que aceptaban este trato fueron personándose en la oficina de Hacienda para entregar, unas veces en metálico y otras mediante cheque bancario, el dinero que se les reclamaba. A cambio, los acusados les expedían un documento con un sello de la Hacienda foral que declaraba extinguida la totalidad de la deuda tributaria, ya declarándole insolvente, ya dando por prescrito el expediente.

Todas las sumas económicas entregadas, que podrían totalizar 1,6 millones fueron a parar a los bolsillos de los imputados, dado que las ingresaron en cuentas corrientes a su nombre o de entidades mercantiles interpuestas, mediante las cuales pretendían encubrir la ilícita procedencia del dinero obtenido. Mediante estas prácticas, la Hacienda foral dejó de ingresar unas cantidades de 8,1 millones.

Salvo Bravo, que se ha acogido a su derecho a no declarar, el resto de los imputados se han reconocido libres de toda culpa y ajenos a los hechos. Paralelamente a este proceso, las Juntas Generales constituyeron en octubre pasado una comisión que está analizando si hubo responsabilidades políticas en la gestión de la Hacienda foral, que durante todo este periodo de tiempo estuvo en manos del PNV. Víctor Bravo, al frente de esta institución hasta julio de 2003, niega en rotundo la existencia de responsabilidades políticas: "Siempre he dicho que no tengo nada que ver con este asunto y, cuando todo acabe, presentaré una querella contra la Diputación y la Administración de Justicia por los perjuicios causados a los inocentes".

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