Una gran superficie de Sant Boi sigue abierta sin licencia comercial

El Ayuntamiento y la Generalitat se trasladan la responsabilidad de cerrarlo

Es el cuento de nunca acabar. Sólo desembarcar en Sant Boi de Llobregat en 2002, la tienda de electrodomésticos de la cadena francesa Boulanger ya se topó con los tribunales. Y de allí no se movió prácticamente hasta mayo de 2007, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una sentencia firme e inapelable que obligaba a su cierre.

15 meses después de la sentencia que ordena el cierre, el local sigue abierto

Parecía que se ponía fin a un litigio entre el Ayuntamiento de Sant Boi y la Generalitat sobre la legalidad de su actividad. El Consistorio defendía que la licencia que le otorgó era correcta, mientras que el Ejecutivo catalán sostenía lo contrario. Pero, tras 15 meses con una sentencia firme, ninguno de los dos cierra el establecimiento. Y la pelota está de nuevo en los tribunales.

El teniente de alcalde de Sant Boi, José Ángel Carcelén, que asegura que el Ayuntamiento "acata la sentencia", explica que el Consistorio entendió que al tratarse de una tienda dentro de la trama urbana no requería de doble licencia, es decir, municipal y autonómica. La Generalitat, entonces gobernada por CiU, no lo entendió así, puesto que el establecimiento tenía cerca de 2.200 metros cuadrados, suponía una ampliación del techo comercial de la ciudad y requería de su autorización. El juez dio la razón al Gobierno, y dictaminó que las licencias de obras y ambiental concedidas eran nulas, por lo que la tienda debía cerrar.

A partir de ahí, nada. El Gobierno catalán dice que le corresponde cerrar la tienda al Ayuntamiento porque así lo dice la sentencia, y el Consistorio sostiene que le toca hacerlo a la Generalitat porque es la que da las licencias. "Si no podemos darlas, tampoco podemos quitarlas", razona Carcelén. Sin embargo, fuentes del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa recuerdan que la sentencia requiere al alcalde como responsable y que fija multas coercitivas en caso de no cumplirla.

Sin embargo, CiU, que ha venido denunciando el incumplimiento de la sentencia, recuerda que la Generalitat es "responsable subsidiaria" en caso que el Ayuntamiento no actúe. "Jurídica y administrativamente no puede seguir funcionando. Y el Gobierno de la Generalitat no puede quedar al margen, porque es firme y no admite recurso", asegura el diputado de CiU Carles Pellicer.

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El consejero Josep Huguet sostuvo en junio, respondiendo a una pregunta parlamentaria de CiU, que "ante la inactividad del Ayuntamiento de Sant Boi" había formulado una "demanda de ejecución forzosa" de la sentencia. Pero la tienda sigue abierta, lo cual indigna a la Asociación de Comerciantes de Electrónica. Este diario intentó ayer, sin éxito, hablar con Boulanger.

De momento, el Ayuntamiento espera que la juez resuelva las alegaciones que ha presentado al entender que no le corresponde cerrar el establecimiento. Carcelén espera que la Generalitat pueda hallar otra solución para "salvar la actividad y el empleo de 70 personas", pero Comercio ya le advirtió en diciembre de que es "casi imposible" que la tienda pueda seguir abierta.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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