Un ex consejero catalán culpa a un fallecido de copiar informes

Ignasi Farreras, consejero de Trabajo de la Generalitat catalana de 1988 a 1999, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia de Barcelona acusado de prevaricación, malversación y falsedad. La fiscalía solicita para él cinco años y medio de cárcel, nueve de inhabilitación y multa de 103.500 euros, la misma que reclama para Josep Maria Servitje, el secretario general del Departamento, por encargar unos informes jurídicos entre 1994 y 1995 que resultaron ser copias de sentencias o leyes.

En el banquillo se sienta también Víctor Manuel Lorenzo Acuña, apoderado de las dos sociedades que facturaron 46.158 euros por los estudios. Los tres son militantes de Unió Democràtica (UDC).

Durante su declaración ante el tribunal Farreras defendió la utilidad de los informes y restó importancia a que, por ejemplo, aludiesen a leyes derogadas, no recogieran jurisprudencia o datos de los cinco años anteriores a su redacción o se refirieran a ordenanzas del franquismo.

Farreras señaló a Martín Toribio, director general del Departamento en aquella época, como la persona que "muy probablemente" encargó los informes. Toribio falleció hace años y también estuvo inculpado en el caso Pallerols por presunta financiación irregular de UDC.

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