Fracasa el atajo para legalizar viviendas y comercios en Marbella

El Consistorio no ha dado ni un permiso de ocupación para casas ilegales

Las fórmulas para reponer la legalidad urbanística en Marbella (Málaga) antes de que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no funcionan tan rápido como el Ayuntamiento marbellí planeaba. En los últimos ocho meses, el equipo de gobierno, del PP, no ha dado ni una sola licencia de ocupación provisional para casas ilegales en proceso de regularización.

Los propietarios tienen la posibilidad de acogerse a estos permisos desde el pasado julio, gracias a una moción aprobada en pleno. Por aquel entonces, el Ayuntamiento decía contar con 975 peticiones. "Hay dificultades para conseguirlas porque se está siendo muy riguroso", aseguran fuentes municipales. La pega está en que los propietarios de las casas tienen que avalar ante el Consistorio -con una fianza- que van a compensar a la ciudad por el daño hecho con la construcción de la vivienda y los trámites son largos. También ocurre que no siempre están dispuestos a perder los derechos de licencias adquiridas por silencio administrativo. "Aceptar esa licencia provisional puede impedir reclamar ese derecho en los tribunales", explica el promotor Ricardo Arranz.La situación de los comercios de Marbella que ocupan edificios ilegales no es muy diferente de las viviendas. Del centenar de solicitudes de apertura que ha recibido el Ayuntamiento desde verano, sólo una veintena ha salido adelante.

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Los 1.000 negocios ilegales que podían optar a las licencias en precario fueron reduciéndose a fuerza de filtros. El criterio para otorgarlas -que el uso comercial esté permitido en el futuro plan urbanístico y que el edificio no tenga procedimientos judiciales abiertos- bajó la cifra a 350 candidatos, que finalmente se han quedado en 100 solicitudes. "El trámite está resultando largo porque cada caso lleva su informe técnico y estudios pormenorizados", aseguran en el Consistorio marbellí.

La presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymen), África Pino, no dio crédito al número de licencias concedidas hasta el momento, y del que informaron fuentes municipales. "Se han tenido que dar muchas más", dijo en conversación telefónica desde Marruecos.

El documento que contempla la posibilidad de otorgar licencias provisionales a los edificios que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé regularizar fue elaborado por el Consistorio marbellí, y consensuado con la Junta de Andalucía.

Poco antes de aprobarlo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, aseguró que permitiría adelantar la ejecución del plan urbanístico "entre seis y ocho meses" y que abría "un nuevo panorama" en la ciudad. En diversas intervenciones, Muñoz dijo que se beneficiarían los 600 comercios en situación irregular que pidieron licencias de apertura cuando gobernaba la Comisión Gestora, y que casi un millar de familias propietarias de viviendas en situación irregular conseguirían "tener en orden su vivienda".

Ni PSOE, ni IU, en la oposición dieron el visto bueno a la medida. "Nos abstuvimos porque no se solicitaron informes técnicos que pedimos y creímos que se aprobaba un documento débil, que no daba las garantías suficientes", explica el edil socialista Javier de Luis. "Se ha demostrado en Marbella que adelantar permisos basándose en un Plan que todavía no tiene la aprobación definitiva puede ser peligroso, y hay un ejemplo en los concejales del Grupo Independiente Liberal", añade.

Enrique Monterroso, edil de IU, justifica la falta de permisos con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 29 de octubre de 2008. En el documento, que aborda una licencia de obras para 49 viviendas concedida en Marbella, se advierte que "la validez o invalidez de las licencias no se resuelve conforme a normas de planeamiento futuras, sino conforme a las normas de planeamiento aplicables en el momento de su concesión".

Colectivos como organizaciones vecinales y ecologistas no se muestran muy sorprendidos por el escaso número de licencias provisionales concedidas. "Nos dimos cuenta de que no era más que un brindis al sol y que sería bastante difícil que los propietarios o promotores de las viviendas ilegales materializaran la fianza", asegura Rafael Ávila, de Ecologistas en Acción.

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