El estadio del Hércules, a un paso de quedar en manos de la Generalitat

El Gobierno valenciano puja por el Rico Pérez para recuperar los 18 millones que despilfarró el PP en el Hércules

El estadio Rico Pérez.
El estadio Rico Pérez.PEPE OLIVARES

El vetusto estadio del Hércules, el José Rico Pérez, está a punto de quedar en manos de la Generalitat Valenciana. Tras varios cambios de propiedad, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), una suerte de banco autonómico, ha ofrecido por él 3,75 millones de euros. Y se quedará con él siempre y cuando el empresario Enrique Ortiz, dueño del recinto a través de la sociedad Aligestión SL, implicado en distintos escándalos en torno a la financiación irregular del PP, no encuentre un comprador que mejore la oferta.

¿Por qué comprar un campo de fútbol con dinero público? Para responder a esa pregunta hay que bucear en la historia reciente, una época de vino y rosas en la que la Generalitat, presidida entonces por el popular Francisco Camps, desembolsó sin rubor cantidades millonarias para salvar de la quiebra a clubes históricos. El IVF avaló las deudas con distintas entidades financieras que mantenían el Valencia, el Hércules, el Levante o el Elche. Fondos públicos para entidades privadas que podían dar votos.

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Ahora, la Generalitat, dirigida por el socialista Ximo Puig, asegura que la compra del Rico Pérez es la única manera de no perder los 18 millones –o al menos no todo - con los que el IVF avaló en su día a la Fundación Hércules. "No hay que olvidar que 18 millones son cuatro colegios. El dinero hay que devolverlo", ha declarado su director, Manuel Illueca. El IVF es el máximo acreedor de Aligestión, propietaria del estadio y que se halla en proceso de liquidación. La idea del IVF es vender el recinto al mejor postor en el futuro. El presidente Puig ha reiterado esta semana que el Rico Pérez es el "único activo" del que podía "echar mano" el Gobierno valenciano para intentar recuperar esos 18 millones de euros invertidos en la entidad blanquiazul.

Tormenta política

La adquisición del estadio por parte del IVF ha desatado una tormenta política regional. El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, avaló la operación el pasado martes en un foro empresarial celebrado en Alicante. "No queremos que el estadio caiga en manos de especuladores", dijo. Unas horas después, en el Parlamento autonómico, respondió a las críticas de la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, que su ejecutivo no rescataba estadios, sino la "vergüenza de este pueblo", que el Partido Popular "ultrajó". Pero Podemos, que sustenta el gobierno de izquierdas en la Generalitat de PSOE y Compromís, tampoco comparte la decisión.

Enrique Ortiz, que ha admitido a la Fiscalía Anticorrupción haber financiado al PP valenciano a cambio de contratos públicos en el marco del caso Gürtel, tenía un plan para el Rico Pérez. Tras hacerse con él en 2007, su idea era recalificarlo y construir en su lugar viviendas y un centro comercial. El pelotazo quedó al descubierto el 9 de junio de 2008, cuando se conoció una conversación telefónica de Ortiz interceptada por la policía: "Todo el mundo tiene que tener una cosa clara, nuestra meta está en la recalificación del campo", le dijo a Juan José Huerga, el hombre de paja al que había puesto al mando del club. Por diversas razones, aquel pelotazo se fue al traste.

La propiedad del estadio José Rico Pérez ha estado sometida a múltiples vaivenes en las últimas décadas. Inaugurado en 1974, veinte años después el consistorio alicantino lo compró por 900 millones de las antiguas pesetas (5,4 millones de euros) para salvar al Hércules de la quiebra y evitar su desaparición. El Ayuntamiento se lo vendió a Ortiz a través de Aligestión Integral SL en abril de 2007. El entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, pactó un precio de compra de 7.805.644 euros, pero incluyó en el contrato una claúsula por la que el comprador se comprometía a realizar unas reformas en el recinto por un valor de 4,2 millones de euros. La actual corporación municipal, gobernada por el tripartito PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, ha puesto varias veces en duda que Ortiz llegara a hacer esas obras. Pero el Ayuntamiento alicantino, gobernado entonces por la alcaldesa del PP Sonia Castedo, las certificó.

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