Centrar la reforma de las pensiones

El déficit de las pensiones fue de unos 18.800 millones en 2017. Las previsiones son que disminuya, pero este no desaparecerá ni siquiera en los mejores escenarios, porque la llegada a la jubilación de cohortes más numerosas y con pensiones más elevadas seguirá impulsando el aumento del gasto.

Desde 2016 el déficit del sistema de pensiones se ha cubierto mediante créditos extraordinarios del Estado. No hay perspectivas de que la Seguridad Social tenga superávits en mucho tiempo (probablemente, nunca en este siglo). Y lo que está ocurriendo, en realidad, es que los impuestos generales se están convirtiendo en una fuente importante de financiación de las pensiones contributivas.

Lo que debería ser una solución de corto plazo tiene visos de alargarse. Esto tiene dos consecuencias negativas. Una es que el gasto en otras partidas (educación, sanidad, inversión pública, etc.) se verá constreñido por la necesidad de aportar una parte significativa de los impuestos a la financiación de las pensiones. Otra es que la naturaleza contributiva del sistema quedará bastante diluida. Mientras las prestaciones universales, financiadas con impuestos, proporcionan renta a la población que no tiene recursos económicos suficientes, las contributivas sustituyen rentas laborales cuando ocurren contingencias (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad laboral, etc.), y se financian con cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores.

Con estas premisas y un escenario demográfico en el que el porcentaje de la población mayor de 67 años será a mitad de este siglo más del 30% del total (frente al 15% actual), la reforma de las pensiones debe construirse alrededor de dos decisiones fundamentales. Una se refiere a la cobertura y la cuantía de las prestaciones universales para garantizar pensiones dignas y suficientes a toda la población. Otra es cómo reducir la tasa de sustitución de las pensiones contributivas (los ingresos por cotizaciones tienen un límite que no dejará financiarlas si se mantiene la relación actual entre pensión media y salario medio).

Hay dos mecanismos que harán que la tasa de sustitución disminuya. Uno es el factor de sostenibilidad, que ligará las nuevas pensiones de jubilación a la esperanza de vida a partir de enero de 2019. Otro es el índice de revalorización, que, si la inflación retornara a niveles normales, resultaría en una pérdida considerable del poder adquisitivo de las pensiones a lo largo del periodo de jubilación. No obstante, sus efectos sobre el control del gasto tardarán en llegar y mientras tanto el desequilibrio patrimonial del sistema de pensiones se agravará.

Hay otras maneras de garantizar pensiones suficientes y de proveerlas con equidad tanto a la población actualmente jubilada como a las generaciones futuras. Ignorar la naturaleza y los objetivos de un sistema público de pensiones, y sus restricciones presupuestarias, no es la mejor manera de identificarlas e implementarlas.

Juan Francisco Jimeno es economista del Banco de España.