Montero defiende que los Ayuntamientos aporten “al gran pacto por la reconstrucción” del país

La ministra de Hacienda aboga por “ampliar el marco” de competencias municipales para salir de la crisis

María Jesús Montero, en el Congreso este miércoles. En vídeo, Montero defiende que los ayuntamientos aporten "en relación con los retos" del país.KIKO HUESCA (Efe) | Congreso

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que los Ayuntamientos participen en “el gran pacto por la reconstrucción” del país para superar la crisis por el coronavirus, que se va a debatir en el Congreso, y que se fijen unas prioridades en las que las Administraciones gasten e inviertan según sus competencias, pero sin solaparse.

Montero ha protagonizado un nuevo debate en la Cámara Baja sobre el destino del superávit de las entidades locales de 2019 y de los remanentes de tesorería que tienen, planteado por el PRC y por Junts per Catalunya, que ha exigido que se permita a los Ayuntamientos gastar los suyos libremente en otros asuntos más allá de la crisis por el coronavirus, como obra pública o planes de empleo. La ministra ha dicho que siempre se ha mostrado abierta a negociar estas cuestiones y ha abogado por hacerlo en la comisión de reconstrucción del Congreso. A su juicio, el objetivo debe ser definir prioridades, ver qué Administración puede atenderla mejor según su competencia y destinar a ellas los recursos.

“Esto no es tan simple como decir que cada uno utilice sus recursos y el que no los tiene que se busque la vida”, ha apuntado la responsable de Hacienda a propósito de esos ahorros municipales. Montero se ha mostrado crítica con la defensa de que “el dinero de cada uno es de cada uno” y ha dicho que de verlo así, el Gobierno no hubiera creado por ejemplo ese fondo de 16.000 millones para las Comunidades.

“El dinero del Gobierno de España es de todos, el de las corporaciones locales es de todos los ciudadanos, igual que el de las Comunidades. Se pagan con los mismos impuestos”, ha advertido. “No se habla de quitar nada a nadie, propongo un gran pacto de reconstrucción y ponernos de acuerdo en prioridades, ver qué Administración tiene mejores capacidades o posibilidades de ejecutar planes”, ha dicho Montero.

Y ha aprovechado también para exponer que esos remanentes municipales y ese superávit no se deben llamar ahorros, porque no se han obtenido de forma “voluntaria”, por decisión de los Ayuntamientos, sino por la obligación de cumplir las exigencias de la Ley de Estabilidad. En este contexto ha apostado por un debate en el Congreso sobre competencias y recursos, sobre quién hace qué, para evitar duplicidades y solapamientos. Por ejemplo, se ha preguntado si tiene sentido que otra Administración dé liquidez al tejido empresarial cuando lo está haciendo el Estado, o si es mejor que dedique ese dinero a otros fines.

“Eso es sentido común, que todas las Administraciones discutamos prioridades, la mejor posición de cada uno para hacer uso de las competencias y usemos los recursos con el fin último de mejorar la vida de los ciudadanos”, ha insistido.

Pese a la reclamación de los diputados sobre plazos y medidas, no ha concretado más y ha insistido en esa negociación en el Congreso y en su trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para definir el destino de ese gasto municipal. Por parte del PRC, el diputado José María Mazón ha exigido respuestas para los Ayuntamientos porque no acaban de saber a qué atenerse y ha defendido especialmente que se les permita invertir sus fondos en obra pública, que mueve la economía local. “Un plan de choque dirigido a la obra pública. Es rápido, genera actividad y un retorno a las arcas pública del 50%”, ha defendido el diputado.

En cuanto a Junts per Catalunya, Ferran Bel ha advertido a la ministra que los alcaldes necesitan certidumbres que a su juicio Hacienda no les está dando sobre el uso de su remanente, de casi 18.000 millones de euros, ha apuntado. “Los que ha generado cada ayuntamiento son para ese ayuntamiento. Si se plantean una mutualización sería un desincentivo absoluto a una buena gestión en las corporaciones locales. Diga que no es así”, ha reclamado a la ministra.

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