El acuerdo del Brexit deja pendiente el futuro de los servicios financieros

Suponen casi un 7% del PIB, dan empleo a un millón de personas y aportan más de 80.000 millones de euros a la recaudación fiscal

Un peatón camina por la ribera sur del Támesis con el  fondo de la City de Londres, el pasado 21 de noviembre
Un peatón camina por la ribera sur del Támesis con el fondo de la City de Londres, el pasado 21 de noviembreJUSTIN TALLIS (AFP)
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La alegría también va por mercados. El acuerdo comercial que regulará las relaciones entre el Reino Unido y la UE en la era post-Brexit, logrado en el último minuto, ha permitido que muchas empresas británicas y continentales respiren tranquilas. Pero quedan en el aire muchas dudas e incertidumbres. Las partes decidieron dejar al margen de las conversaciones todo lo que hace referencia a los servicios financieros, que suponen casi un 7% del PIB, dan empleo a un millón de personas y aportan más de 80.000 millones de euros a la recaudación fiscal.

Mientras el Reino Unido ha pertenecido al club comunitario, sus entidades financieras han podido operar libremente en todo el territorio de la UE bajo el denominado “pasaporte financiero”. Las entidades podían solicitarlo a sus respectivas autoridades nacionales, bajo la premisa de que todos los países miembros habían acordado unas normas regulatorias y de supervisión comunes de los mercados. El sistema facilitaba el establecimiento de sucursales y el libre intercambio con un escrutinio mínimo. Todo eso desaparece el 1 de enero. La alternativa que provocaría menos turbulencia sería el denominado sistema de “equivalencia”. Este es el modo en que opera: cada Gobierno (en el caso de la UE, la Comisión Europea) puede otorgar equivalencia a un país tercero si considera que sus leyes tienen el mismo espíritu, y logran el mismo resultado, que la regulación propia. No tiene por qué ser una réplica exacta, y la facilidad que proporciona es inferior a la de los pasaportes. Por ejemplo, no cubre lo referente a banca comercial o algún tipo de seguros. En el caso de la Comisión Europea, se reserva el derecho a retirar unilateralmente la concesión en un plazo de treinta días si se alteran las condiciones.

El Gobierno británico decidió unilateralmente mantener el fácil acceso a sus mercados a las firmas comunitarias, pero no ha obtenido reciprocidad por parte de la UE. “En ausencia de la necesaria claridad por parte de la UE, hemos decidido actuar unilateralmente para asegurar la certidumbre necesaria a las firmas que operan aquí y en Europa”, anunciaba ante la Cámara de los Comunes el ministro británico de Economía, Rishi Sunak, el pasado 20 de noviembre. “Nuestro planteamiento a este respecto es simple: otorgaremos la equivalencia cuando hacerlo favorezca a los intereses económicos del Reino Unido, desde un análisis técnico y basado en resultados, que priorice la estabilidad, la apertura y la transparencia”, aseguraba Sunak.

Detrás del pulso entre Londres y Bruselas se encuentra el deseo de arrebatar una porción del negocio a la capital británica como primera plaza financiera europea, algo que muchos expertos consideran poco realista a corto plazo, pero preocupante a medio y largo. “La cifra de trabajadores que ha abandonado la City no es tan alta como se auguraba, aunque los números no estén del todo claros. En cualquier caso, más importante que la cantidad es la relevancia profesional de los que se hayan ido, sobre todo si se trata de altos directivos”, explica Nacho Morais, el director ejecutivo de la consultora Frank Consulting, basada en Londres.

Se calcula que, desde que comenzó a verse en el horizonte el futuro post-Brexit, unos 10.000 puestos han sido trasladados a otras ciudades europeas, un 4% aproximadamente de la fuerza laboral de la City, según un estudio de EY. Aproximadamente unas 24 firmas de servicios financieros, según ese mismo estudio, han declarado ya el traspaso de activo desde el Reino Unido al espacio de la UE, por un valor de 1.300 millones de euros. “Es verdad que en los últimos meses, las firmas han puesto en marcha medidas para mitigar el impacto. Muchas de las grandes lo que han hecho es establecer nuevas sedes en el continente, u obtener licencias. En el caso de las pequeñas, han buscado alianzas con empresas europeas similares o simplemente, si el negocio allí no era muy amplio, han renunciado a él”, explica Morais.

Hay una mezcla de evidente realismo en las preparaciones para el cambio con cierto voluntarismo que no termina de sembrar la necesaria confianza. El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés), Andrew Bailey, ha recogido el testigo de su predecesor, Mark Carney, y no deja de repetir que el sistema financiero británico ha hecho sus deberes, pero en el último Informe de Estabilidad Financiera del BoE, correspondiente al mes de diciembre, advertía de posibles baches en el futuro inmediato. “La estabilidad financiera no es lo mismo que la estabilidad de los mercados o que la posibilidad de algún tipo de disrupción para los usuarios de los servicios financieros. Y en ese sentido, puede esperarse algo de volatilidad y disrupción, sobre todo para los clientes basados en la UE”, aseguraba el informe.

De la rapidez y la urgencia con que Londres y Bruselas acometan las necesarias modificaciones legales para solucionar las dudas dependerá la fortaleza futura del mercado financiero en el mundo. Frente a la pujanza asiática, y la rivalidad estadounidense, Europa retiene apenas un 22% de este importante sector económico. “Puede acabar resultando que la suma de las partes sea inferior al total actual, en el caso de que haya divergencias entre el Reino Unido y la UE”, advierte Morais. “Pero también puede ocurrir lo contrario, si se establece algún tipo de cooperación que posibilite, por ejemplo, que Londres sea el trampolín de acceso a otros mercados como África o Latinoamérica”.






Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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