El Gobierno incluye el debate sobre los convenios en la reforma laboral enviada a Bruselas

Economía y Trabajo pactan una redacción ambigua que respeta en líneas generales el acuerdo de coalición PSOE-Podemos pese a las reticencias de Calviño y negociarán los aspectos más polémicos con los agentes sociales

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.Kiko Huesca (EFE)

“Reforma” es una palabra fetiche que reaparece cada vez que llega una crisis. Y el Gobierno tiene ya listo el menú de la próxima andanada: el Ejecutivo ha enviado este martes finalmente a Bruselas las reformas laboral y de pensiones, que cierran una lista de hasta 170 medidas estructurales a cambio de los 140.000 millones de euros para luchar contra la crisis. La vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, juegan en ese texto con una calculada ambigüedad para decirle a Bruselas y a los sindicatos lo que quieren oír. El meollo de la cuestión son las modificaciones en la negociación colectiva: la reforma de 2012 da una prevalencia absoluta los convenios de empresa sobre los sectoriales, y Economía presionaba (e incluso elaboró un documento) para que eso siguiera intacto, a pesar de que el pacto de coalición PSOE-Podemos explicitaba la primacía de los convenios sectoriales, que dan más poder negociador a los trabajadores. El texto final, al que ha tenido acceso EL PAÍS, hace una referencia explícita a ese debate, que se decanta claramente hacia lo establecido en los acuerdos de coalición. Pero el resultado final aún está por ver: el documento que ha entregado el Gobierno a los sindicatos es lo suficientemente indeterminado como para que todo acabe decidiéndose en el diálogo con los agentes sociales.

Eso es lo que en rugby se conoce como patada hacia delante, y en Bruselas como “prorrogar y fingir”. El documento deja claro, eso sí, que se revisará “la relación entre los convenios sectoriales y los de empresa”, según ese texto, y asuntos como “la ultraactividad de los convenios” (si no hay acuerdo en la negociación se prorroga el convenio vigente, algo que suele favorecer a los trabajadores), en busca de un “sistema de relaciones laborales equilibrado”. Pero las posiciones de Calviño y Díaz siguen enfrentadas: la ministra de Trabajo se agarra al pacto PSOE-Unidas Podemos del pasado de diciembre, a favor de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa y de volver a la ultraactividad previa a la reforma del PP, y Calviño sigue en sus trece de dejar eso tal y como está, en contra incluso de la opinión mayoritaria en el PSOE. La salida de ese laberinto llegará en la negociación con los agentes sociales. Los sindicatos ya han empezado a enseñar las uñas: si no prevalecen los convenios sectoriales anuncian una primavera caliente.

Lo que se cae definitivamente es el lenguaje de los 10 últimos años: el Gobierno ya no habla de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral —ni mucho menos de la derogación total—. Los dos sectores del Gobierno de coalición, el del PSOE y el de Unidas Podemos, han logrado un pacto sobre el documento que se envió este lunes a Bruselas, que incluye las líneas generales del acuerdo de Gobierno que alcanzaron estos dos partidos a finales de 2019, justo antes de la investidura de Pedro Sánchez. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha confirmado este martes en rueda de prensa que el texto se ha enviado ya y que incluye las líneas generales de la reforma laboral que estaba en el acuerdo de Gobierno “y que el presidente Sánchez planteó en su discurso de investidura”. Después de meses de tensión interna, no hay marcha atrás: el Gobierno deja atrás el debate eterno sobre la derogación o no de la reforma laboral del PP de 2012, que ha desatado intensas polémicas entre los dos sectores del Ejecutivo. La tensión llegó al máximo en mayo de 2020, cuando el grupo socialista pactó con Bildu esa derogación, un acuerdo que finalmente se vio obligado a rectificar tras la presión tanto de la patronal como de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que rechazó en todo momento la idea de derogar la reforma del PP. Ya no se hablará de derogar, una palabra que ha desatado todas las tensiones, y sí de las reformas que tocan los elementos centrales de ese texto del PP de 2012.

La reforma laboral es en realidad una constelación de 17 minirreformas laborales. El objetivo está claro, darle una vuelta de tuerca al “marco normativo e institucional desarrollado durante las últimas cuatro décadas”, que ha provocado “una intensa dualidad que segmenta entre trabajadores con contrato indefinido y trabajadores que encadenan contratos temporales, unos mecanismos de ajuste ante fluctuaciones económicas vía cantidades que llevan a un recurso excesivo a la temporalidad y al despido y unas políticas activas de empleo de calidad limitada, lejos de los estándares europeos, con mercados de formación e intermediación atomizados y poco desarrollados”, según el duro veredicto incluido en ese texto. Para el cambio normativo el Gobierno compromete 2.400 millones de euros en el periodo 2021-2023. Pero sobre todo patrocina un buen puñado de ajustes, entre los que destacan los citados sobre negociación colectiva y ultraactividad, pero también la simplificación del número de contratos; el refuerzo de la causalidad en los contratos temporales; la posibilidad de penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración; la regulación del teletrabajo y de medidas para recortar la brecha de género; el cambio mil veces prometido de las políticas activas de empleo; la consolidación de los ERTE como mecanismo de flexibilidad interna, y la desincentivación de las subcontrataciones, en línea con las sentencias del Supremo.

“Los importantes desequilibrios que arrastra el mercado laboral español constituyen uno de los principales lastres para el crecimiento potencial de la economía”, arranca el texto, que incluye un análisis muy negativo de reformas anteriores: “A pesar de las sucesivas reformas, la normativa laboral ha llevado a la continuación de deficiencias endémicas que constituyen uno de los elementos estructurales con mayor impacto potencial de cara al futuro”. Estas son las 17 medidas de la próxima reforma:

1. Trabajo a distancia. El Gobierno acaba de aprobar dos decretos leyes al respecto que se basan en la voluntariedad del trabajo a distancia para el empleador y el trabajador.

2. Brecha de género. Ampliación del permiso de paternidad (aprobado en 2018) y reales decretos de 2019 para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y sobre planes de igualdad y su registro.

3. Contratos. En línea con lo esperado, se basa “en simplificar y reordenar las modalidades de contratación laboral y generalizar la contratación indefinida”. Pero introduce una importante novedad al devolver “la causalidad al contrato temporal”, para reducir su uso.

4. Políticas activas. Entre otros asuntos, se prevé la mejora de la coordinación de los Servicios Públicos de Empleo en todo el territorio nacional así como de los servicios sociales, una vieja reivindicación de Bruselas.

5. ERTE. El objetivo es convertir los expedientes de regulación de empleo temporal en un mecanismo permanente para cuando lleguen las crisis.

6. Bonificaciones a la contratación. El Gobierno hace suyo el análisis de la Airef y asegura que tienen una “eficacia limitada”, pese a que suponen el 25% del gasto en políticas activas. Se limitarán a los contratos indefinidos.

7. Negociación colectiva. Lo más delicado, y por lo tanto la redacción más ambigua en ese texto. “El objetivo es adaptar la negociación colectiva a las necesidades de empresas y sectores, para vertebrar un sistema de relaciones laborales equilibrado a nivel nacional”. Para ello, el Ejecutivo abordará aspectos como la ultraactividad de convenios, y la “relación entre convenios sectoriales y de empresa”. Fuentes del Gobierno admiten que en estos momentos la primacía del convenio de empresa es total, por lo que difícilmente no se desandará parte de la reforma de 2012. Además, se activarán “mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo”, esenciales en periodos de crisis como este para evitar recortes unilaterales de salarios, por ejemplo, “y refuerzo de la representatividad de las partes negociadoras y la seguridad jurídica en su aplicación”.

8. Subcontratación. Tras las recientes sentencias del Supremo, se desincentivarán los supuestos en que sea un mero instrumento de reducción de costes.

9. Riders. Otra de las medidas ya en marcha, que consiste en garantizar un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo a los repartidores en el ámbito de las plataformas digitales, dando acceso a protección social y formación a estas personas.

10. Sistema Nacional de Empleo. Reforzar la coordinación entre Estados y comunidades autónomas.

11. Formación. Se basa en establecer mecanismos de coordinación entre empresas y entidades educativas, para que la formación se corresponda con las necesidades del mercado de trabajo, garantizar el trabajo digno de los trabajadores en formación.

12. Servio Estatal Público de Empleo (SEPE). Se trata de digitalizar ese servicio “y usar técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data para automatizar y mejorar la detección del fraude”.

13. Ley de Empleo. Revisión de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y de las políticas activas de empleo.

14. Estrategia de Activación para el Empleo 2021-2024. Facilitar la máxima eficiencia en el uso los fondos europeos, como palanca de cambio de las políticas activas de empleo, revisando y unificando la regulación de diversos programas de activación para el empleo.

15. Empleo agrario. Adaptar el Programa de Fomento del Empleo Agrario a la situación sociodemográfica para fijar población en el medio rural.

16. Empleo joven. Revisar el contrato en prácticas y para la formación, simplificando y reduciendo la carga burocrática y adoptando un estatuto del Becario.

17. Evaluación de políticas. Seguimiento y evaluación continuos de las bonificaciones e incentivos a la contratación.

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