Ábalos anuncia que el Gobierno prevé conseguir 100.000 viviendas en alquiler asequible

Transportes calcula que los 1.000 millones de fondos europeos anunciados por Pedro Sánchez en febrero permitirán ampliar el parque público en 20.000 viviendas; y 30.000 llegarían de la colaboración con fondos e inmobiliarias

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, este miércoles en el Congreso.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, este miércoles en el Congreso.Chema Moya (EFE)

La parte socialista del Gobierno dobla la apuesta en plena batalla con sus socios de Unidas Podemos por la futura ley de vivienda. Si hace un mes fue el presidente, Pedro Sánchez quien desvelaba los nuevos planes para aumentar el parque de alquiler público y asequible, este miércoles ha sido el ministro José Luis Ábalos el encargado de poner cifras a esos proyectos. Durante la sesión de control en el Congreso, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que tiene la competencia estatal en vivienda) ha anunciado que el objetivo del Ejecutivo es conseguir 100.000 viviendas de arrendamiento asequible.

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En esa cifra se mezclan planes ya conocidos y otros nuevos, sobre los que falta mucho detalle, y que suponen nada menos que aumentar en 50.000 viviendas la meta. 20.000 saldrían de la promoción directa de las Administraciones, gracias a los fondos europeos para la salida del coronavirus. Sánchez ya anunció el pasado febrero que el Gobierno pretendía dedicar 1.000 millones a la promoción de nuevas viviendas en alquiler. Transportes estima ahora que eso da para añadir 20.000 viviendas, que se suman a las 24.000 que ya estaban previstas bien a través de la promoción directa del Ministerio o de la colaboración con Administraciones locales y autonómicas. Así pues, el parque público se ampliaría en total con 44.000 nuevas viviendas. Tanto entre las que hay en marcha, como en las 20.000 que habría que promover, el plazo de “un quinquenio” del que habla Transportes se antoja demasiado corto. La propia actividad promotora, más cuando proviene del sector público, maneja periodos normalmente más largos.

¿De dónde salen las 56.000 casas restantes hasta completar las 100.000 anunciadas por Ábalos? Según una nota difundida por Transportes al término de la sesión de control, la mayoría provendrán de la colaboración con sociedades gestoras de alquileres. Es decir, serían pisos de particulares (normalmente esas gestoras manejan parques de fondos y otras sociedades inmobiliarias) que formarían parte de programas de arrendamientos con precios acordados. Concretamente, el Ministerio habla de “la disposición de un porcentaje significativo de su parque de vivienda para el alquiler asequible y social, pudiendo llegar hasta 30.000 viviendas”. Aunque ha habido conversaciones con el sector privado para sondear fórmulas de colaboración, no se sabe de momento cómo de avanzadas están dichas conversaciones. En principio, en la medida en que se trate de viviendas ya construidas, el proceso sería más rápido que la promoción, pero dichas viviendas no se sumarán al parque público y ni tendrían que formar parte del parque asequible de manera permanente.

“Diversas medidas”

A estas, dentro de ese “fondo social” del que habla Transportes, se suman 11.000 viviendas de la ampliación del actual fondo social acordado con las entidades financieras y otras 15.000 que Sareb (el conocido como banco malo) pondrá a disposición de las comunidades autónomas. Ambas cifras eran ya conocidas porque formó parte del anuncio que hizo Sánchez en La Moncloa el pasado febrero acompañado por el propio Ábalos y por la ministra de Economía, Nadia Calviño. En el caso de los bancos, el número supone un incremento del 10% sobre lo que había hasta febrero.

Más significativo fue el empujón de Sareb, que pasaría de poner 10.000 pisos a poner 15.000. El banco malo ha dado un impulso en los últimos meses a su colaboración con administraciones autonómicas y locales, tanto para la venta de inmuebles como para que hagan uso de este banco de viviendas que cede gratuitamente. Las Administraciones Públicas pueden disponer de ellas y –a cambio de hacerse cargo de gastos e impuestos– pueden usarlas para arrendamiento social por el plazo en que se haya convenido la cesión de uso. No obstante, a finales del año pasado, de las 10.000 viviendas que había disponibles, solo se habían firmado convenios para menos de 3.000.

Ábalos también ha aprovechado su respuesta en el Congreso al diputado de Bildu Oskar Matute para lanzar algunas ideas sobre la futura ley de vivienda. Ha dicho que esta “no es la única herramienta” para lograr equilibrar un mercado de alquiler en el que su departamento cree que el problema principal es la falta de oferta. De ahí que haya reivindicado el objetivo del Gobierno de ampliar el parque de vivienda púbica, social y asequible con “diversas medidas”. Sobre la controversia de los límites a los precios de alquiler, el ministro se ha ceñido al guion de su propuesta (intentar bajar los precios mediante bonificaciones fiscales a caseros particulares) y ha asegurado que la futura norma no solo es importante por ese aspecto. “Tenemos que definir también las viviendas vacías para que se pueda aplicar el recargo del IBI [impuesto de bienes inmuebles]”, ha asegurado.

Sobre la firma

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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