El juez archiva para Indra la parte del ‘caso Púnica’ por supuestos pagos al PP

La empresa había solicitado el sobreseimiento al entender que se había acreditado que las conductas de algunos de sus empleados no pueden ser atribuidas a la persona jurídica en su conjunto

Logo de Indra en la sede de la compañía en Madrid.
Logo de Indra en la sede de la compañía en Madrid.

El juez Manuel García Castellón ha archivado para Indra la parte del caso Púnica seguida por supuestos pagos para financiar al PP de Madrid en la que se investiga el presunto desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad madrileña a través de esa empresa. Así lo acuerda en un auto el magistrado de la Audiencia Nacional al “no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad respecto de la actuación de sus empleados” en relación a los hechos investigados, supuestamente cometidos entre 2008 y 2013.

Indra había solicitado el sobreseimiento al entender que, una vez realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes, se había acreditado que las conductas presuntamente realizadas por algunos de sus profesionales no pueden ser atribuidas a la persona jurídica en su conjunto, además de que la compañía contaba con un modelo de cumplimiento normativo eficazmente implementado.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la solicitud de sobreseimiento argumentando que no era el momento procesal oportuno, dado que restan diligencias importantes y pertinentes por practicar. En su auto el juez García Castellón considera que no procede la práctica de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y entiende que la investigación de esta pieza está “ya agotada”, tal y como le indicó, explica, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia en un auto del pasado 17 de febrero.

El instructor señala en su resolución que de la documentación aportada hasta el momento se desprende que la firma tecnológica tenía implantado un sistema de prevención y cumplimiento eficaz al tiempo de producirse los hechos investigados. Y estima que la documentación aportada permite constatar que los mecanismos de prevención normativos implantados en la empresa permitieron localizar, identificar y erradicar a los responsables de los hechos aparentemente delictivos. Explica, además, que en este caso “la respuesta de Indra ante los hechos aparentemente delictivos fue contundente, como se puede observar por la documentación presentada, realizando un análisis detallado de las causas que motivaron la actuación por los presuntos responsables, y procediendo a su despido”.

En este sentido, el instructor destaca la actitud de colaboración seguida por la empresa y las acciones realizadas en orden a identificar y reconocer el delito contra la hacienda pública. Y concluye que del estudio y valoración de los indicios aportados se aprecia la existencia de conductas imputables a determinadas personas físicas, antiguos empleados de la entidad, que pese a las medidas existentes en la corporación y saltándose los mecanismos de prevención implantados, pudieron haber delinquido.

El juez ya archivó en enero de 2020 la causa contra el expresidente de Indra Javier Monzón en relación con supuestos pagos de la empresa para financiar al PP de Madrid al considerar que no había indicio alguno de que los conociera ni interviniera en los mismos. En su declaración ante el juez, en octubre de 2019, Monzón se desvinculó de esos supuestos pagos y dijo que él se encargaba de la estrategia global de la compañía, no de ese tipo de contratos.

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