El Gobierno estima que los planes de rehabilitación de edificios crearán 188.000 empleos

La aportación al PIB de esos programas, financiados con fondos europeos, ascenderá a 13.500 millones de euros

Varios operarios montan un andamio en un edificio del centro de Sevilla, el pasado septiembre.
Varios operarios montan un andamio en un edificio del centro de Sevilla, el pasado septiembre.PACO PUENTES (EL PAÍS)

Los distintos programas para rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos que el Gobierno quiere poner en marcha con fondos europeos tendrán una contribución de 13.500 millones al PIB español y crearán hasta 188.000 empleos. Esas son las estimaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según ha expuesto este martes el secretario de Estado de ese departamento, Pedro Saura, en una charla virtual organizada por el Consejo General de Economistas.

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El impulso público en rehabilitación y regeneración urbana prevista en el plan de recuperación que el Consejo de Ministros aprueba este martes contemplan una inversión de 6.800 millones procedentes de Bruselas (1.000 millones servirán para promover nueva vivienda para alquiler). Estos se dividen entre varios programas que corresponde desarrollar fundamentalmente a Transportes (que se queda con el plan principal, dirigido a viviendas y con una dotación de 3.420 millones) pero también al Ministerio de Transición Ecológica, que gestionará el programa de reto demográfico (actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes) y las renovaciones de edificios de la Administración General del Estado. Estos dos suman 2.300 millones.

No obstante, las inversiones previstas son menores que el retorno que se espera conseguir. La actuación se dirige a 500.000 viviendas hasta 2023, con la ya mencionada contribución al PIB y al empleo. Además, ha especificado Saura, el objetivo medioambiental es reducir las emisiones de dióxido de carbono en 650.000 toneladas al año y que el consumo anual de energía primaria baje en 3.000 gigavatios hora (esto contempla tanto la energía que se ahorraría como la nueva que se obtendría de fuentes renovables).

Más allá de 2023, ha señalado el secretario de Estado, la meta es cumplir con la Agenda 2030 y con los planes de descarbonización de la UE para mediados de siglo. Para eso, según la estrategia española presentada el año pasado ante Bruselas, sería necesario rehabilitar unas 300.000 casas al año a partir de 2030. Saura ha incidido en la “necesidad de crear una nueva industria” y por eso ha defendido los planes del Gobierno de usar el dinero de Bruselas en generosos incentivos “para que luego de manera autóctona esta industria funcione”.

Colaboración público-privada

Actualmente en España se rehabilitan unas 30.000 viviendas al año, por lo que el salto que habrá que dar es considerable. En ese proceso, el Ejecutivo quiere contar con el sector privado a través de lo que denomina “proyectos llave en mano”. La idea, ha explicado Saura, es que haya empresas que gestionen todo el proceso de rehabilitación, desde el diseño del proyecto hasta la gestión de las ayudas, para facilitar que los propietarios de las viviendas den el paso de embarcarse en las obras. “Me consta que el sector financiero, las energéticas y las constructoras están trabajando ya”, ha dicho el secretario de Estado, quien ha añadido que el Ejecutivo está en contacto con esos sectores, que podrían ayudar a impulsar los planes desarrollando modelos de intervención que ofrecerían a las comunidades de propietarios o a personas a título individual.

Los particulares encontrarán el incentivo en las numerosas subvenciones y deducciones fiscales que se han planeado, y que llegarán a cubrir “más del 100% de la obra contando con el ahorro energético”. Es decir, que entre las ayudas fiscales (desde el 30% hasta el 100%), los beneficios fiscales (de entre el 20% y el 60%) y lo que se ahorrará a futuro en la factura de luz o gas, los hogares podrían realizar las obras sin hacer desembolso.

Además, Saura ha desvelado que habrá subvenciones de entre el 80% y el 100% en los denominados “elementos de apoyo a la rehabilitación”. Es decir, que los fondos europeos costearían que las comunidades autónomas, por las que deberán pasar los programas, puesto que tienen las competencias en vivienda transferidas, pongan en marcha ventanillas únicas de rehabilitación para acelerar los trabajos. También para financiar la elaboración de proyectos técnicos y el libro del edificio existente, un documento que exprese las condiciones del inmueble y que se vaya actualizando conforme se realizan obras.

Sobre la firma

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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