Carlos Pérez Anadón: “Se ha llegado a unos niveles de interinidad insoportables en la Administración”

El político socialista defiende que se tenga en cuenta el coste real de los servicios de cara a la reforma del sistema de financiación autonómico

Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón, el jueves pasado en Zaragoza.
Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón, el jueves pasado en Zaragoza.Carlos Gil-Roig

Carlos Pérez Anadón (Fuentes de Ebro, 63 años) lleva toda su vida en política. Funcionario de carrera, ha desempeñado distintos cargos con el PSOE. Entre ellos, delegado del Gobierno en Aragón y presidente de la confederación Hidrográfica del Ebro. Tras años vinculado al Ayuntamiento de Zaragoza, en 2019 se le presentó un nuevo reto: dirigir la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el Gobierno de Javier Lambán. En una entrevista en la sede de la consejería, afirma que los niveles de interinidad en el sector público “no son soportables”. Reclama que se tenga en cuenta el coste real de los servicios de cara a la reforma del sistema de financiación autonómico y confía en que los fondos europeos fomenten la cohesión territorial. “Podría entender que una petroquímica tenga que estar cerca de un puerto, ¿pero por qué una farmacéutica no puede estar en Teruel?”, zanja.

Pregunta. ¿Por qué aplazaron la recepción de los fondos para las ayudas directas a empresas?

Respuesta. Planteamos al Ministerio de Hacienda la posibilidad de solicitarlos conforme los fuésemos necesitando. Y queríamos conjugar dos cosas. Habíamos planteado antes una ayuda a la hostelería, de 50 millones, junto con diputaciones y municipios. Queríamos acompasarla con la del Gobierno central y ver cómo se comportaba. También simplificamos el decreto y ampliamos los CNAE de 95 a 491, excluyendo solo aquellos de sectores que teníamos la seguridad de que en la pandemia les había ido mejor.

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P. ¿Cuándo llegará el dinero a las empresas?

R. Lo que tiene que hacer cualquiera es cumplir con las obligaciones que se plantean. Damos el tiempo necesario: del 19 de julio al 10 de septiembre. Entendemos que es mejor ver primero la foto global, también para saber hasta dónde podemos llegar. A partir de septiembre tendremos un tiempo de evaluación, que puede ser hasta final de mes, primeros de octubre, sin agotar los plazos que son finales de año.

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P. ¿Las ayudas llegan tarde?

R. Creo que el Gobierno fue periodificando una serie de ayudas estructuralmente importantes, como son los ERTE, y al final vio la necesidad de dar también ayudas directas. Y no nos engañemos: estamos cabalgando una situación muy poco científica a la hora de poder planificar. Están subiendo los contagios entre los jóvenes, aquí y en el resto de España. Se podrá opinar sobre si las ayudas se dieron pronto o tarde, pero no sobre el hecho de que se ha encarado la crisis, por parte del Gobierno y de las instituciones europeas, de una manera muy diferente con respecto a otras.

P. ¿Lamenta que las comunidades no fueran consultadas?

R. Hay una posición un poco esquizoide. Creo que la cogobernanza es muy complicada sin lealtad institucional. El decreto no planteaba la posibilidad de ampliar los sectores beneficiarios. Todas las comunidades, también nosotros, pedimos que se cambiara. Nos dieron la posibilidad y hay comunidades que los han ampliado muy poquito. Es bastante curioso.

P. Ha descartado una subida fiscal en 2022.

R. Confiamos en que la recuperación de Aragón esté por encima de la media. También tenemos un acuerdo de gobierno donde se habla de no subir la presión fiscal por encima de la media. Creo que es más prudente ver antes cómo se posa la recuperación. Y de cara a la reactivación económica, creo que tenemos un plus: una mesa de la recuperación donde están todas las fuerzas políticas excepto Vox, que se autoexcluyó, los sindicatos, la patronal y la Federación Aragonesa de Municipios. Creímos que la salida de la crisis no podía estar solo consensuada dentro del Gobierno regional, por mucho que sea un cuatripartito.

P. ¿Qué pasará con las liquidaciones negativas?

R. Será elemento de debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que nadie se imagina un corte tan estructural. Soy nuevo en este campo, pero los primeros presupuestos los elaboré con una serie de a priori fijos, y uno de ellos era la anualidad que seguimos pagando de 2008. Tampoco hay que tomarlo como una maldición bíblica. Es la realidad. Otra cosa es cómo somos capaces de gestionarlo y de no ahogar lo que creo que es una constante en las comunidades de régimen común: un déficit estructural en los presupuestos debido fundamentalmente a la prestación de servicios, por no ir ya a las peculiaridades que tenemos algunas comunidades.

P. ¿Cómo reformaría el sistema de financiación autonómico?

R. No habrá reforma si no crece la cesta.

P. ¿Tiene una cifra en la cabeza?

R. Sin hablar de una cantidad exacta, lo que se ha demostrado con el fondo covid de 16.000 millones es que una buena parte de las comunidades hemos acabado con superávit. Es una referencia. ¿A qué lleva? A que es necesario que la bolsa crezca. Dicho esto, desde Aragón reclamamos que la financiación autonómica se acerque mucho más al coste real de los servicios.

P. ¿Cómo?

R. Somos una comunidad con características imposibles de encontrar en otras: tenemos 1,3 millones de habitantes, 731 municipios y el 50% de la población en uno solo de ellos. Esto ha generado una economía bastante pujante, pero con un gran desequilibrio. El 95% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes, donde está la práctica totalidad de los centros educativos y el 17% de la población. Un centro de salud en Orcasitas o Vallecas (Madrid) es infinitamente más eficiente que en un municipio de Aragón con una densidad desértica, de 4,4 habitantes por km². La pregunta es: ¿el ciudadano de esos municipios tiene derecho a un centro de salud y a una serie de prestaciones básicas? Yo creo que sí, pero no se pueden tener las mismas ratios de eficiencia. Creo que el coste real de los servicios es algo a tener muy en cuenta, si no la solución es otra. Ya pasó en la época del franquismo: se despobló buna parte de las comunidades en favor de otras.

P. Han aprobado una reforma para que la comunidad se quede con los depósitos bancarios y los inmuebles abandonados.

R. Es una posibilidad que nos da el derecho foral aragonés. Son bienes que iban directamente al Estado. La idea es que en cuanto lo pongamos en marcha hablemos con los municipios para llegar a una serie de acuerdos. Lo mismo con los bienes abintestatos. Si tiene una rentabilidad, que sea también para el territorio.

P. Hablando de sucesiones, Aragón es una de las comunidades con los tributos más altos.

R. Yo no estaba en el Gobierno entonces, pero ya se hizo una rebaja importante en 2018, cuando vimos que todas las demás comunidades empezaban a tener una serie de pulsiones que nos generaban problemas.

P. ¿Habla de traslados ficticios?

R. Y reales. A partir de cierta cantidad sale a cuenta, y eso no puede ser.

P. Pero el riesgo es que se instale una competencia hacia el cero.

R. Por eso se habla de armonización. Entiendo que haya impuestos con una cierta diferenciación, pero en otros hay que tener un componente fijo igual en todos los sitios. Ahí me fiaría mucho de lo que está haciendo el grupo de expertos. La reforma fiscal es clave.

P. ¿Qué opina del abuso de temporalidad en el sector público? ¿Qué han hecho para reducirla?

R. Lo que hicimos desde que llegué fue convocar todo lo que había pendiente desde 2017. Se ha llegado a unos niveles de interinidad en la Administración que no son soportables. Hay dos bloques distintos: la Administración General del Estado y luego la educación y sobre todo la sanidad, donde está el problema grande. Creo que hay que discutir mucho más de cómo debería ser en el futuro la cartera de servicios de la Administración.

P. ¿Cuánto dinero espera captar Aragón de los fondos europeos?

R. De momento es imposible decirlo. Ahora puede haber seguros en torno a 1.000 millones.

P. ¿Qué proyectos tienen?

R. Algunos de electromovilidad, otros vinculados al desarrollo de la industria médico-farmacéutica y algunos ligados a lo que creemos que son los factores de desarrollo más especializado de la comunidad, como la logística. En estos momentos, por ejemplo, las inversiones de Amazon tienen muchísima importancia. Desde aquí vamos a servir a la práctica totalidad del sur de Europa con tres centros de datos en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca. En renovables y en agroalimentación también tenemos apuestas importantes.

P. ¿Estos fondos van a fomentar la cohesión territorial?

R. Decididamente. Con lo que ha cambiado el mundo, podría entender que una petroquímica tenga que estar cerca de un puerto, ¿pero por qué una farmacéutica no puede estar en Teruel? Pongo otro ejemplo: ¿qué pinta creciendo todavía Barajas como aeropuerto de carga, con unos corredores logísticos saturados, cuando en Zaragoza tenemos el segundo aeropuerto de carga de España y vocación de ser el primero? Habrá que empezar a pensar dónde es más eficiente hacer cada cosa.

P. No sentó bien el anuncio de la fábrica de baterías en Barcelona.

R. Nosotros estamos luchando por que vengan. Creemos que nuestra situación es privilegiada. Estamos a 300 kilómetros de Valencia, donde hay una planta de automóviles, a 300 de Barcelona, donde hay otra, a cero de Zaragoza, donde hay otra. Tenemos a Bilbao, y en medio a Pamplona y Vitoria, donde hay otras plantas. Estamos a 300 kilómetros de Madrid. Creemos que tenemos una ubicación lo suficientemente potente.

Sobre la firma

Laura Delle Femmine

Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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