G-20
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Agujeros en el acuerdo fiscal global

El sistema pactado en el G-20 y la OCDE para que las multinacionales paguen más impuestos ha despertado esperanza y, a la vez, serias objeciones

La secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, en una rueda de prensa tras la reunión del G-20 en Venecia.
La secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, en una rueda de prensa tras la reunión del G-20 en Venecia.Luca Bruno (AP)

El acuerdo sobre la fiscalidad de las multinacionales alcanzado en Venecia ha despertado lógicas esperanzas. Supone un punto de inflexión en la carrera a la baja en el pago de impuestos de las grandes compañías de los últimos 40 años. El sistema acordado en el G-20 y la OCDE, pendiente de su aprobación definitiva, ha suscitado, no obstante, serias objeciones a autoridades como el premio Nobel, Joseph Stiglitz, el economista Thomas Piketty, a los países en desarrollo y a las organizaciones que pelean por la justicia fiscal como Oxfam.

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Stiglitz sostiene que un gravamen mínimo del 15% a las multinacionales es un paso importante, pero se aleja del triunfalismo: “El intríngulis está en los detalles”. El profesor Piketty ha señalado que se trata de “un verdadero permiso para defraudar a los actores más poderosos”. Precisa que para las pequeñas empresas y las clases populares es imposible crear una filial para deslocalizar sus beneficios en un paraíso fiscal.

La realidad es que la concentración empresarial ha aumentado el poder de las corporaciones para evadir impuestos. El informe Justice fiscale. État des lieux de varias entidades (Global Alliance for Tax Justice y Tax Justice Network, entre otras) revela que los abusos fiscales internacionales cuestan cada año 427.000 millones de dólares (359.000 millones de euros) a los Estados, que les impiden financiar servicios. Las mayores pérdidas, unos 206.000 millones de euros, son transferencias de las multinacionales a los paraísos fiscales.

El compromiso del G-20 y la OCDE contiene dos partes. El Pilar I pretende distribuir los impuestos que pagan las multinacionales entre los países en que operan. Pero la regla solo se aplica a corporaciones con ventas superiores a 20.000 millones de dólares (16.840 millones de euros), a los beneficios superiores al 10% y, lo peor, solo se aplica a una parte de los mismos (entre el 20% y el 30%). Solo afectaría a 78 compañías y se redistribuirían unos 73.000 millones de euros. Los bancos han sido salvados de esta regla. Amazon quedaría exenta por obtener unos beneficios inferiores al 10%, por lo que se estudia aplicar la norma a sus filiales que los obtienen. Según Oxfam las multinacionales afectadas solo distribuirán entre el 1% y el 1,5% de sus beneficios en ciertos mercados donde actúan.

El Pilar 2 establece un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios obtenidos a las compañías cuyas ventas superen los 750 millones de dólares. Tras aplicar las exenciones previstas, el tipo fiscal que pagarían en determinados países sería del 3,2%. Los 38 países del Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF), que solo reciben un 3% de los ingresos, han pedido que el tipo mínimo sea al menos del 20%. Francia había solicitado el 25%.

Para Oxfam, el acuerdo “puede aumentar los ya grotescos niveles de desigualdad del sistema fiscal internacional”. Susana Ruiz, investigadora de la organización, precisa que “un acuerdo tan deficiente sería muy injusto, porque ha exigido ocho años de negociaciones y quedará para mucho tiempo”. La justicia fiscal global está muy lejos.

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