El fisco estrecha el cerco sobre las criptomonedas

La nueva ley antifraude dispara el número de consultas. “El riesgo es tener el dinero en el banco, no en bitcoins”, responde un inversor en divisas digitales

Una mujer usa un cajero de bitcoins en Barcelona en febrero de 2021.
Una mujer usa un cajero de bitcoins en Barcelona en febrero de 2021.Cesc Maymo (Getty Images)

A Javier Pastor no le dan miedo esos días negros en los que un simple mensaje de Twitter escrito por el magnate Elon Musk puede hundir la cotización del bitcoin. Tampoco parece inquietarle que la criptomoneda más famosa del mundo —ahora en torno a 33.800 dólares— haya perdido casi la mitad de su valor desde que hace tres meses superara la barrera de los 60.000 dólares. Ni los avisos de inestabilidad que periódicamente lanzan organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España. A este licenciado en Administración de Empresas y Marketing que entró en 2017 en contacto las criptomonedas lo que le provoca una desconfianza mayúscula es el sistema financiero que durante siglos se ha encargado de canalizar el ahorro de los ciudadanos. “Para mí lo auténticamente arriesgado es tener el dinero en un banco. Me parece una forma de perderlo”, asegura este enamorado del nuevo credo monetario desde la terraza de una cafetería del centro de Madrid.

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Pastor, de 36 años, que dice invertir en bitcoins el 90% de sus ahorros y el 10% sobrante en otras criptomonedas, es un caso muy particular. Pero cada vez menos. Estos activos no han logrado convertirse en divisas de pago habitual ni en un instrumento masivo de depósito de valor. Y los planes de diversos bancos centrales de lanzar sus propias monedas digitales amenazan su reino. Pero es innegable que, pese a las críticas de los reguladores, lo que hace años parecía una excentricidad de una minoría de apasionados por la tecnología se ha extendido hasta ser habitual en muchas carteras de inversión. Y todo apunta a que esta tendencia no va a esfumarse.

De la mano del creciente interés de inversores de muy distintos tipos —de jóvenes que destinan unos cientos de euros para experimentar el vértigo de los vaivenes del bitcoin a grandes fortunas a la caza de fuertes rendimientos—, las autoridades fijan cada vez más su atención en este mundo. En la consultora PwC admiten un aumento “exponencial” en los últimos meses de clientes con consultas sobre las implicaciones fiscales de los criptoactivos.

La aprobación de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, que obliga a las plataformas de compraventa de estas divisas digitales a colaborar para prevenir el fraude, ha disparado el número de consultas. María Sanchiz, socia responsable de Empresa Familiar de PwC, asegura por videoconferencia: “Asesoramos a clientes con plusvalías relevantes, de más de 100.000 euros. Son personas que invirtieron hace tiempo y han obtenido ganancias muy importantes o bien grandes patrimonios que empiezan a invertir en criptomonedas como bien alternativo para diversificar su cartera”.

Tarea detectivesca

Sanchiz explica a sus clientes que deben emprender una tarea casi detectivesca para reconstruir las operaciones que han reportado esas ganancias y despejar así las sospechas de que esos fondos procedan de actividades ilícitas. “Mucha gente cree que solo hay que declarar lo obtenido con las criptomonedas al cambiarlas a euros o a otra divisa de curso legal. Pero cualquier cambio entre estos activos, por ejemplo de bitcoin a ethereum, ya supone un incremento patrimonial que hay que declarar”, detalla esta experta. Si las ganancias obtenidas proceden de los últimos cuatro años, el tratamiento fiscal será similar al del cambio de divisas, por ejemplo, de dólares a yenes. Y ahí se aplicaría un tipo de entre el 19% y el 26%.

Si se puede probar que las plusvalías son más antiguas, Hacienda las podría considerar prescritas. Pero ahí el inversor puede encontrarse con un problema: que el fisco no se conforme con las pruebas aportadas y lo considere un incremento no justificado de patrimonio, lo que supondría un gravamen con tipos marginales superiores al 45%. “Aconsejamos a nuestros clientes que aporten todas las pruebas posibles para demostrar que los fondos no proceden de actividades ilícitas y justificar las plusvalías. En la inmensa mayoría de los casos, los beneficios se van a invertir en bienes como inmuebles, que necesariamente van a tener que inscribirse. Y ahí el Estado siempre tendrá la información necesaria para preguntarte de dónde proceden esos fondos”, concluye la socia de PwC.

Más allá de la regularización de los beneficios con Hacienda, Pablo Fernández Burgueño, abogado de PwC Tax and Legal, alerta de por dónde puede ir la próxima fuente de preocupación de este tipo de inversores: qué pasaría si mueren sin haber dejado claro dónde están las claves para acceder a sus fondos. “Conozco personas con grandísimas cantidades de dinero en criptomonedas. Y su mayor preocupación es cómo asegurarse de que estos criptoactivos pasen a sus herederos. Algunos han grabado las claves privadas en placas metálicas y las han dejado depositas en las casas de sus padres. Otros han declarado en el notario la mitad de su clave privada y la otra mitad la han dejado a un familiar. Estamos hablando de personas con cientos de miles o millones de euros que quieren asegurarse de que sus fondos sigan siendo accesibles”, concluye.

Advertencia

El Banco de España y la CNMV publicaron en febrero una nota conjunta en la que advertían del alto riesgo inherente a este tipo de inversiones por su volatilidad, complejidad y falta de transparencia. Pese a reconocer que las criptomonedas pueden dinamizar y modernizar el sistema financiero, los dos organismos alertaban de la falta de un marco regulatorio europeo. Y recordaban que ni tienen la consideración de un medio de pago, ni cuentan con el respaldo de un banco central y que tampoco están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.

La ley antifraude, publicada en el BOE el pasado 10 de julio, introduce la obligación de suministrar información sobre los saldos de los titulares de monedas virtuales, así como acerca de las operaciones con estas divisas. “Hasta ahora”, explican fuentes de la Agencia Tributaria, “las actuaciones sobre criptomonedas partían de requerimientos específicos a entidades, lo que implicaba un hilo previo del que tirar. Ahora contaremos con un suministro de información permanente y homogéneo”. En la CNMV confían en que esta ley reduzca el riesgo de blanqueo y destacan la importancia de que la norma “unifique y coordine” el régimen europeo. “Pero no tiene relación con la regulación de inversiones en criptoactivos, ahora en discusión en la UE”, matizan las fuentes consultadas.

Javier Pastor insiste en que la llegada de este mundo va a cambiar las relaciones con el dinero tal y como las conocemos. Frente a los que critican la opacidad y el alto riesgo de las criptomonedas, él destaca sobre todo la transparencia de un universo como el del bitcoin, que no depende de ningún organismo centralizado. Y recuerda además que en los últimos años se ha revalorizado un 200% anual, un porcentaje imbatible con cualquier otro tipo de inversión. “Pero esto no es lo que a mí me ha interesado más. El dinero es una herramienta de poder. Y la tecnología que está detrás de las criptodivisas te garantiza que nadie va a controlar tus inversiones, que no vas a depender de un banco central que nadie sabe a qué intereses obedece”, concluye, admitiendo con una sonrisa que su discurso puede sonar algo conspiranoico.

Sobre la firma

Es jefe de sección de Internacional. Antes fue jefe de sección de Economía y corresponsal en Berlín y Bruselas. Desde 2007 ha cubierto la crisis inmobiliaria y del euro, el rescate a España y los efectos en Alemania de la crisis migratoria de 2015, además de eventos internacionales como tres elecciones alemanas o reuniones del FMI y el BCE.

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