Podemos urge al Gobierno a actuar por decreto contra la subida de la luz

El PP propone que el Estado asuma costes de la factura que abonan los consumidores

Torres de alta tensión en Madrid.
Torres de alta tensión en Madrid.J.J. Guillén (EFE)

La disposición de la parte socialista del Gobierno a aceptar una de las demandas de Unidas Podemos, la creación de una empresa pública hidroeléctrica, no ha colmado ni mucho menos las reclamaciones del socio minoritario del Ejecutivo. Unidas Podemos ha redoblado la presión para que el Gobierno responda con urgencia a la desbocada subida de la factura de la luz. La formación izquierdista reclama a los socialistas recurrir a la vía del decreto ley para poner en marcha de inmediato algunas medidas ya anunciadas para reducir las bonificaciones a las eléctricas. La insistencia de Unidas Podemos acabó provocando un choque con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien tachó de “demagogia barata” algunas opiniones del portavoz parlamentario de sus socios, Pablo Echenique.

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El Gobierno anunció en mayo dos medidas con el propósito de rebajar la factura de la luz. Una era la reducción de las bonificaciones a las nucleares y las hidroeléctricas, los llamados beneficios caídos del cielo, y otra la creación de un Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, un modo de retirar del recibo al consumidor las primas a las renovables y de comprometer a las compañías en su financiación. Ambas se van a tramitar como proyecto de ley y tanto Unidas Podemos como otros apoyos a la izquierda del Ejecutivo piden que se aplique ya como decreto. “Este Gobierno ha aprobado por decreto cosas bastante menos urgentes”, critica Héctor Tejero, de Más País.

El secretario de Estado de Derechos Sociales y principal economista de Podemos, Nacho Álvarez, también pide a la parte socialista la aplicación inmediata de ambas medidas. Una de ellas, la retirada de las retribuciones que reciben la nuclear y la hidroeléctrica a cambio de nada, tendría efectos “inmediatísimos”, subraya Álvarez, ya que, según los cálculos del propio Gobierno, retiraría de golpe una carga de 1.000 millones anuales del recibo de la luz. Las consecuencias de la segunda medida, el Fondo de Sostenibilidad, serían más a largo plazo. Los objetivos iniciales del Ejecutivo con esa medida son rebajar la factura un 13% en cinco años.

Con tono diferente del de Álvarez, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también ha insistido en su presión al Gobierno y en reclamarle que actúe por la vía del decreto. Sin citarlo directamente, la ministra Ribera señaló en La Sexta que es “demagogia barata” crear “la falsa expectativa de que esto se puede resolver con un decreto ley”.

Unidas Podemos argumenta que la desenfrenada subida de estos días hace “impostergable”, según Nacho Álvarez, abordar la reforma del mercado energético para “defender los intereses de los ciudadanos frente al oligopolio”. “No podemos esperar más”, alega el socio minoritario del Gobierno. “Ya lo dijimos con Filomena”. El sistema de subasta de energía, el llamado en la jerga “mecanismo marginalista”, que en la práctica provoca que todas las fuentes acaben cotizando siempre al precio de la más cara, proviene de una regulación europea, pero Álvarez cree que la experiencia de otros países demuestra que hay margen para actuar. Propone una retribución fija a la nuclear, como en Francia, y la formalización de contratos con precios máximos para las hidroeléctricas.

Unidas Podemos y los grupos de izquierda saludan la posible creación de una empresa pública que reclamaban desde hace tiempo. “Pero eso no es solución a corto plazo para bajar los importes”, reconoce Joan Capdevila, de ERC. En grupos como el catalán o Más País admiten que el margen de maniobra para actuar de inmediato es muy escaso. “La subasta depende de Europa: pues que se arremanguen y vayan a decirles que no puede ser”, comenta Capdevila. “El problema”, apunta Tejero, de Más País, “es que reformar el mercado energético nunca ha sido prioritario para ningún Gobierno. Y luego te pilla el toro y ya no puedes actuar”. Más País y ERC también creen que esa reforma es lo más urgente. “Renacionalizar las eléctricas no es lo importante”, opina Tejero.

Las soluciones del PP

La subida del precio de la luz no es un asunto que podía dejar pasar Pablo Casado en su implacable oposición al Gobierno. El líder del PP lleva días golpeando al Ejecutivo y este viernes comenzó el día comentando irónicamente en Twitter la noticia de la posible creación de una empresa pública que asuma las concesiones hidroeléctricas caducadas: “Exprópiese...”. Horas después, en declaraciones a este periódico, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, reaccionaba de forma idéntica: “Esto me recuerda al ‘exprópiese’ de Chávez”.

Al lanzar propuestas para abordar el problema, el PP se distancia de otros grupos que abogan por una reforma a fondo del actual marco energético, diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy. La principal idea de los populares, además de las rebajas de impuestos, es trasladar a los Presupuestos Generales del Estado costes que ahora se reparten entre los consumidores en la factura de la luz. Guillermo Mariscal, responsable del área de energía del Grupo Parlamentario Popular, propone que sea el Estado quien asuma el coste de la compensación por el llamado déficit tarifario y por los transportes a las comunidades isleñas y las ciudades autónomas. En el primer caso, destaca, se trata de unos 2.600 millones de euros anuales hasta 2029. De este modo, según Mariscal, se conseguiría “reducir un 10% la factura rápidamente”. El propio Casado ya esbozó su filosofía días atrás: “Que el consumidor pague solo por el coste de la energía consumida”.

Mariscal insiste en que su partido ya propuso hace tiempo un pacto de Estado por la energía y acusa al Gobierno de ignorar por completo a la oposición. “No nos han llamado ni una vez”, asegura. “Nuestras propuestas las llevamos al Congreso en una proposición de ley. Podían haber aceptado discutirla, aunque fuese para cambiar su contenido. Pero el Gobierno y la izquierda se negaron a tramitarla”.

El PP dice que el proceso de descarbonización es un objetivo compartido con el Gobierno, pero lo acusa de ir demasiado rápido. Mariscal critica que el Ejecutivo no actuase antes viendo cómo se disparaban los costes del gas y de las emisiones de CO₂. “La ministra Ribera actúa más por la ideología que atendiendo a la realidad del país. Tiene que saber que otros países como Alemania aún tienen carbón y que Francia cuenta con la alternativa de las nucleares. Nosotros, no”, señala Mariscal, quien responsabiliza al Ejecutivo de crear las condiciones para “esta tormenta perfecta”.

Ciudadanos rechaza de plano la principal propuesta del PP. “Trasladamos el coste de los consumidores al Estado, como si el Estado no fuese de nadie”, rebate Edmundo Bal. “El Estado es de todos y lo pagaremos igual con más impuestos o menos servicios”. Tampoco se declara de acuerdo con Casado en que solo se abone la energía consumida. “También hay que pagar la distribución”. Su grupo insiste en la bajada de impuestos que engordan la factura, aunque la rebaja del IVA que ha entrado en vigor apenas compensa ya la gran subida de los precios.

Otra diferencia con el PP de la formación liberal es que esta también aboga por una nueva regulación del mercado. Bal recuerda que el actual Ejecutivo no ha tocado el que heredó de la época de Rajoy. Sobre la idea de una empresa pública, es tajante: “Es un disparate. Yo he estado en consejos de empresas públicas y he conocido todos sus defectos e ineficacia”.

Vox, como toda la oposición, también está haciendo del precio de la luz uno de sus grandes argumentos contra el Gobierno. Sus propuestas, más inconcretas, se centran sobre todo en una de sus fórmulas favoritas: rebajas drásticas de impuestos. El partido de Santiago Abascal, instalado en el negacionismo climático, también aprovecha para atribuir la situación a la “ideología globalista” del Gobierno y su política en favor de las energías limpias. Vox propone, en cambio, persistir en las fuentes tradicionales.

Sobre la firma

Xosé Hermida

Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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