El Gobierno pagará unos 350 millones a las autonomías si baja el impuesto de la luz

Teresa Ribera prevé aprobar este martes el plan de medidas para abaratar el recibo

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Senado.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Senado.Europa Press

La espiral alcista del precio de la electricidad, con una cotización para este viernes que supera por primera vez en la historia los 150 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, eleva la presión sobre el Gobierno para que actúe para abaratar el precio de la electricidad. El Ejecutivo ultima las medidas del plan de choque para cumplir con el compromiso lanzado por el presidente Pedro Sánchez de que la factura eléctrica al final de este año no sea mayor que la de 2018.

El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros del martes el paquete de medidas para abaratar el recibo de la luz. El ministerio está revisando “los elementos fiscales” sobre los que tiene margen. El pasado mayo ya redujo de forma temporal el IVA del 21% al 10% y suprimió hasta diciembre el impuesto de generación eléctrica, del 7%, que pagan las compañías energéticas y repercuten al consumidor. El tercer impuesto sobre el que puede actuar es el que grava el recibo de la luz con una tasa del 5,11%. Fuentes gubernamentales reconocen que es una de las medidas que está sobre la mesa, pero insisten en que el paquete final aún no está decidido. El tributo que recae sobre el recibo de la luz es un impuesto estatal, pero cedido a las comunidades autónomas. Hacienda recauda y reparte los ingresos entre los territorios. Por eso, cualquier transformación que realice tendrá que negociarla con las autonomías y deberá ir acompañada de alguna compensación.

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconoció esta semana en una jornada sobre Las ciudades españolas ante el reto de la neutralidad climática celebrada el pasado miércoles en el Senado, que se está “trabajando en todas las medidas posibles y una de las posibilidades que hay es trabajar sobre esta hipótesis y que haya elementos fiscales que tengamos que retocar, aunque sea de manera provisional” dijo, en referencia a ese impuesto del 5,11%. “Todavía es pronto, hasta que no tengamos la propuesta de conjunto”, añadió la vicepresidenta, que reseñó, no obstante, que será en próximas semanas “porque es muy importante para las familias y la industria”.

Asimismo, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, admitió el mismo día que el Gobierno se plantea una nueva rebaja fiscal sobre el recibo de la luz para la última parte del año. Tanto Calviño como Ribera reiteraban el compromiso adelantado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que en 2021 la factura media de la luz sea igual a la del 2018. El propio Sánchez también habló el miércoles de la puesta en marcha de medidas fiscales para frenar el impacto del precio mayorista en el recibo de la luz.

A pagar en dos años

El impuesto está armonizado en el conjunto de la UE, por lo que la capacidad de maniobra del Gobierno es limitada. Pero las normas europeas permiten bajar a un mínimo (0,5 euros por megavatio en usos profesionales y un euro en usos no profesionales). Es decir, podría rebajarse hasta esa cantidad, pero obligaría a buscar compensaciones para las comunidades autónomas, que son las que lo ingresan.

En 2019 se recaudaron por este tributo 1.376 millones (en 2020 fueron 1.237 millones, pero al ser un año anómalo por la pandemia, es mejor referencia el año anterior, explican fuentes gubernamentales). De acuerdo a las palabras de las vicepresidentas, podría deducirse que el Ejecutivo podría actuar de forma inmediata, por lo que se estaría hablando de un impacto de tres meses o tres meses y medio, es decir, se dejaría recaudar alrededor de 350 millones de euros, una cuarta parte de esos cerca de 1.400 millones que se ingresan al año. Y eso, si la supresión no se alarga más allá de fin de año. Esa sería la cantidad que el Ejecutivo tendría que reintegrar a las autonomías.

El reintegro a los gobiernos regionales no sería automático. Se produciría dentro de dos años, en 2023 cuando se aplique la liquidación definitiva del sistema de financiación de este año. Las comunidades reciben cada mes unos anticipos a cuenta del sistema de financiación, con la previsión de ingresos previstos, y dos años después, cuando se cierre contablemente el ejercicio, se liquida el sistema.

Al margen de actuar sobre los impuestos, el Gobierno también estudia tomar medidas sobre los cargos que se aplican en la tarifa (incentivos a las energías renovables, los costes extrapeninsulares y la anualidad que se paga para reducir el déficit tarifario), que junto a los peajes (costes del transporte y distribución) y en situaciones normales suponen en torno al 55% del precio final (con el aumento del precio de la energía, ese porcentaje se ha reducido a un 35%, aproximadamente). Al respecto, las fuentes del Ejecutivo sostienen que también está en estudio.

Pero el principal frente que maneja el Ejecutivo es bajar o suprimir los impuestos que se cargan en la factura de la luz, que son tres: dos directos, el impuesto de la electricidad y el IVA, y uno indirecto, el impuesto sobre la generación que luego las eléctricas repercuten en el recibo. Sobre los dos últimos ya ha tomado decisiones de forma temporal. Ahora, además de tener abierta la posibilidad de ampliar esas medidas más allá de enero, también se plantea aplicar una rebaja temporal sobre el impuesto especial en la última parte del año.

Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda

Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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