16 semanas de infarto para la política económica

El Gobierno tiene ya comprometido el 41% de los 24.000 millones en fondos europeos previstos para este año y ha de avanzar en 16 leyes comprometidas con Bruselas antes de que acabe 2021

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el primer Consejo de Ministros tras el parón estival.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el primer Consejo de Ministros tras el parón estival.Fernando.Calvo (Moncloa/EFE)

El Gobierno encara una agenda económica muy intensa de aquí a final de año. Sobre la mesa tiene las reformas comprometidas con Bruselas, la aprobación de los Presupuestos, la prórroga de los ERTE y su conversión a una estructura permanente, los cambios para bajar el precio de la luz, la subida del salario mínimo, desatascar las ayudas a empresas y ejecutar a tiempo los fondos europeos. Y todo ello en 16 semanas frenéticas con difíciles equilibrios parlamentarios.

Gastar las ayudas europeas es una prioridad. En las últimas fechas se ha pisado el acelerador. Según los últimos datos de Hacienda, de los 24.000 millones dispuestos para este año, ya está comprometido el 41%, autorizado el 46% y realizado el pago del 18,7%. Aunque buena parte va a las comunidades y estas todavía tienen que gastarlo, el retraso no preocupa tanto en la medida en que estos fondos se pueden desembolsar en varios años. Dicho esto, a partir de diciembre de 2022 se dejará de poner el foco en las reformas para, en su lugar, comprobar que los recursos se están gastando y que se cumple con los objetivos. Y se trata de unos objetivos muy exigentes. Por esa razón, el Gobierno tiene el enorme reto de arrancar y engrasar la maquinaria de gasto, esencial para dar un impulso a la recuperación.

Dos reformas complicadas

Para poder recibir esos fondos de Europa, es imprescindible cumplir con las reformas. Según figura en su plan normativo, en este cuatrimestre el Gobierno tiene que avanzar en 16 proyectos con rango de ley. Toca a uno por semana. Una de las iniciativas que encara más escollos es el mecanismo de equidad intergeneracional, un sistema para evitar que la jubilación del baby boom —la generación nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX— sobrecargue las pensiones. Respecto a este mecanismo, el ministro Escrivá señaló que implicaría un pequeño ajuste o tener que trabajar más tiempo. Sin embargo, al día siguiente tuvo que recular. Su legislación estaba comprometida con la UE para 2022 en sustitución del llamado factor de sostenibilidad, una fórmula que aprobó el PP, cuya entrada en vigor había sido pospuesta y que recortaba las prestaciones en función del aumento de la esperanza de vida. Pero los sindicatos se empeñaron en que este factor se eliminase ya. Ni Bruselas ni la CEOE querían que se suprimiese el factor de sostenibilidad sin poner otro que lo sustituyese. Así que el acuerdo con los agentes sociales dice que patronal y sindicatos tienen que consensuar para el 15 de noviembre el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que reemplazará al factor de sostenibilidad.

Si no lo hacen, según consta en el acuerdo, el Gobierno legislará solo. Fuentes del Ejecutivo asumen que este escenario es posible. Tendrán que tramitarlo en muy poco tiempo junto a las revalorizaciones con el IPC para poder aprobarlo a finales de año en un contexto parlamentario que hace adivinar bloqueos y tensiones.

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La otra reforma que afronta una negociación complicada es la laboral. Ahora mismo parece inconcebible que la CEOE respalde la actual propuesta de Trabajo, que según fuentes de la patronal restringe la temporalidad, la subcontratación y la flexibilidad interna. Estas aseguran que si se modifica el artículo 41 en los términos que plantea el Gobierno implicaría una contrarreforma de la legislación de 2012. Así que la patronal intenta buscar fórmulas alternativas para rebajar la temporalidad y mejorar el empleo juvenil sin que haya un impacto en la contratación. El equipo de Yolanda Díaz tiene mucha labor por delante para conseguir un acuerdo en esta materia. El documento firmado por los líderes europeos para conceder los fondos dice: “Los cambios no resultarán en obstáculos desproporcionados para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad”. También deja claro que la reforma debe contar con el visto bueno de la patronal.

Trabajo y Seguridad Social tendrán que pactar con los agentes sociales la prórroga de los ERTE, que vencen el 30 de septiembre. Esta se plantea solo para los sectores que lo precisen y servirá para ensayar los nuevos ERTE estructurales, cuya financiación está aún por resolver.

Todos los días tendrán su afán. Ante la fuerte escalada en el precio de la electricidad, el presidente Sánchez se ha atado al mástil con la promesa de que este año se pagará lo mismo de luz que en 2018 descontando la inflación. Y en el Ministerio de Transición ponen todos sus esfuerzos para que el martes esté listo el paquete de medidas que debe asegurarlo. Se estudian más rebajas de impuestos, reducciones de cargos, emplear ingresos de las subastas del CO₂ o adelantar la legislación para suprimir la sobrerretribución por los derechos de CO₂. Probablemente ese día se apruebe también, sin el acuerdo con la patronal, la subida del salario mínimo para lo que resta de año.

Presupuestos y una cuantía fija por niño en la renta mínima

Pedro Sánchez ya ha encargado que los Presupuestos se lleven al Consejo de Ministros entre finales de septiembre y principios de octubre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, están negociando el apoyo de Podemos. Aunque la reforma fiscal se hará a partir del informe de expertos que se publicará en febrero, el Gobierno dará algún paso. Podemos pide por ejemplo establecer el mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Además, ha reclamado reforzar el escudo social con una prestación universal por crianza. Aunque la Seguridad Social ya trabaja por su parte en algo distinto: quiere establecer una cuantía fija adicional por niño que se entregará a las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital y otras que estén en umbrales de renta algo superiores.

Se espera una subida con la inflación de pensiones y sueldos de funcionarios para apuntalar el relato de la fuerte recuperación. De hecho, así se reflejaba en el Plan de Estabilidad que se remitió a Bruselas en abril. En estas conversaciones sobre los Presupuestos entrará la ley de vivienda y los límites al precio del alquiler que quiere imponer Podemos en zonas tensionadas. Y las negociaciones para recabar el apoyo de ERC a los Presupuestos cobran una nueva dimensión tras suspenderse la inversión del Prat. Transportes también tiene entre sus prioridades llevar al Consejo de Ministros en primera lectura la ley de movilidad, incluyendo el sistema de peajes para financiar el mantenimiento de las carreteras.

El PERTE agroalimentario

Tras el PERTE del coche eléctrico, Industria prepara un nuevo proyecto estratégico financiado con fondos europeos: el agroalimentario. El ministerio de Reyes Maroto intentará además sacar adelante un plan nacional por la industria.

Y Economía trabaja en la aprobación de varias leyes pensadas para mejorar el clima empresarial: la reforma concursal, la legislación de creación empresarial y la ley para fomentar las start-up (empresas emergentes). En la primera se agilizan los procesos concursales y preconcursales y se facilita la exoneración de deudas. En la segunda se dan más facilidades para crear una empresa. Y en la tercera se crean incentivos para las empresas emergentes, para atraer el talento y para favorecer la inversión. Pese a que se ha pedido a Bruselas una prórroga del marco de ayudas europeo por la covid, Economía no alargará el plazo para dar los 7.000 millones en ayudas a empresas más allá del 31 de diciembre. El motivo es que están presupuestadas para este año, alegan.

Aunque la reforma de la financiación autonómica tardará más, Hacienda probablemente saque antes de que acabe el año una nueva definición de la población ajustada, una variable que pondera la población en función de la superficie, la insularidad o la edad, todos ellos elementos que elevan el gasto para la prestación de servicios. Es decir, cuesta más mantener unos servicios con una población envejecida o que está muy dispersa. Y, por tanto, se ajusta el reparto teniendo en cuenta este tipo de factores. Su definición condicionará el nuevo sistema de financiación de las comunidades.

Sobre la firma

Antonio Maqueda

Periodista de la sección de Economía. Graduado en Periodismo en la Universidad de Navarra y máster por la Universidad de Cardiff, ha trabajado en medios como Cádiz Información, New Statesman, The Independent, elEconomista y Vozpópuli.

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