La autopista más transitada de Galicia encuentra la vía para ser gratuita

La Comisión Europea pone en un brete al Gobierno al declarar ilegal la prórroga de la concesión que otorgó Aznar hasta 2048

Un tramo de la autopista del Atlántico.
Un tramo de la autopista del Atlántico.

Miles de gallegos tienen en la autopista AP-9 casi su segunda residencia. En una comunidad sin tren de cercanías, esta vía de peaje que conecta en paralelo al Atlántico las áreas más pobladas e industrializadas de la comunidad, de Ferrol a Portugal, es recorrida cada día por 25.000 conductores. Sus bolsillos financian últimamente las mayores subidas anuales de tarifas de España. Mientras otras infraestructuras de pago del Estado acaban de ser liberadas o están a punto de hacerlo, la concesión de esta infraestructura gallega a la multinacional Itínere la dejó atada el Gobierno de José María Aznar hasta 2048. La Comisión Europea, sin embargo, acaba de abrir por sorpresa una posible vía para que la gratuidad de esta autopista se adelante a 2023.

Bruselas ha impulsado un procedimiento de infracción contra España porque considera ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 que otorgó Aznar en 2000 y que impide que los peajes desaparezcan dentro de dos años. Las autoridades comunitarias sostienen que aquel alargamiento del contrato por 25 años vulneró las normas comunitarias de la competencia porque se adjudicó sin licitación pública. Aprecia la misma ilegalidad en la prórroga que concedió el Gobierno de Felipe González en 1994 y que imposibilitó que la vía fuese gratuita ya en 2013. La Comisión Europea ha dado dos meses al Gobierno español para presentar alegaciones.

El Ministerio de Transportes no está de acuerdo con el dictamen. Considera “cuestionable políticamente” la prórroga otorgada por Aznar, una “mala decisión política” que va “en la dirección contraria” a lo que defiende el actual Gobierno, que ya ha liberado de peajes más de 1.000 kilómetros de autopistas. Pero, al contrario que Bruselas, sostiene que “se aprobó siguiendo el cauce ordinario legal y las leyes vigentes en España en ese momento, cuando, además, la empresa concesionaria era pública”.

La AP-9 pertenecía efectivamente en 2000 a la Empresa Nacional de Autopistas y fue solo tres años después, tras engordar el negocio de la empresa con varias ampliaciones de contrato, cuando el Ejecutivo del PP impulsó su privatización y fue adquirida por 1.600 millones de euros por un consorcio encabezado por la constructora Sacyr. Actualmente el Grupo Itínere, matriz de la concesionaria Audasa, está en manos de dos fondos de inversión y con la autopista gallega facturaba antes de la caída de tráfico de la pandemia unos 150 millones, con un beneficio neto del 30%.

Si después de las alegaciones el dictamen de Bruselas se hiciera firme y España siguiera sin acatarlo, el conflicto pasaría al Tribunal de Justicia de la UE. Ya hay un precedente. Por una prórroga similar de una autopista sin licitación pública el Gobierno de Italia fue condenado por este tribunal, aunque se resiste a ejecutar el fallo. “Con este precedente, hay posibilidades ciertas de que se acabe dictaminando también en este caso que la prórroga es contraria a derecho”, afirma sobre la AP-9 Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, quien advierte de que, en cualquier caso, el procedimiento sancionador acaba de arrancar.

Huergo explica que las directivas comunitarias sobre contratación pública, que están por encima de la legislación española, “parten de la base de que una prórroga va contra la competencia porque adjudica a dedo” y supone un “falseamiento de la primera licitación”, al modificar a posteriori las condiciones con las que salió a concurso. En concesiones de servicios públicos como el agua, añade el catedrático asturiano, ya hay antecedentes de prórrogas que no se han podido ejecutar por ir en contra de las directivas europeas. En el caso de las autopistas, el alargamiento de las concesiones es además “un regalo”, explica, porque los peajes se fijan para cubrir la construcción y el mantenimiento de la vía y cuando se sigue cobrando más allá de lo estipulado en el contrato inicial se supone que el primero de estos costes ya ha sido amortizado.

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El tirón de orejas de Bruselas a España por la prórroga de la concesión de la Autopista del Atlántico, sobre la que Audasa ha declinado pronunciarse, se produce tras la denuncia presentada en 2019 por la asociación En Colectivo. Su presidente, Diego Maraña, cree que los dos Gobiernos que prolongaron la vigencia de los peajes “perjudicaron” la economía de los hogares y empresas gallegas “en su propio beneficio y en el de la empresa”. La primera extensión del contrato en 1994 fue por diez años y a cambio de que la compañía ejecutase circunvalaciones en las ciudades. Con la de 2000 Audasa construyó como contrapartida nueve kilómetros de vía para unir Fene y Ferrol. “El Gobierno tiene la posibilidad de demostrarle a los gallegos que no somos españoles de tercera y acatar la carta de emplazamiento que le ha enviado Bruselas para que en seis meses tengamos autopista gratuita”, afirma Maraña.

La subida anual de peajes de la AP-9 es causa de indignación general en Galicia. Hasta la Xunta de Alberto Núñez Feijóo pone el grito en el cielo, pese a que parte de esas alzas en el precio las pactó su partido con la concesionaria. A lo largo de 2018 las tarifas se incrementaron casi un 4% y el 1 de enero de 2019 volvieron a crecer cerca de un 3,5%. Fue así porque los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, con dos ministros gallegos de Fomento, permitieron a la concesionaria financiar obras y bonificaciones de peajes encareciendo lo que pagan el conjunto de los usuarios. El aumento solo se podía aplicar cuando estuviesen finalizados los trabajos, pero Rajoy llegó a inaugurar la ampliación del puente de Rande en Vigo un 30 de diciembre sin estar acabada. Tras el acto, Audasa empezó a recaudar más y las obras prosiguieron.

Como parte de las medidas exigidas por el BNG para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, el Ministerio de Transportes ha aprobado varias bonificaciones de peajes en la AP-9 para “mitigar los efectos de las políticas injustas adoptadas por otros Gobiernos”. Este departamento elude valorar si ve factible que la infraestructura sea gratuita en 2023 porque el expediente sancionador de Bruselas “está en un momento muy embrionario”. Evita también “especular” con las indemnizaciones que podría reclamar Audasa. Mientras, otros territorios observan con interés lo que está ocurriendo en Galicia. La AP-66 que comunica Asturias con la Meseta tendría que haber sido liberada de peaje este año, pero sobre ella pesa una prórroga sin licitación pública que impuso también Aznar hasta el lejano 2050.

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