El ex jefe de seguridad del BBVA afirma que la decisión de contratar a Villarejo fue del expresidente Francisco González

Julio Corrochano presenta un escrito al juez en el que señala a varios ex altos cargos del banco como últimos responsables de los encargos al comisario

Francisco Gonzalez (izquierda), expresidente del BBVA, en una imagen de archivo.
Francisco Gonzalez (izquierda), expresidente del BBVA, en una imagen de archivo.KIKE PARA

Julio Corrochano, exdirector de seguridad del BBVA, ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un escrito en el que afirma que “la decisión de contratar a esta empresa”, en referencia a Cenyt, epicentro de la trama societaria del comisario jubilado José Manuel Villarejo, “fue del presidente”, en alusión a Francisco González, imputado desde 2019 en este macrosumario de corrupción policial y empresarial. En el escrito, de 41 páginas, Corrochano también implica en esta decisión al entonces responsable de recursos humanos, Ángel Cano, que luego fue nombrado consejero delegado del BBVA, y afirma que hasta siete departamentos del banco participaron de forma coordinada en esta contratación.

La acusación del exdirectivo coincide con la que hizo la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2020. Entonces el ministerio público acusó a González de contratar “de forma opaca” a Villarejo para el BBVA “a sabiendas de que era un policía en activo”. El juez investiga en la pieza separada número 9 del caso Tándem, el macrosumario abierto para investigar las actividades presuntamente ilegales de Villarejo, los trabajos realizados por el comisario para el BBVA entre los años 2004 y 2017. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos de la entidad financiera, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que el comisario se embolsó un total de 10,3 millones de euros. En esta pieza están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente González, Corrochano y otros exdirectivos, así como el BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y políticos.

En el escrito, Corrochano, que ocupó altos cargos en la Policía Nacional durante su etapa de comisario, detalla que el BBVA decidió contratar los servicios de una empresa de investigación cuando la constructora Sacyr anunció, en 2004, que quería entrar en el capital de la entidad financiera. El exdirectivo asegura que la elegida finalmente fue Cenyt, la empresa de Villarejo, después de descartar a otra agencia de detectives, Kroll, porque esta estaba siendo utilizada, precisamente, por la empresa entonces presidida por Luis del Rivero.

El exjefe de seguridad, que fue el interlocutor entre el BBVA y Villarejo durante los 13 años que este hizo trabajos para la entidad, mantiene en su escrito que nunca supo que Villarejo seguía en activo, y ello a pesar de reconocer que tenía una profunda relación personal con el comisario jubilado, ya que se conocieron en 1974, en San Sebastián, cuando ambos participaban como policías en la lucha contra ETA. “Era inimaginable que la situación de Villarejo fuera la de policía en activo porque tal situación chocaría con las actividades diarias que llevaba a cabo. Su actividad diaria, los viajes, su gestión y dirección de las empresas y la apariencia que exhibía desde sus despachos de Torre Picasso de Madrid”, afirma en el escrito en un intento de evitar la acusación de cohecho.

Junto a González, el exjefe de seguridad del BBVA señala a Ángel Cano, entonces responsable de Recursos Humanos y luego consejero delegado, como participante en la contratación de Villarejo. “El contrato fue redactado por Cenyt [la empresa del comisario] incorporando los cambios sugeridos por el departamento de Asesoría Jurídica del banco. Cano, en aquel momento, también era el supervisor del código de conducta del banco y fue él el que se encargó de la homologación del proveedor y de que el pago de sus facturas se ajustasen al procedimiento establecido en el protocolo del banco”, detalla en el escrito.

Conoce en profundidad todas las caras de la moneda.
Suscríbete

Corrochano insiste en que él “no fijó los términos del contrato ni en concreto sobre qué personas se precisaba la información”, en referencia a las personas espiadas. Sobre la operación de Sacyr, afirma que el entonces presidente González le dio orden de no hablar nada con José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del banco en aquel momento, “porque pensaba que quizás él también pudiese estar detrás de esta OPA”. González también “sospechaba que detrás de esta OPA pudiera estar algún miembro del Gobierno”, dice en el escrito. El exdirector de seguridad afirma que sobre estos trabajos de Villarejo solo se le permitía hablar con Cano y con el entonces director general de comunicación e imagen del BBVA, Javier Ayuso.

Contrato de seguridad en junio de 2016

El escrito desglosa contratos firmados por el exjefe de seguridad y destaca entre los más relevantes el que se suscribió “por iniciativa del Departamento de Seguridad” el 1 de junio de 2016. Carlos Torres, actual presidente, fue nombrado consejero delegado del BBVA en mayo de 2015, por lo que llevaba en el cargo 13 meses cuando se cerró este acuerdo con Cenyt.

El contrato tenía por objeto el análisis del riesgo de los países en los que estaba el grupo BBVA y qué podía afectar a los desplazamientos de la alta dirección, como el terrorismo internacional y yihadista, etcétera.

Corrochano afirma que “el contrato iba a ser revisado a primeros del 2018 para reducirlo en un 65 o 70%” porque se había contratado a Indra para estos servicios. “Al tener conocimiento de que se había abierto una investigación judicial contra Cenyt, se decidió resolver el contrato de forma anticipada”, dice en el escrito. Corrochano afirma que, según el informe forensic “hecho por encargo de BBVA, en la contratación se siguió normativa de compras”.

En su escrito, Corrochano cuestiona todos los documentos del sumario, incluidas las conversaciones telefónicas en las que aparece con su voz. Su abogada, María Mormeneo, dice que “ignora si los archivos de Excel que constan unidos al procedimiento responden con certeza al tráfico real de llamadas de los teléfonos identificados en esta causa, o son documentos elaborados sin un verdadero soporte del tráfico real de esas llamadas”.

Y añade: “Esta defensa tuvo serias dificultades para entender lo grabado en los archivos de audio aportados al procedimiento y podemos afirmar con rotundidad que han sido manipuladas, y son solo trozos y fragmentos seleccionados de conversaciones cortadas, pegados, sacados de contexto, aparentando lo que no es y así parecer que se dice algo que no se dijo. ¿Qué protocolo de actuación y qué control se ha seguido en toda esa operación de manejo?”.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS