El gasto del Estado en mantenimiento en carreteras marca un máximo mientras el Gobierno estudia la implantación de peajes

Los Presupuestos reservan 1.371 millones para conservación, más de la mitad de todo lo que destinará a inversión en vías terrestres

Vista general de la A-3 a su paso por Rivas Vaciamadrid (Madrid), el pasado sábado.
Vista general de la A-3 a su paso por Rivas Vaciamadrid (Madrid), el pasado sábado.FERNANDO VILLAR (EFE)

La incorporación de nuevos kilómetros a la red pública de carreteras y el déficit de conservación heredado del anterior Gobierno provocarán que el Estado gaste en 2022 más que nunca en el mantenimiento de su red viaria. El proyecto de ley de Presupuestos destina 1.371 millones de euros para ese fin, la cifra más alta de la historia, por encima de los 1.330 millones que se gastaron en 2009. Nada recogen las cuentas públicas, sin embargo, sobre los futuros peajes en las autovías que el Gobierno se comprometió con Bruselas a implantar en 2024.

La cifra supone más de la mitad de los 2.463 millones que se invertirán en carreteras. La conservación se llevará un 56% de esa cantidad y el desarrollo de nuevas infraestructuras, el 44% restante. En la presentación de los Presupuestos que dependen de su departamento, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido este jueves que esa cantidad “permite mitigar, con mayor decisión e impulso que nunca, el déficit de conservación”.

En los Presupuestos de 2018, se reservaron para mantenimiento tan solo 786 millones (la cifra más baja en más de diez años), con el agravante de que luego esas cuentas se prolongaron en los años 2019 y 2020. Para 2021, con el extraordinario impulso inversor que aportaron los fondos de recuperación europeos, la cifra dio un salto considerable, hasta los 1.240 millones, y el año que viene se incrementará en un 11%.

A la vez, en esos años, el Estado ha incorporado más de 1.000 kilómetros de autovías al no renovar las concesiones de autopistas de peaje. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, en junio de 2018, han revertido a la red pública el tramo de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (noviembre de 2018), el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona (enero de 2020), el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (también en enero de 2020), el de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell (agosto de 2021) y otro de la AP-7 entre Tarragona y La Junquera (agosto de 2021). Entre todos suman 1.029 kilómetros cuyo mantenimiento depende ahora del erario.

En contraste con ese aumento de las partidas destinadas a carreteras, ninguna pista dan los Presupuestos sobre la intención del Gobierno, expresada a Bruselas, de implementar algún sistema de cobro por uso de esas y otras autovías a partir de 2024. En los planes de reformas enviados a Europa para la recepción de las ayudas por la pandemia, el Ejecutivo hablaba de un “mecanismo de pago” tanto para coches como para camiones que ayudaría a equilibrar las cuentas públicas. Ese sistema se aplicaría en principio sobre los 12.000 kilómetros de vías de gran capacidad que forman parte de la Red de Carreteras del Estado, aunque podría extenderse a otras vías análogas que dependen de las comunidades autónomas (unos 5.000 kilómetros).

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Se trata de una pretensión que viene de largo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes llamado de Fomento). Ya en 2018, con el PP en el Gobierno, se encargó un estudio al Ineco, la sociedad pública de ingeniería, para que estudiara la viabilidad de la medida. Fuentes conocedoras del actual proyecto señalaron en su día a EL PAÍS que la intención es obtener una recaudación anual de unos 1.500 millones, lo que, a la vista de las cifras actuales, daría de sobra para el mantenimiento de todas las carreteras españolas. Las cuentas de 2022 sí citan los peajes para señalar que la liberación y bonificación de algunos tramos costarán el año que viene 92 millones, en los que se incluyen rebajas de tarifas a causa de obras de mejora y seguridad vial.

Al margen de las carreteras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado este jueves un presupuesto global que, en su caso, comprende 19.328 millones, de los cuales 16.286 millones se consideran inversión y el resto, gastos corrientes. Supone un aumento del 15% respecto al año pasado y del 80% con respecto a los presupuestos prorrogados de 2020, un efecto más de las millonarias ayudas europeas. De los 6.505 millones que llegarán del plan de recuperación, poco más de 4.000 se destinarán a movilidad sostenible, casi 2.000 a rehabilitación de vivienda y 500 a la construcción de viviendas sostenibles destinadas al alquiler social.

Las políticas de vivienda se llevan 3.290 millones, la mayor cifra de la historia, por el extraordinario impulso a la rehabilitación que llega de Europa. Pero también se reservan 663 millones al plan para la ampliar el parque de alquileres sostenibles. El bono joven, que según ha afirmado la ministra estará listo ya para el 1 de enero de 2022, absorberá 200 millones para dar ayudas mensuales de 250 euros a personas entre 18 y 35 años que vivan de alquiler y acrediten unas rentas procedentes del trabajo inferiores a 23.726 euros anuales. La inversión en ferrocarriles se llevará 6.743 millones, de los que 2.833 millones se reservan a red convencional y de cercanías. Para el transporte aéreo se reservan más de 800 millones y más de 1.000 irán a parar al marítimo. El Ministerio estima que las inversiones que acometerá el año que viene ayudarán a crear hasta 350.000 empleos.

Sobre la firma

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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