La incertidumbre política impacta en la calificación crediticia de Perú

Las calificadoras S&P y Fitch alertan sobre el ruido político y el golpe causado por la pandemia y advierten de riesgos en la economía del país andino

El ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, el pasado 16 de junio.
El ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, el pasado 16 de junio.leslie moreno

En medio de una moderación ideológica en el Gabinete del presidente peruano Pedro Castillo, dos agencias de riesgo crediticio modificaron a la baja su evaluación de la deuda soberana de Perú, argumentando que se mantiene la incertidumbre política y la caída de la confianza empresarial. El anuncio llegó un par de días después de que el presidente Pedro Castillo nombró a la abogada de izquierda moderada Mirtha Vásquez para reemplazar a Guido Bellido, de izquierda radical, como su jefe del Gabinete.

Los mercados reaccionaron de manera positiva al cambio en el Gobierno. El miércoles, día del anuncio, el sol se apreció en contra del dólar, recuperando algo del terreno perdido entre julio y octubre cuando las preocupaciones por el manejo de la economía por parte del nuevo Gobierno llevaron a un desplome en el valor de la moneda. El viernes, Fitch Ratings recortó la calificación crediticia de la deuda soberana de Perú de BBB+ a BBB y ajustó su perspectiva sobre el país andino de negativa a “estable”. Por su parte, S&P Global Ratings mantuvo la calificación, pero cambió su perspectiva a “negativa”.

El ministro de Economía, Pedro Francke, ha relativizado este viernes dichos anuncios: “el dólar ha bajado tremendamente y hoy ni ha pestañeado”, comentó luego de una reunión con empresarios del sector turismo. Añadió que Perú es el país mejor calificado e la región. Un ultimátum de Bellido para renegociar el contrato del principal yacimiento gasífero melló el mes pasado la confianza que habían generado en dos meses el economista Francke y el jefe de Estado, quienes han asegurado a los empresarios que el Gobierno requiere la inversión privada y la extranjera para destinar mayor presupuesto a salud y educación.

“La tendencia al crecimiento económico ha estado a la baja en este periodo (desde 2019), y Fitch cree que la perspectiva de inversión a mediano plazo se ha debilitado como resultado de la volatilidad política en los últimos años”, sostiene un comunicado de la agencia. La firma sustenta su perspectiva estable en que un escenario de menor crecimiento y las demandas sociales pospandémicas serán un reto para la capacidad de la administración de estabilizar la deuda pública y el producto interno bruto (PIB). Asimismo, la calificadora considera que las tensiones políticas entre el gabinete del presidente Castillo y los partidos políticos opositores de centro y derecha en el Congreso, y al interior de la propia alianza del mandatario -con la ultra-izquierda y la izquierda moderados- “pueden limitar su capacidad de aprobar reformas que refuercen el crecimiento y que podrían mejorar la perspectiva económica”.

Por su parte, S&P Global Ratings destaca que la Administración del presidente ha expresado su voluntad de una “fuerte continuidad de la política macroeconómica”, pero un ambiente político fragmentado y “un difícil legado social de la pandemia puede dañar las chances de crecimiento de mediano plazo y empeorar los indicadores de la deuda”. La perspectiva negativa refleja la posibilidade de una rebaja en los próximos seis a 24 meses si los “desafíos políticos -en medio de las tensiones entre el Ejecutivo peruano y el Congreso- contribuyen a un pobre desempeño económico que empeore el perfil financiero soberano”.

La agencia añade que la fragmentación política que dejó la segunda vuelta electoral -entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y Castillo- ha incrementado el riesgo de incertidumbre política y afectado la confianza de los inversores. Un partido aliado de Fujimori en el Congreso, el ultraderechista Renovación Nacional, preside una comisión investigadora de un supuesto fraude en el balotaje de junio, pese a que las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (EU) y el tribunal electoral comprobaron que los comicios se realizaron conforme a ley.

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