Los sindicatos de inquilinos critican que la ley de vivienda “nace estrellada”

Las organizaciones agrupadas en la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda escenifican su oposición a la futura norma en el Congreso y no ocultan su “enfado” con Unidas Podemos

Representantes de la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda y de los grupos políticos que les apoyaron, el pasado 30 de septiembre cuando registraron su propuesta legislativa en el Congreso.
Representantes de la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda y de los grupos políticos que les apoyaron, el pasado 30 de septiembre cuando registraron su propuesta legislativa en el Congreso.Eduardo Parra (Europa Press)

La regulación de precios del alquiler que propone el Gobierno “nace estrellada” y “es totalmente ineficiente”. Así valoran los sindicatos de inquilinos la ley cuyo anteproyecto aprobará previsiblemente este martes el Consejo de Ministros. Esa norma “es sinónimo de más desahucios, más subidas de alquileres y más desprotección al derecho a la vivienda”, han añadido en un comunicado difundido este lunes tras participar en una protesta ante el Congreso de los Diputados. En ese acto en Madrid, representantes de la Iniciativa por una ley que garantice el Derecho a la Vivienda, una plataforma que agrupa a 120 organizaciones sociales que presentaron el pasado 30 de septiembre una iniciativa legislativa apoyada por nueve grupos parlamentarios, han expresado igualmente su rechazo al anteproyecto que el Ejecutivo quiere llevar al Parlamento.

Para Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, “el Gobierno no quiere ejercer su responsabilidad”. El hecho de que la declaración de áreas de precios tensionados (aquellas donde se considera que los alquileres han escalado demasiado y se arbitran medidas especiales) dependa de las comunidades autónomas le parece una “brutal dejación de obligaciones” por parte del Ejecutivo. “No entendemos la actitud de Unidas Podemos”, ha añadido Morote, quien no esconde el “enfado” con la formación morada, tradicionalmente muy próxima a estos movimientos. “Han avalado el texto que presentamos el 30 de septiembre y cinco días después nos enteramos por los medios de un acuerdo cuyo fondo es insuficiente y no sirve para nada”, explica.

Para los sindicatos de inquilinos “es difícil de entender que la ministra [de Derechos Sociales] Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la ley es poco ambiciosa y no les gusta, pero hayan renunciado a tramitar” la norma que las organizaciones sociales presentaron a finales del mes pasado. “Exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso del Proyecto de Ley [en realidad un anteproyecto] por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el derecho a la vivienda”, añaden en su comunicado.

Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y que ha participado junto con Morote en el acto ante el Congreso, también ha cargado contra el otro socio del Gobierno para señalar que “el PSOE no se está tomando en serio” el derecho a la vivienda. Bardera ha desgranado los aspectos por los que su organización cree que en la futura norma “hay grandes carencias”. Dar la competencia de las áreas tensionadas a las comunidades autónomas es la primera, pero también reivindican “bajar a cinco el número de viviendas para ser considerado gran tenedor”. El anteproyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, lo sitúa actualmente en 11 o más inmuebles. Además, ha añadido Bardera, luego solo se establecen medidas especiales para grandes caseros que sean personas jurídicas (empresas).

Descontento con la moratoria

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El portavoz de los sindicatos de inquilinos también ha mostrado su disgusto con la moratoria de 18 meses que prevé la norma antes de aplicar los índices de precios a las compañías de arrendamiento con más de 10 viviendas. “La vacatio legis es una barbaridad”, ha estimado, porque “hasta 2024 no va a poder ser aplicado” y además da nuevo margen a los servicios jurídicos de las empresas para “buscar maneras de esquivar la ley”. Al respecto, ha asegurado que una posible “triquiñuela” sería buscar la manera de gestionar los alquileres con personas físicas, ya que estas solo están sujetas a la congelación de precios en las áreas tensionadas y no a aceptar los límites de rentas del índice de precios oficial. Bardera también estima que ese plazo, sumado al tiempo que lleve el trámite parlamentario, es un periodo demasiado largo en que los caseros podrán aprovechar para subir los precios.

Sobre la firma

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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