El Tribunal Supremo declara nulo el ERE de Alcoa

El alto tribunal desetima el recurso de la multinacional sobre el cierre de la planta de aluminio en San Cibrao

Protesta por el cierre de las fábricas de aluminio primario de Alcoa, en San Cibrao, y de Vestas, en Viveiro.
Protesta por el cierre de las fábricas de aluminio primario de Alcoa, en San Cibrao, y de Vestas, en Viveiro.Emilio Perez Vazquez (EFE)

El despido colectivo aplicado por Alcoa en la planta de San Cibrao (Lugo) no es válido. El Tribunal Supremo ha suscrito las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ha declarado nulo el ERE que la multinacional quería aplicar en la única factoría de aluminio primario que queda en España. La decisión del Supremo da un respiro a los trabajadores: más de 500 empleos directos y cerca de mil indirectos que, no obstante, insisten en que la única solución que puede garantizar el mantenimiento de la fábrica “la tiene el Gobierno”, al que instan reiteradamente a que “compre” la planta de San Cibrao a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y “la venda después a un tercero”.

Los magistrados de la sala de lo social del Supremo se reunieron el pasado miércoles día 20 para deliberar sobre el recurso que interpuso la multinacional contra la anulación del ERE por el alto tribunal gallego. Con la decisión conocida este jueves se desestima el recurso de casación interpuesto por el Grupo Alcoa Inespal. En su día, el Tribunal Superior de Galicia decretó nulo el ERE de Alcoa al apreciar “mala fe” en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo “fin único y primordial” era “apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha expresado este jueves la satisfacción de la plantilla por el fallo del Supremo que llega precisamente en un momento en el que las negociaciones para la posible venta de la planta de aluminio están encalladas, sin avances significativos en las últimas semanas. Los trabajadores acusan al Gobierno de haber dejado el futuro en manos de la Justicia tras no haber llegado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a un acuerdo de compra.

“Se demuestra una vez más que quienes tenían razón eran los trabajadores y no la empresa, que quiso aplicarnos un despido injusto”, ha manifestado Zan. Y ha destacado la importancia de “la oposición de toda una comarca y de los trabajadores que siempre creyeron que la solución no era parar las cubas sino seguir produciendo y tener un futuro para toda la comarca de A Mariña”.

“Que Alcoa se vaya de España”

“Ha sido una vergüenza todo lo que ha pasado.”, ha lamentado el representante de los trabajadores para preguntarse a continuación qué va a hacer el Gobierno. “¿Va a tomar cartas en el asunto para seguir produciendo aluminio primario en España y va a defender los derechos de todos los trabajadores o va a seguir mirando para otro lado mientras Alcoa sigue actuando de mala fe un día tras otro”. Los trabajadores insisten en que la multinacional “tiene que salir de este país ya; tiene que garantizarlo el Gobierno y la única forma que hay se llama SEPI”.

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Frente a las críticas de los trabajadores, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha calificado el fallo, a través de su cuenta de Twitter, como un “éxito sin precedentes tanto de los trabajadores de Alcoa como de las Administraciones” y comunica a Alcoa que el Gobierno sigue “con la mano tendida para llegar a un acuerdo con la empresa en la venta de la planta de San Cibrao”.

El incierto futuro de la planta de Lugo, en el aire desde hace más de un año, coincide con una investigación de la Audiencia Nacional por supuesta estafa en la venta por Alcoa de sus fábricas de Avilés y A Coruña, primero al fondo de inversión suizo Parter, al precio simbólico de un dólar y revendidas unos meses después por 13 millones de euros al Grupo Riesgo. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desveló hace unos días que el Grupo Riesgo podría haber utilizado sociedades interpuestas para comprar criptomonedas y sustraer capital y patrimonio de los centros de producción asturiano y coruñés.


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