Trabajo quiere a los sindicatos en la negociación de los convenios de pymes

La propuesta del ministerio acercaría a estas empresas las condiciones laborales del sector

Yolanda Díaz, conversa con Antonio Garamendi, el pasado 1 de julio.
Yolanda Díaz, conversa con Antonio Garamendi, el pasado 1 de julio.Europa Press

La partida de ajedrez en la que se ha convertido la negociación para abordar la derogación de la reforma laboral de 2012 tiene a los contendientes atascados con uno de los movimientos más importantes. Según el último borrador que consta sobre la mesa de diálogo, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, Trabajo pretende arrinconar las conocidas como comisiones ad hoc en favor de las centrales sindicales para que sean estas quienes aborden las negociaciones con las empresas en las que no haya representación legal de los trabajadores. Eso daría poder a los sindicatos para trasladar las condiciones laborales del sector, frente a las de la empresa, uno de los nudos gordianos de la negociación. Los empresarios interpretan que esta propuesta busca la “sindicalización” de las pymes, que son el núcleo central del tejido empresarial del país, y donde la presencia de las centrales es tímida.

Según la redacción actual del artículo 41 del borrador, existen dos posibilidades a la hora de que los trabajadores decidan quiénes les representan en las negociaciones con la empresa cuando esta decide llevar a cabo modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo (jornada, horario, turnos...). Por un lado, y “a su elección”, pueden definir “una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa” —y que se las conoce como comisiones ad hoc—, o definir otra con el mismo número de componentes integrada por miembros de “los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa”.

Según el citado borrador, Trabajo pretender eliminar la disyuntiva y dar preferencia a las comisiones sindicales. Solo “si la solicitud empresarial no recibe respuesta”, y resulta “imposible constituir la comisión sindical”, se permitirá recurrir al otro modelo, especifica el texto del documento. Esta corrección del artículo 41 se refrenda con las alteraciones que se recogen en el 83.2 y del 84, y que redundan sobre la primacía de las comisiones sindicales.

El porqué de esta reformulación entronca con la derogación de uno de los aspectos considerados por el Gobierno como más lesivos de la reforma laboral del PP: la prevalencia del convenio de empresa por encima del sectorial. Esto es, que las condiciones acordadas por las empresas puedan situarse por debajo de las exigencias del sector. Una circunstancia que, según denuncian los sindicatos (y refrenda el Gobierno) ha contribuido a la precarización del empleo.

¿Qué problemas genera esta alteración? Según contemplan la jugada los empresarios, con ella se abre lo que muchos denominan como “puerta trasera” por la que se allana el camino para la entrada de los sindicatos en las pequeñas y medianas empresas y, por tanto, se introduzcan las condiciones sectoriales en un nicho que representa a cerca del 90% del tejido empresarial del país. “Los agentes sociales son los que pueden encontrar las mejores soluciones para los trabajadores”, indica una fuente sindical. Tal y como se ve desde este costado, la estructura organizativa de los sindicatos, y en mayor grado cuando se dirimen convenios colectivos en el marco sectorial, proporciona un escudo mayor que el de las comisiones de trabajadores.

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Las organizaciones sindicales tampoco están del todo satisfechas con esta propuesta. Según reconocen fuentes del diálogo social, su postura va más allá de relegar las comisiones ad hoc a un segundo escalón: reclaman su desarticulación. Trabajo subraya que esta modificación “está sometida a la negociación”, y que “puede haber cambios en una dirección o en otra”. Indican también que su objetivo es situarse “en un punto intermedio” entre las aspiraciones de sindicatos y empresarios.

Acuerdo conjunto

Sin embargo, ya se han puesto sobre la mesa algunas alternativas para tratar de resolver esta encrucijada, ya que, como reconocen tanto interna como externamente todos los agentes sociales, la reforma laboral se ha de aprobar “en conjunto” y, por lo tanto, los acuerdos deben reflejarse en cada uno de los apartados que la conforman. La última propuesta lanzada por los empresarios es que se mantenga la prevalencia del convenio empresarial, pero atribuyendo los parámetros de salario y jornada de trabajo al baremo referenciado dentro del convenio sectorial.

Aunque las diferencias son palpables entre los agentes sociales, fuentes del diálogo social señalan que las posturas se acercarán, y que “las disputas de hoy no tienen por qué ser las de mañana”. Eso sí, la cuenta atrás establecida por Bruselas para que la reforma laboral se acuerde con el sí de Gobierno, sindicatos y patronal termina el 31 de diciembre. También destacan que desde Europa se ha transmitido el mensaje de que hay aspectos de la reforma de 2012 “que se han de tocar”, otros “que no”; y otros “que se deben tocar”.

La entrada de nuevos jugadores en la mesa de diálogo tras el pacto entre PSOE y Unidas Podemos ralentiza el ritmo de juego. Aunque fuentes cercanas a los empresarios aseguran que la “vigilancia” del PSOE alterará el pilotaje de la negociación, moderándolo en algunos apartados, no lo hará en otros aspectos clave para el departamento que dirige Yolanda Díaz como es el caso de las comisiones ad hoc.

La necesidad de que se tengan que celebrar encuentros entre los representantes de los distintos ministerios implicados en la reforma laboral tanto antes como después de las reuniones también es visto como un formalismo “que generará desgaste”, señala una fuente del diálogo social. La próxima reunión, como todas las restantes hasta final de año, será el miércoles.

Sobre la firma

Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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