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Sabemos lo que quiere Europa

En la reforma laboral es inane proclamarse el más europeo: las normas de los fondos son claras, están escritas, todos las conocen

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, durante un acto en Córdoba el 4 de noviembre.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, durante un acto en Córdoba el 4 de noviembre.Salas (EFE)

“Sabemos lo que quiere Europa de la reforma laboral española”, afirmó el miércoles el líder patronal Antonio Garamendi. Táctica de buscar gran cobijo (legítimo) o velada presión (inane).

A veces, infatuarse de controlar las políticas europeas —como hace algún partido—, igual que aplicarles ricino chovinista, banaliza la instancia máxima comunitaria en perjuicio de todos, y pues, de quien abusa de ella.

Todos sabemos lo que quiere la UE, pues no es un círculo brujeril. Es una comunidad de derecho que se expresa en normas, procedimientos, y recursos. Y lo saben más los lectores de esta sección, también de esta columna (vean las del 23/6, 24/9 y 1/10 de 2020).

La voluntad de los 27 se ancla en las Conclusiones del Consejo Europeo de 21/7/2020, punto A-19. La evaluación de los planes de recuperación nacionales (incluidos las reformas laborales) por la Comisión “necesitará la máxima clasificación”, al analizar su “coherencia con las recomendaciones específicas por país” (CSR, siglas en inglés). “Así como” los criterios de “reforzar el potencial de crecimiento, creación de empleo y resiliencia económico-social”. Normas, no arbitrismo.

Las CSR que se aplican a los fondos Next Generation son las de 2019 y 2020, aprobadas por el Consejo. Aquellas reclamaban “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”, “favorecer la transición hacia los contratos indefinidos”, también con “incentivos a la contratación” y resolver “las deficiencias” de las rentas mínimas autonómicas. Las de 2020 aplaudían las acciones de España para “respetar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo” y “reforzar la protección por desempleo” (ERTE).

O sea, sobre todo, un doble eje: prioridad al contrato indefinido (seguridad) y facilidades a la contratación (flexibilidad).

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Son esos requisitos, no más. Los consejos complementarios de la Comisión, como el de “solo adoptar medidas nuevas tras una cuidadosa evaluación de su potencial impacto y manteniendo los logros de precedentes reformas” son buenos, pero no imperativos.

Cautelas, pues, pero ninguna prohibición concreta de conservar o abrogar determinadas normas. Es la amarga lección que aprendió Bruselas de la crisis griega: no dictar medidas, sino consensuar objetivos y dejar libertad a los Gobiernos entre distintas opciones de alcanzarlos... mientras sean documentadas.

Luego, el reglamento 11455/1/20 de 5/10/2020, desarrolló el mandato de julio y lo concretó en que la evaluación constate una “cobertura satisfactoria” (no dice total) de “los hitos y prioridades relevantes” (no de todos).

Y la comunicación de la Comisión sobre Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 (de 19/9/2020) instaba a un “amplio diálogo político que incluya a los interlocutores sociales y todas las demás partes interesadas”.

Esa es la esencia del marco legal, de la voluntad del legislador. Posteriores interpretaciones, sobre todo verbales, de que los “hitos y prioridades” sean absolutamente todos y no solo los más relevantes, pueden ser exorbitantes, contrarias al reglamento de octubre.

Ahora falta la aplicación de esa voluntad por el Ejecutivo comunitario. Atención con confundir amistad y poder. No corresponde decidir solo a los altos funcionarios de la task force del caso (que deben actuar con rigor), ni al comisario Paolo Gentiloni (paloma socialdemócrata) ni al vicepresidente Valdis Dombrosvkis (halcón popular pero prudente y comprensivo). La Comisión es una institución y la rige el colegio de comisarios.


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