España se desmarca de Francia y sigue con el plan de apagar las centrales nucleares en 2035

El anuncio de Macron y la subida en el precio de la energía no varían la posición del Gobierno de Sánchez de cerrar los reactores

Vista de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara.
Vista de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara.

Ajeno a la intención del presidente francés, Emmanuel Macron, de construir nuevos reactores nucleares, el Ejecutivo español no se mueve ni un milímetro de su postura inicial. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se remiten al Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec), que pasa por cerrar escalonadamente las siete centrales existentes. Ese cierre, que comienza en 2027 y termina en 2035, fue pactado entre el Gobierno y las empresas eléctricas propietarias de las nucleares, que firmaron el protocolo con la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), encargada del almacenamiento.

Nada ha cambiado, por tanto, con relación a este compromiso. “En la medida en que se den las condiciones de seguridad, prioridad de las administraciones públicas y de las empresas, se cumplirá el calendario que permite organizar la salida de esas plantas nucleares con total seguridad, tanto para el sistema eléctrico como para la propia actividad de desmantelamiento de las plantas y de gestión de los residuos”, subrayan esas fuentes. La iniciativa impulsada por el país vecino, apuntan desde el Ejecutivo, responde a sus propias estrategias nacionales y soberanas de política energética, que nada tienen que ver con la estrategia española recogida en el Pniec.

El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es conseguir un sistema eléctrico 100% renovable, prescindiendo del resto de tecnologías, aunque algunas subsistirán como apoyo en caso de necesidad. La retirada del parque nuclear, que supone en torno al 23% de la generación eléctrica española, se compensará, como ya sucede con el de carbón, con el aumento de la generación renovable y del desarrollo a gran escala del almacenamiento y de la gestión de la demanda. Solo en el caso de que no se lograsen los objetivos de renovables podrían modificarse los planteamientos sobre el cierre de nucleares.

Por su parte, las compañías eléctricas, que se reparten la propiedad de las centrales, mantienen la postura a favor de utilizar la energía nuclear. En 2019, en el transcurso de la negociación con el Gobierno, propusieron ampliar la vida útil, prevista en 40 años. Aunque con diferencias: mientras Endesa quería que fuera hasta los 50, Iberdrola y Naturgy se conformaban con cuatro o cinco años adicionales a esos 40, como finalmente se fijó.

Sin embargo, estas empresas se muestran en contra de explotarlas en las actuales condiciones por falta de rentabilidad. Se refieren, en concreto, a la decisión del Gobierno de retirar los llamados “beneficios caídos del cielo”, es decir, la retribución que recibían aquellas instalaciones que no emiten dióxido de carbono y estaban operativas antes de 2005. Las empresas, así como el Foro Nuclear del que forman parte, llegaron a amenazar con acudir a los tribunales y cerrar las instalaciones, algo que con la ley en la mano no pueden hacer por seguridad de suministro. A su juicio, “las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crean un clima de inseguridad jurídica”.

Los dos grupos de Almaraz (Cáceres) —repartidos entre Iberdrola, 53%; Endesa, 36%, y Naturgy, 11%—, que entraron en funcionamiento en 1983 y 1984, serán los primeros en cerrar: lo harán en 2027 y 2028. Ascó 1 (Tarragona), de Endesa, que se abrió en diciembre de 1984, tiene prevista la clausura en 2029; y Ascó 2 (85% Endesa y 15% Iberdrola) en 2030, 44 años después de su apertura. Cofrentes (Valencia), de Iberdrola en su totalidad y abierta en 1985, cerrará en 2033. Vandellòs 2 (Tarragona), repartida entre Endesa (72%) e Iberdrola (28%), parará en 2034; y Trillo (Guadalajara), repartida entre Iberdrola (48%), Naturgy (34,5%), EDP (15,5%) y Nuclenor (2%), echará el cerrojo en 2035.

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Brindis al sol

Las empresas, no obstante, reconocen que en estos momentos resulta muy caro construir una central nuclear y se tarda mucho en tenerla lista, al menos seis años, por lo que no resulta viable. “Es verdad que solucionan la independencia, pero el coste ha subido por los requerimientos que se han puesto después del accidente de Fukushima”, dice una fuente empresarial, que añade que “lo de Francia puede ser un brindis al sol, pero como lo costea el Estado no mide el impacto que aquí tendría en las cuentas de las empresas privadas”.

En términos similares se expresa José Luis García, responsable de Energía de Greenpeace en España. “No tiene ninguna viabilidad, es la energía más costosa y se tarda décadas en poner en marcha una central. Es una senda muerta”, apunta. García no se muestra “nada” preocupado de que otros países de la Unión Europea vayan a seguir ese camino. “Tampoco España: incluso si gobernase un partido pronuclear, nadie lo haría. No es negocio, es una ruina: solo pueden funcionar con subvenciones”.

Por el contrario, Carolina Anhert, catedrática emérita de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid defiende su papel como “respaldo para las renovables” si se logra flexibilizar su generación, como ya hacen otros países. “La realidad es muy tozuda y lo que está haciendo Francia va en la línea de lo que es necesario: el almacenamiento de energía sigue siendo difícil y la interconexión con el exterior, en el caso de España, es limitada”, apunta por teléfono. “La eólica y la solar están muy bien, pero la nuclear es necesaria como respaldo hasta que no exista una tecnología mejor. Hay dejar de depender tanto del gas”.

Contra la etiqueta verde europea

La Comisión Europea estudia estos días conceder una etiqueta propia, similar a la verde que reconoce a la eólica o la solar, a las inversiones realizadas en nucleares y también en centrales de ciclo combinado (las alimentadas por gas), un movimiento que ha despertado importantes críticas en varios frentes. España, junto con Alemania, Dinamarca o Luxemburgo, ha sido uno de los países más beligerantes con la idea de incluir a la nuclear en la llamada “nueva taxonomía verde” con la que el Ejecutivo comunitario trata de dirigir las inversiones del sector privado hacia las fuentes de energía menos contaminantes.

En el lado opuesto, Francia y un buen número de países del Este han pedido que sea catalogada como “verde”, una batalla en la que parecen marchar con algunos cuerpos de ventaja a tenor de las últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: “Es obvio que necesitamos más renovables y energías limpias. Y, junto a esto, necesitamos una fuente estable: la nuclear”.

Cambio de tono global

El abrupto encarecimiento de la energía ha devuelto al centro de la escena a la nuclear poco más de una década después del accidente de Fukushima, que firmó su sentencia en países de la talla de Alemania. Francia, por mucho el país con mayor tradición nuclear de Europa, anunció el martes la construcción de nuevos reactores con un objetivo doble: reducir las emisiones y ganar en soberanía energética. Antes había sido el turno del Reino Unido, que situó a esta fuente de electricidad como uno de los ejes de su agenda para lograr emisiones cero de gases de efecto invernadero en 2050.

El reciente encarecimiento del gas natural, utilizado como respaldo para las energías eólica y fotovoltaica cuando el viento no sopla o no hace sol y que ha cuadruplicado su precio en lo que va de año, ha traído consigo algunas reacciones inesperadas en todo el mundo. Entre ellas, la de un creciente ramillete de países que vuelven la mirada sobre la nuclear, un método de generación de electricidad que hasta hace pocos meses parecía tener más pasado que futuro.

Con todo, los mayores movimientos a favor de un aumento de la inversión en energía nuclear se están dando en Asia. La hoja de ruta de China pasa por la construcción de 150 nuevos reactores en los próximos 15 años, más de las que el resto del mundo ha levantado en los últimos 35 años, lo que le convertiría en el país con la mayor capacidad instalada del mundo, por delante de Estados Unidos. India, que depende en gran medida del carbón —de largo el combustible más contaminante— quiere triplicar la potencia nuclear instalada en la próxima década. Y Turquía acaba de anunciar la construcción de dos reactores más para “diversificar la cartera energética”.

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