El juez del ‘caso Villarejo’ pregunta a la Fiscalía si apoya imputar a Iberdrola

El magistrado Manuel García-Castellón retira a la empresa la condición de querellante y cita a 16 nuevos testigos y a dos investigados

Instalaciones eléctricas con el logotipo de Iberdrola.
Instalaciones eléctricas con el logotipo de Iberdrola.Pablo Monge

El magistrado del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, coloca en la diana a la empresa Iberdrola como persona jurídica. El juez ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si apoya imputar a la compañía, una bala que hasta ahora había salvado la sociedad encabezada por Ignacio Sánchez Galán —solo una de sus filiales, Iberdrola Renovables, mantiene esa condición—. Según consta en una resolución dictada este jueves, el instructor insiste así al ministerio público para que se pronuncie sobre la petición planteada por Florentino Pérez, presunta víctima de la trama.

Esta decisión no es el único varapalo a la eléctrica. El juez le retira a Iberdrola la condición de querellante y abre la puerta a que José Antonio del Olmo, un antiguo ejecutivo de la compañía que depositó en 2004 en una notaría un informe sobre “diversas irregularidades” que habría detectado y comunicado a sus superiores sin éxito, quede amparado por la directiva europea para proteger a denunciantes de corrupción. El magistrado considera su testimonio como clave en estas pesquisas.

A lo largo de su escrito, de 17 páginas, García-Castellón repasa también el objetivo de las pesquisas judiciales, parte de los indicios recabados por la instrucción y algunas de las pruebas que faltan por practicar. Una situación que, según argumenta, le obliga a prorrogar durante seis meses más la instrucción. De hecho, el magistrado aprueba en esta resolución citar a declarar a 16 nuevos testigos y a dos imputados: uno de ellos, el comisario Enrique García Castaño, que suministró supuestamente a su compañero José Manuel Villarejo datos confidenciales. El otro es Enrique Victorero, responsable del área corporativa de seguridad en el extranjero de Iberdrola cuando se desarrollaron algunos de los encargos bajo sospecha.

Así lo resume el juez: “[Hay] un relevante indicio de que el proveedor habitual de esta documentación que Cenyt [el grupo empresarial de Villarejo] obtenía y cedía a sus clientes particulares podría ser Castaño, quien, a su vez, obtendría dicha información con abuso de sus funciones públicas como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)” de la Policía.

La instrucción se centra ahora en seis proyectos: Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Front, sobre trabajadores de la central de Cofrentes; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009; y Wind, “centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario, Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía S. A. se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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