El Gobierno pacta con Bildu subir las pensiones no contributivas un 15%

El Ejecutivo logra el apoyo para la ley de planes de pensiones de Unidas Podemos, PNV y Grupo Mixto y la abstención de la formación ‘abertzale’

Un anciano con mascarilla en un parque de Terrassa (Barcelona).
Un anciano con mascarilla en un parque de Terrassa (Barcelona).CRISTOBAL CASTRO

El Gobierno ha logrado este jueves los apoyos necesarios para que el proyecto de ley de promoción de los planes públicos de pensiones no se quede atascado. Para ello, ha acordado, a propuesta de Bildu, aumentar un 15% las pensiones no contributivas (aquellas que perciben las personas en una situación de vulnerabilidad económica por una invalidez o que no han cotizado lo suficiente para garantizarse una pensión ordinaria. Destacan algunos casos de prestaciones de jubilación o invalidez). En total, unos 440.000 pensionistas reciben este tipo de prestaciones no contributivas. El coste de la medida rondará los 330 millones de euros. Tras el acuerdo verán mejorada su prestación entre 60 y 100 euros al mes. En la votación final se han computado un total de 19 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones, que remiten a los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, Partido Regionalista de Cantabria y PNV; los contrarios de PP, ERC, Compromís y Ciudadanos; y la neutralidad de Bildu y VOX.

La prestación no contributiva está fijada en 2022 en 5.899,60 euros íntegros anuales, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año, según la web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En general, la cuantía media mensual asciende a 421,40 euros. “La cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece a partir del citado importe y en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida”. De esta forma, la mejora de la pensión no contributiva se elevaría hasta los 484,61 euros al mes.

El acuerdo con Bildu tiene su importancia política, porque es la vía que el Gobierno ha encontrado para desbloquear la ley de planes de pensiones de empresas, que llevaba semanas varada en el Congreso por falta de apoyos. Tras negociar en varios frentes, el Ejecutivo llegó a analizar las enmiendas de Ciudadanos y PP, que reclamaban más incentivos fiscales para las empresas, el Gobierno finalmente ha pactado con EH-Bildu subir un 15% las pensiones no contributivas y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de su abstención. Así lo ha anunciado la formación abertzale a través de un comunicado, instantes antes de la votación del proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. El acuerdo contempla que la subida del 15% se incluya en el próximo decreto ley para prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2022, las medidas de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra en Ucrania.

Tras superar esta primera fase, el proyecto de ley se llevará la próxima semana al Pleno del Congreso, donde José Luis Escrivá ha vaticinado que el respaldo a su plan podría ser “incluso superior”. Sin embargo, para que la nueva ley vea la luz deberá pasar antes por el Senado, lo que, previsiblemente, retrasará su resolución hasta el mes de julio. “Esperamos que con los desarrollos complementarios podamos tener a principios del año 2023 el nuevo marco de referencia de los planes de empleo completamente en marcha”, ha subrayado el ministro de Seguridad Social.

La oposición del principal partido de la oposición al proyecto de ley se ha producido como consecuencia del rechazo de una de las enmiendas planteadas, que hacía referencia a la limitación en las aportaciones a los planes de pensiones. Aunque el Partido Popular ha transaccionado con el Gobierno la bonificación del 10% en el impuesto de sociedades a las empresas que hagan planes de empresa para sus trabajadores. Se trata de una iniciativa que también ha sido pactada entre el Ejecutivo y Ciudadanos, además de otra que también se incluirá en la ponencia y que elimina el veto a la intervención de la administración en las inversiones de los fondos de los planes de pensiones.

El proyecto de ley de promoción de planes de pensiones públicos se enmarca dentro de la segunda parte de la reforma de pensiones. Su objetivo es que aquellos trabajadores con rentas más bajas puedan acceder a este tipo de mecanismos complementarios. Se trata de planes de promoción pública y gestión privada que se constituirán en el marco de la negociación colectiva. El sector de la construcción fue el primero en acogerse a estos planes dentro del acuerdo para la firma del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (CGSC) alcanzado entre la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos CC OO y UGT.

Los planes de pensiones colectivos, diseñados por el ministro José Luis Escrivá como el segundo pilar de la previsión social, nacieron con la vocación de resultar una fórmula más atractiva para las empresas y los empleados que otros tipos de mecanismos de ahorro. También para los trabajadores de las pymes y los autónomos, dos colectivos en los que este tipo de complementos tienen una menor presencia. Para ello ofrecen una serie de incentivos fiscales a las compañías, como deducirse de la base imponible hasta 10.500 euros (en los individuales la cantidad máxima es de 1.500 euros), o que las contribuciones a los planes de pensiones no coticen a la Seguridad Social (con un límite de 115 euros al mes por trabajador).

Destope bases máximas por error

La correlación de fuerzas entre los partidos favorables y contrarios al plan de Escrivá se ha decantado, fundamentalmente, por el cambio de posición de Unidas Podemos y el acuerdo con Bildu, que inicialmente mostraron su rechazo al diseño de la propuesta por entender que abría la puerta a la “privatización de las pensiones”. Sin embargo, UP ha terminado votando a favor pese a que su diputada en la Comisión, Isabel Franco, reconoció que no les “gusta esa ley” y que preferirían hablar de “cómo fortalecer el sistema público de pensiones” y de “cómo aumentar” las pensiones más bajas, en lugar de desarrollar este tipo de planes. A pesar de estas reticencias, Franco aseguró que no están “en contra” de este pilar, ya que consideran que es “un derecho más de los trabajadores”.

Uno de los momentos más inesperados ―dentro de una jornada sin certezas de partida―, ha sido la aprobación del destope de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social que había propuesto Unidas Podemos, y que ha salido adelante gracias a que el PSOE la ha apoyado por error.

Según fuentes socialistas, que restan importancia a la situación, el destope de las cotizaciones se enmendará en el pleno de la próxima semana. Explican que la confusión fue fruto de un error del presidente de la Comisión, Antón Gómez-Reino, de Unidas Podemos, y del letrado, lo que obliga al PSOE a presentar un voto particular en el Pleno del Congreso para corregir esta circunstancia. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que están “tranquilos” y confían en poder revertir esta aprobación, para la que, sin embargo, el Gobierno deberá recabar de nuevo el apoyo del resto de partidos.

Fuentes socialistas relatan que “antes de iniciar la votación de las enmiendas, el grupo socialista ha pedido el guion de votación al letrado. Cuando ha empezado la votación se han ido formando y cambiando los bloques de votación”. Las mismas fuentes precisan: “Llegados al bloque de las enmiendas de Unidas Podemos, en concreto a la votación de las enmiendas: 57, 58, 59 y 60, el Grupo Parlamentario Socialista ha entendido que votaba la enmienda transaccional 59 de UP, cuando lo que se estaba votando eran esas enmiendas en bloque”.

“Por ello”, recalcan los socialistas, “el grupo presentará un voto particular a fin de que sea corregido en la votación que tendrá lugar en el pleno de la semana que viene”.

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Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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