El nuevo impuesto energético gravará las ventas de las grandes compañías

Hacienda descarta el modelo italiano, basado en el IVA, y aplicará un tipo inferior al 2% sobre los ingresos

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, el miércoles tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Madrid.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, el miércoles tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Madrid.Rodrigo Jiménez (EFE)

El impuesto a las compañías energéticas que prepara el Gobierno no seguirá el modelo italiano basado en el IVA. Este esquema acarreaba mucha complejidad porque se tenía en cuenta el coste de los bienes y servicios utilizados para la producción, y había que compararlo con otros periodos previos para calcular el exceso de ingresos. Al final, según fuentes conocedoras del diseño, el Gobierno se ha decantado por un tributo que grave las ventas nacionales de las compañías energéticas. En el fondo, se trata de una figura más simple y similar al impuesto que se está ultimando para la banca, cuyo equivalente a las ventas son los intereses y las comisiones.

El impuesto italiano está sufriendo bastantes problemas para recaudar, hasta el punto de que ya se ha aumentado el tipo: primero se aprobó con un porcentaje del 10% y luego se ha subido al 25%. Además, se enfrenta a serias dificultades en los tribunales transalpinos. De modo que en España se ha optado por tomar solo los ingresos y aplicarles un gravamen, sin comparaciones con otros años ni teniendo en cuenta los insumos.

Este tributo se aplicará solo a las empresas energéticas de gran tamaño que facturan más de 1.000 millones de euros anuales. Dado que estas compañías, según cálculos elaborados por EL PAÍS, ingresan en su conjunto más de 100.000 millones, el tipo del gravamen estará por debajo del 2% con el fin de recaudar los 2.000 millones al año que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una de las incógnitas es qué compañías acabarán siendo gravadas. Con el umbral fijado de 1.000 millones de facturación, hay algunos patrones claros: estarán seguro entre las afectadas por el nuevo tributo las grandes petroleras Repsol y Cepsa, y las eléctricas o gasistas Iberdrola, Endesa y Naturgy. Pero no serán ni mucho menos las únicas: también se verán sujetos otros nombres conocidos como la británica BP, la portuguesa Galp o Acciona Energía. U otras de menos renombre para el gran público, como la renovable Axpo o la de suministros de carburantes Disa. La eléctrica portuguesa EDP está al filo: su cifra de negocios queda cerca de la frontera de los 1.000 millones de euros en los últimos ejercicios.

En el lado contrario, parece claro que tanto la gestora del sistema gasista español, Enagás —en la que el Estado tiene una participación del 5% y una acción de oro—, como la antigua Red Eléctrica de España —hoy conocida como Redeia— quedarían fuera del nuevo perímetro de tributación, por tratarse de negocios completamente regulados y sin beneficios caídos del cielo (los derivados de la brutal escalada de precios del gas, el petróleo y la electricidad).

El impuesto a las energéticas y el de la banca, que se aplicará a los intereses y comisiones, se presentarán este jueves en el Congreso. En lugar de un proyecto de ley, que tarda más tiempo y lo formula el Gobierno, se hará como una proposición de ley. Esta solo la pueden registrar los grupos parlamentarios, en este caso los partidos del Gobierno de coalición: PSOE y Unidas Podemos, si bien el diseño ha sido elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Uno de los flecos pendientes consiste en cómo evitar que este sobrecoste para las empresas se traslade a los clientes. El Ejecutivo introducirá en la norma que estos impuestos no se puedan repercutir al precio. El miércoles, Hacienda todavía estaba cerrando cómo se controlará esto. En principio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de vigilar el energético; mientras que la tasa del sector financiero recaerá sobre el Banco de España. Aunque el problema con Competencia es que cuenta con una plantilla justa para estos menesteres. La previsión del Gobierno es que se recauden 7.000 millones de euros en dos años entre ambos gravámenes. Y el cálculo se haría comparando con medias de precios de años anteriores.

Estos tributos tendrán además que superar distintos escollos en los tribunales, donde muy probablemente sean impugnados por las compañías. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ya avanzó la semana pasada que lo pelearían ante la justicia si veían la opción. En el supuesto de las energéticas, la Comisión Europa avaló que se pudieran establecer impuestos sobre los beneficios extraordinarios generados por los elevados precios de la energía tras la guerra de Ucrania. De ahí que su firmeza jurídica pueda ser mayor. No obstante, al recaer sobre una base parecida al IVA, se podría argumentar que existe doble imposición. Por ejemplo, Bruselas tumbó el céntimo sanitario porque el combustible ya soportaba el IVA.

En el caso del impuesto al sector financiero, Hacienda tenía previsto reunirse el miércoles con el Banco de España para explicarle los detalles. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, fue crítico con la medida en el encuentro entre el Ministerio de Economía y los grandes banqueros, cuando lanzó un aviso a la vicepresidenta Nadia Calviño: explicó que el tributo no debería ni afectar a la concesión de crédito, ni encarecer la financiación, ni perjudicar a la solvencia de las entidades. Y añadió: “No es fácil diseñar un impuesto de este tipo que no afecte a esos tres requisitos”. Además, advirtió, como ya hiciera el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, de que el Eurobanco emitirá su opinión sobre la nueva figura tributaria como ha hecho en otros casos.

Este impuesto a la banca llega en un contexto económico adverso por la guerra de Ucrania y la alta inflación, como recoge el Banco de España en uno de sus últimos informes. “Durante la parte transcurrida de 2022 [con datos hasta mayo] se ha producido un endurecimiento de las condiciones de financiación de las empresas y de los hogares, con un fuerte repunte de los costes de la emisión de deuda corporativa y una contracción de la oferta de préstamos”, avisa en el artículo sobre la evolución reciente de la financiación. Y como señala el documento, la previsión es que este fenómeno se agrave en los próximos meses: “Las entidades bancarias anticipaban, en junio, una contracción generalizada de la oferta crediticia para el tercer trimestre, que sería más intensa en el caso de la financiación destinada a las pymes”.

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