Hacienda negociará en otoño con Bruselas una reforma fiscal “compatible” con la situación actual

Montero presentará a las comunidades una nueva propuesta de población ajustada para la financiación autonómica

La ministra de Hacienda y nueva número dos del PSOE, María Jesús Montero, en la entrevista con la Agencia Efe.
La ministra de Hacienda y nueva número dos del PSOE, María Jesús Montero, en la entrevista con la Agencia Efe.J.J. Guillén (EFE)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el Gobierno negociará en otoño con Bruselas la reforma fiscal a la que se ha comprometido en el Plan de Recuperación, para que sus medidas sean compatibles con la delicada coyuntura actual que viven España y Europa, marcada por la crisis energética e inflación desbocada. El Gobierno ya había decidido aplazar la reforma fiscal completa ante la incertidumbre económica causada por la guerra en Ucrania, pero sin renunciar a ajustes como algunos impuestos verdes y los nuevos gravámenes extraordinarios a la banca y las energéticas recién presentados, como adelantó EL PAÍS. Montero también ha asegurado este jueves que, tras el receso estival, presentará una nueva propuesta de población ajustada a las comunidades.

La titular de Hacienda, en una entrevista con la agencia Efe, ha asegurado que están previstas unas reuniones a partir de septiembre “para trabajar conjuntamente con la Unión Europea aquellas medidas [fiscales] que sean compatibles con la situación que vive el conjunto de Europa”, sin que estas representen un “esfuerzo añadido” para las familias.

La reforma fiscal es uno de los hitos marcados en el Plan de Recuperación para acceder al desembolso de los fondos comunitarios. El Gobierno comunicó a la Comisión que esta se aprobaría en el primer trimestre de 2023, por lo cual ya hubiera tenido que publicarse en audiencia pública para sacarla como proyecto de ley. Pero la situación ha dado un giro radical. La economía, que aún no se ha recuperado del todo de la pandemia, se enfrenta ahora a una ola inflacionista sin precedentes en las últimas décadas, debida al aumento de los precios energéticos, a su vez agravado por la invasión rusa de Ucrania. Ahora, el Gobierno tendrá que acordar con la UE cómo cumplir ese hito, en el cual se pretendía dedicar un espacio importante a los impuestos verdes, tal y como apuntaban las conclusiones del comité de expertos para la reforma fiscal, presentadas en marzo.

“Había que acomodar la reforma fiscal a la coyuntura en cada momento”, ha defendido Montero este jueves. “No tiene sentido incrementar la fiscalidad sobre determinados combustibles cuando estamos practicando una bonificación”, ha ejemplificado con una mención a la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, incluida en el decreto anticrisis aprobado para limitar el impacto de la guerra en Ucrania en el bolsillo de los ciudadanos.

De momento, el Gobierno ha arrancado la maquinaria para aprobar dos nuevos gravámenes temporales a los grandes bancos y energéticas, muy criticados por las compañías afectadas. “Era de esperar que aquellos llamados a hacer (...) una mayor contribución a las arcas públicas no aplaudieran la medida”, ha señalado Montero. El Gobierno ha justificado las dos nuevas cargas por los mayores beneficios que estas compañías están teniendo gracias al alza de tipos de interés y los beneficios caídos del cielo, respectivamente, y prohibirá que puedan trasladar los costes a los consumidores.

Montero ha aclarado en la entrevista que, si la coyuntura mejorara, la intención del Gobierno es la de abordar en 2023 medidas como “una fiscalidad medioambiental disuasoria de la utilización de combustibles fósiles” y que fomente las energías renovables. A la vuelta del verano, Hacienda también deberá seguir las negociaciones de los Presupuestos de 2023, una ley que en la que se pueden introducir cambios fiscales, aunque no permite crear nuevos tributos.

Financiación autonómica

La ministra también ha anunciado que, tras el receso estival, remitirá a las comunidades una nueva propuesta de población ajustada. La anterior ―primer paso para reformar el sistema de financiación, que lleva desde 2014 caducado— fue presentada el pasado diciembre, y los Gobiernos regionales tenían hasta el 31 de enero de este año para enviar sus alegaciones. Esta variable es fundamental para calcular cómo repartir los recursos.

Montero ha recordado que el Gobierno ha transferido a las comunidades los mayores recursos de su historia desde el estallido de la pandemia, y ha criticado que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada la semana pasada, las posiciones de los consejeros de Haciendas sobre el cálculo de la población ajustada siguieran enfrentadas. Ha añadido que la reforma del sistema de financiación necesita contar con un amplio consenso político, y que se hará “una vez que se revaliden los resultados electorales en 2023 para que tengan las administraciones territoriales las garantías”.

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