¿Puede permitirse España bajar impuestos?

Todos los partidos anuncian rebajas fiscales cuando se aproximan los comicios. La reforma para modernizar todo el sistema tributario sigue pendiente

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el pleno del Senado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el pleno del Senado.JUANJO MARTIN (EFE)

A veces el mundo se pone del revés. Si el PP de Mariano Rajoy protagonizó en 2012 la mayor subida de impuestos en democracia; la semana pasada la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, proclamó que el Ejecutivo de Sánchez ha llevado a cabo “la mayor rebaja fiscal que nunca ha hecho un Gobierno”. El asunto de los impuestos tiene su enjundia porque afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y los políticos son conscientes. Todos los Gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, han bajado impuestos cuando se adentran en año electoral. Así ocurrió en los mandatos del socialista Felipe González o del popular José María Aznar. También lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, que incluso llegó a eliminar el impuesto de patrimonio (aunque luego lo recuperó). Rajoy prometió rebajas fiscales en 2015, tras haber subido tres años antes el IRPF, el IVA, impuestos especiales y haber endurecido sociedades. En los próximos meses se abre el ciclo electoral y los políticos vuelven a las andadas.

El tema de los tributos ocupa un papel protagonista del debate público cuando los españoles se acercan a las urnas. En esta ocasión ha atraído los focos a raíz del anuncio del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de suprimir el impuesto sobre el patrimonio y deflactar el IRPF, siguiendo la estela de los barones populares de lanzar guiños fiscales en el final de la legislatura: una estrategia urdida desde Génova, sede del PP.

El Gobierno de Sánchez ha salido en contra de esta estrategia. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha censurado a los populares: “Hay quien está embarcándose en una carrera absolutamente destructiva a la baja que empieza por la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas”. Las palabras de Calviño coinciden con la decisión del consejo de ministros del que ella forma parte de reducir el IVA del gas del 21% al 5%. Por supuesto que hay grandes diferencias entre rebajar el impuesto sobre patrimonio a los más ricos y bajar el IVA del gas a todos los ciudadanos. Pero tras ambas decisiones subyace la misma idea: ¿puede permitirse España bajar impuestos?

El comité de expertos para la reforma fiscal lo dejó claro: “En el momento actual, marcado por la persistencia de la pandemia, la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la coincidencia de los intensos cambios tecnológicos sociales y económicos es necesario incrementar la eficiencia y el potencial recaudatorio del sistema tributario”.

Para ver si un país recauda mucho o poco los académicos suelen remitirse a la presión fiscal, que es la relación entre los ingresos por impuestos y la riqueza nacional. En España la presión fiscal es del 38%, siete puntos de PIB por debajo de la media europea. Es decir, deberíamos recaudar casi 70.000 millones más al año para equipararnos con nuestros socios comunitarios. Históricamente, España ha tenido una presión fiscal relativamente baja porque los sucesivos gobiernos concluían que no debían subir mucho los impuestos al considerar que el país necesitaba crecer más rápido para recuperar el terreno perdido respecto a los grandes Estados europeos.

Pero 40 años de prosperidad y las heridas causadas por dos megacrisis casi consecutivas han trastocado el contexto. España arrastra una deuda pública cercana al 120% del PIB y necesita recursos para responder a sus acreedores y reducir sus compromisos financieros a los niveles exigidos por Bruselas. Las autoridades españolas no lo tienen fácil porque soportan un déficit de alrededor del 5%. Es decir, que las administraciones públicas gastan 60.000 millones más de lo que ingresan.

“En línea con lo que señalan las principales instituciones internacionales, el aumento de la desigualdad y de la concentración de la riqueza es uno de los mayores desafíos de las economías modernas”, recalca el Libro Blanco de la Reforma Tributaria. Un vistazo al Estado de bienestar no deja a España en una buena posición respecto al resto de sus pares europeos. No gasta más en educación, ni en sanidad, tampoco lo hace en servicios sociales, ni siquiera invierten más. Tampoco tiene más empleados públicos que la media europea. El índice de desigualdad es de los más altos de la UE y vuelve a empeorar tras la pandemia y el desgarro que está causando la inflación.

Las grandes instituciones internacionales recomendaron a los países desarrollados responder a la crisis de la covid con planes públicos para proteger a familias y empresas afectadas por las órdenes de confinamiento. Para apoyar esa estrategia, la Unión Europea aprobó el fondo de recuperación que permite a España disponer de 70.000 millones en subsidios y otro tanto en préstamos.

Si desde el lado del gasto no hay mucho margen, ¿qué ocurre en el lado de los ingresos? La gran diferencia recaudatoria en España está en los grandes impuestos: IRPF, IVA y Sociedades, que están prácticamente en manos del Estado central. Esto explica cerca de tres cuartas partes de la brecha fiscal con el resto de Europa. Los regímenes especiales de estos impuestos, con bonificaciones, exenciones, deducciones y otros agujeros fiscales merman la capacidad recaudatoria en alrededor de 50.000 millones. También influyen que en España tiene menos proporción de población trabajando que otros países de la UE. Y por último, el mayor tamaño de la economía sumergida, que afecta especialmente al IVA.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha alardeado durante la legislatura de subir impuestos a las multinacionales y a los más ricos, pero solo está recaudando un 2% más de las empresas y un 0,5% más de los que más ganan. En sentido opuesto, ha reducido el IVA de la electricidad y del gas y ha congelado el impuesto especial sobre la producción eléctrica para tratar de paliar el golpe de la crisis energética en los hogares. Esto es lo que llevó a la ministra de Hacienda a decir que el Gobierno ha protagonizado la mayor rebaja de impuestos de la historia.

En los últimos meses, la inflación, que tanto está empobreciendo a las familias, está ayudando a alimentar los ingresos tributarios. En lo que va de año crecen a un ritmo del 18% por el tirón de la economía, pero, sobre todo, por el efecto de la escalada de precios. Y aunque las arcas públicas estén llenas y tengan más recursos que nunca, solo da para compensar el gasto público para mitigar la dentellada de la inflación, los precios energéticos y las secuelas de la covid.

Otra cuestión es la política tributaria de las comunidades autónomas. En ellas se concentra la tributación patrimonial, que grava la transferencia y la tenencia de riqueza con tres impuestos: el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, y el de transmisiones patrimoniales. Son impuestos estatales cedidos a las autonomías. Son tributos muy importantes, pero que recaudan relativamente poco, según constatan los expertos del Consejo General de Economistas. “En España, al igual que en otros países de nuestro entorno, la desigualdad de la riqueza es más amplía que la de la renta”, recuerdan los expertos en el Libro Blanco. “La brecha entre los extremos de renta y riqueza se ha hecho más profunda desde los años de la crisis financiera, de manera que una proporción relevante y creciente de la riqueza se concentran en especial en la parte más alta de la distribución”. Por eso, justifican la imposición patrimonial por motivos de justicia, equidad y eficiencia. “Gravar la riqueza es también un instrumento para que las personas situadas en la parte más alta de la distribución de la renta contribuyan más a la recaudación de ingresos públicos, en especial para gravar a aquellos que puedan escapar al IRPF”, añade el comité de expertos.

Pero en tiempos de campañas electorales estos impuestos son los más fáciles de bajar porque se dirigen a grupos muy concretos de la población, los más ricos, y tienen menor impacto recaudatorio. Es cierto que existen argumentos para la supresión del impuesto de patrimonio como aplica Madrid y ha anunciado Andalucía. En primer lugar, España es uno de los tres únicos países europeos con este impuesto junto con Suiza y Noruega. En la escena internacional este tributo está en retroceso, pero otros países hacen tributar más la transmisión de riqueza que la tenencia. Hay voces que defienden que el impuesto supone una doble tributación, ya que los contribuyentes ya han pagado al fisco cuando adquirieron los bienes o cuando obtuvieron las rentas para comprarlos. “Muchas comunidades han solicitado su armonización”, deslizó ayer la ministra de Hacienda en el Senado. Montero incidió en que la reforma de estos impuestos autonómicos deben abordarse en el marco de la reforma fiscal. Los expertos también aconsejaban armonizarlos.

Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, explica que la carrera a la baja de este impuesto se produce por tres factores: por motivos ideológicos, por los desplazamientos de domicilios fiscales a Madrid, que tiene efecto capitalidad, pero que contagia a otros territorios a hacer políticas para evitar la fuga de contribuyentes de altos patrimonios y, por último, porque las comunidades se lo pueden permitir porque están gozando del mayor nivel de recursos de su historia debido a la protección financiera del Estado.

Eso explica, entre otras cosas, el movimiento del que los Economistas advierten desde hace años. La carrera a la baja del impuesto de sucesiones y donaciones en todas las autonomías, tanto en las del PP como en las del PSOE. Todas han ido legislando en los últimos años para ir abaratando este impuesto. Por todo eso, debería abordarse la reforma fiscal pendiente que ninguno de los dos últimos Gobiernos se ha atrevido a abordar.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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