El Gobierno propondrá una subida de sueldo a los funcionarios del 3,5%

Hacienda convoca la mesa de negociación de la función pública, donde negociará el incremento salarial y ofrecerá rebajar la jornada laboral a 35 horas en la Administración central

Varias personas participan en una manifestación a favor de la subida salarial y los servicios públicos.
Varias personas participan en una manifestación a favor de la subida salarial y los servicios públicos.Jesús Hellín (Europa Press)

El Gobierno ha convocado para este miércoles la mesa de negociación de la función pública con el fin de negociar la subida salarial de los empleados públicos que se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. En este encuentro, el Ministerio de Hacienda propondrá una subida salarial del 3,5% para el próximo año, según varias fuentes sindicales al tanto de las conversaciones. La propuesta del ministerio no tendrá una aplicación directa y estará condicionada al cumplimiento de una serie de variables macroeconómicas, entre las que se encuentran el crecimiento económico o el nivel del IPC. La oferta gubernamental está abierta y sujeta a los cambios que puedan surgir durante la negociación, según advierten estas mismas fuentes. La idea de Hacienda es alcanzar un acuerdo a varios años para repartir el coste de la inflación.

Los sindicatos reclaman, además, que se compense la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante este año. La revalorización salarial de 2022 ha sido del 2%. Sin embargo, el índice de precios al consumo (IPC) subió en agosto un 10,5% interanual y las perspectivas son que la inflación media cierre el año en el entorno del 8,5%. Este será uno de los flecos importantes de la negociación. La inflación subyacente, que no recoge la subida de los precios energéticos procedente del exterior y que, por tanto, muchos economistas ponen como una referencia más realista, alcanza el 6,4% interanual en agosto. Para el año que viene, el consenso de analistas proyecta una inflación general promedio en el entorno del 4%.

Como parte del paquete para compensar la pérdida de poder adquisitivo, el Ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa varias posibilidades. Entre ellas, abrir la mano con la jornada laboral de 35 horas. Esta podría extenderse a toda la Administración General del Estado y serviría para que el resto, sobre todo las comunidades, puedan seguir su estela allá donde no estén en vigor. La reunión de este miércoles tendrá lugar con los principales sindicatos representativos del funcionariado: CSIF, CC OO y UGT.

Un coste de 5.000 millones

Más de tres millones de empleados públicos se beneficiarán de esta iniciativa. Dado que en 2021 se desembolsaron 141.000 millones para pagar las nóminas de todas las Administraciones, el coste de la medida rondaría los 5.000 millones de euros, solo por el 3,5% de revalorización, incluyendo al Estado central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta partida se sumaría a los 15.000 millones que costaría subir la partida de pensiones con el IPC. El Ejecutivo argumenta que puede hacer frente a estos incrementos gracias a la buena marcha de los ingresos públicos, que en gran medida están espoleados por la inflación y que hasta julio subían en unos 22.000 millones, a pesar de las rebajas de impuestos en la electricidad.

Con este acuerdo, el Gobierno pretende dar una señal al resto de la economía. El Ejecutivo, los sindicatos y el Banco de España han insistido desde hace tiempo en la necesidad de un pacto de rentas para contener el contagio de la inflación y repartir los costes de la crisis de precios. Se trataría de que a la vez se garantice una cierta recuperación del poder adquisitivo a varios años y una moderación en los márgenes empresariales. Máxime cuando gran parte de la inflación procede del exterior debido a unos costes de la energía disparados que han empobrecido al conjunto de la economía.

En el ámbito privado, los agentes sociales han sido incapaces de conseguir hasta ahora un acuerdo salarial a varios años. Por eso, el Ejecutivo considera que la propuesta que presenten a los empleados públicos debe ser un ejemplo para las empresas y representantes sindicales. De hecho, la cifra del 3,5% era la que se barajaba de subida para el año que viene en las conversaciones entre sindicatos y patronal. Las diferencias existían en las cláusulas de revisión para recobrar la capacidad adquisitiva a posteriori.

Refuerzo de la plantilla

El Gobierno trata de contentar a un colectivo numeroso cuando se adentra en un año marcado por las elecciones autonómicas y locales del próximo mayo y las legislativas de finales de 2023.

Además, debe afrontar el reto de renovar a unas plantillas cansadas y envejecidas tras el esfuerzo de la pandemia y años sin apenas renovación de plazas. Por este motivo, el Gobierno aprobó en verano una oferta de empleo público récord con 44.788 plazas para ministerios, justicia, policía y ejército.

El pasado fin de semana, el sindicato CSIF convocó una manifestación para reclamar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. El presidente del sindicato, Miguel Borra, exigió al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año (en línea con la medida adoptada por Francia el pasado mes de julio) y un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra, mermado desde 2010, que cifra en un 18%.

CC OO y UGT también plantean la necesidad de cerrar un acuerdo plurianual a tres años que permita mantener el poder adquisitivo al final del periodo. Y este incluiría revisar al alza el incremento del 2% para este año. Además, demandan mejoras en el acceso al empleo público y en la carrera, promoción y clasificación profesional. Así como un proceso más ambicioso de estabilización de las plantillas.

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