La banca busca un acuerdo de mínimos para ayudar a los hipotecados en apuros

El sector plantea modificar o incluso eliminar el requisito de que deban caer los ingresos familiares para que un cliente sea considerado vulnerable

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, junto a su homólogo en CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, en junio durante una reunión del Real Instituto Elcano.
Ana Botín, presidenta del Banco Santander, junto a su homólogo en CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, en junio durante una reunión del Real Instituto Elcano.EFE

Las patronales bancarias y el Gobierno buscan cómo atajar el golpe del repunte del euríbor a lomos de las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). El objetivo del sector es alcanzar un acuerdo de mínimos, en el que estén todos, al que luego cada entidad pueda añadir medidas adicionales. Además, tanto el Ejecutivo como los bancos consideran necesario perfilar la definición de “clientes vulnerables” para que estos beneficios lleguen a quienes están en apuros. En ese sentido, las entidades han puesto sobre la mesa la opción de modificar o incluso eliminar el requisito de que se haya producido una disminución de los ingresos de la unidad familiar para que un cliente sea considerado vulnerable y pueda beneficiarse de ese escudo social.

Los encuentros se están manteniendo al más alto nivel, tanto por parte del Gobierno como por el lado de las patronales del sector (AEB, CECA y Unacc). Esto ha ayudado a que las negociaciones se aceleren desde hace semanas, aunque todavía siguen sin concretar las medidas definitivas. Hay un primer punto en común, que es el de adaptar a la crisis actual la definición de usuario en apuros en el Código de Buenas Prácticas, en funcionamiento desde 2012. El problema, esgrimen tanto fuentes financieras como gubernamentales, es que está pensado para la crisis de 2008 y no para la actual. De ahí que haya una serie de umbrales que se deban ajustar.

Los criterios que deben cumplir ahora los clientes para ser considerados vulnerables son que los ingresos de la unidad familiar no superen en tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) de 14 pagas, que el hogar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos. El sector ha planteado tocar el segundo punto, y también se debate sobre la posible rebaja de la tasa de esfuerzo de la cuota hipotecaria para poder acceder a una protección especial. Este escudo les permite acogerse a una carencia en la amortización de capital de cinco años, ampliar el plazo del préstamo o reducir el tipo de interés aplicable a euríbor más 0,25%, así como las nuevas medidas pactadas.

Fuentes financieras aseguran que el Código de Buenas Prácticas funciona bien, aunque reconocen que hay aspectos que se pueden actualizar. Este protocolo es de adhesión voluntaria, pero en la práctica es de obligado cumplimiento para quienes deciden incorporarse, que es la casi totalidad del sector. Sobre la definición de vulnerable, estas mismas fuentes explican que se fijó para un usuario tipo de la Gran Recesión, en la que uno de los motivos principales para ser un cliente financiero en apuros era la pérdida del empleo y la reducción de los ingresos de las familias. Sin embargo, en estos momentos es posible que lleguen a una situación de crisis aunque mantengan sus puestos de trabajo. “Pueden mantener el nivel de ingresos y pasar a estar en una situación de riesgo de impago por la fuerte subida de los gastos, por ejemplo la hipoteca por el repunte del euríbor, así como los costes energéticos o de otros productos básicos por la inflación”, sostienen fuentes del sector.

Esta cuestión, además, lleva a otro de los puntos que está sobre la mesa: el cambio del umbral de la tasa de esfuerzo de la cuota hipotecaria sobre los ingresos netos del hogar. En el código se fija el límite en el 50%, una cifra que se estudia rebajar o, al menos, contabilizar en esa tasa otros gastos tensionados por la crisis de la guerra de Ucrania. “Se va a ajustar el concepto y los criterios de quién se considera vulnerable y cómo se aplica”, inciden fuentes conocedoras de la negociación. El objetivo de todo ello es que más familias se puedan acoger a estos beneficios para aliviar el golpe de la escalada del euríbor.

Congelar las cuotas

En cuanto a las nuevas medidas, destaca la propuesta de CaixaBank de congelar las cuotas de hipotecados en problemas, como adelantó El Periódico. Una proposición que ha despertado algunos recelos al efectuarse de forma individual y no a través de las patronales. “Para la toma de posición del sector se tienen en cuenta todas las propuestas de las entidades, pero al final a la reunión se lleva una postura conjunta”, inciden fuentes financieras. De hecho, el objetivo es que haya un acuerdo sectorial para que todos se comprometan a su cumplimiento, aunque luego se pueda ampliar de forma individual: “Cada entidad podrá tomar más medidas para sus clientes. Siempre se ha hecho un estudio pormenorizado para cada usuario en problemas”.

Lo cierto es que la opción abierta por CaixaBank le puede encajar al Gobierno —sería una propuesta nueva y en línea con lo esperado— y al resto de los bancos. “Es razonable y de esta forma el sector se adelantaría para que el Ejecutivo no imponga una medida de forma unilateral”, sostienen otras fuentes financieras. Además, se trataría de diferir la subida de los tipos de interés, pero no los reducirían. Y al tratarse de una refinanciación que no pondría en riesgo la capacidad de pago, tampoco se dispararían las provisiones necesarias. También se baraja que haya alguna medida excepcional, de mayor calado, pero dirigida solo a colectivos muy concretos.

Las conversaciones avanzan y esta semana incluso se han producido reuniones entre los responsables de riesgos y jurídicos de los bancos para valorar el impacto de diferentes medidas sobre la mesa. Y ha habido intercambios de papeles con el Gobierno. Fuentes financieras sostienen que es necesario estudiar bien cada opción antes de cerrar el acuerdo. Además, consideran que hay margen porque la morosidad bancaria sigue siendo inferior al 4%. Aunque desde la parte política se presiona para que se pacte algo lo antes posible. “El timing político es otro y nos exige celeridad. Hay determinación de todas las partes en ayudar a los más vulnerables, aunque se deben estudiar bien todos los cambios”, afirman. La asociación de usuarios bancarios Adicae, por su parte, avisa de que las medidas conocidas hasta el momento seguirían sin resolver el problema y califica de “inaceptable” cualquier planteamiento que se plantee sin contar con los consumidores.

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Sobre la firma

Hugo Gutiérrez

Es periodista de la sección de Economía, especializado en banca. Antes escribió sobre turismo, distribución y gran consumo. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS tras pasar por el diario gaditano Europa Sur. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Máster de periodismo de EL PAÍS y Especialista en información económica de la UIMP.

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