Los escollos de la negociación entre el Gobierno y la banca para aliviar las hipotecas de las familias vulnerables

Todavía faltan por concretar la amplitud del plan de apoyo y si se incluye en el Código de Buenas Prácticas o se lleva a cabo con otro protocolo temporal

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

El deterioro de la situación económica aprieta al Gobierno y la banca para que saquen adelante nuevas medidas de apoyo para los hipotecados vulnerables. Las contundentes alzas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) han hecho escalar al euríbor de forma rápida —la mayoría de las hipotecas variables están referenciadas a este índice—. Las previsiones, que apuntan a un frenazo de la economía, tampoco ayudan. De ahí que el Ejecutivo lleve semanas presionando al sector financiero para crear un amplio paquete de medidas que sirva de escudo social a los hogares endeudados que sufren el encarecimiento de préstamos e hipotecas. Hay puntos en común, principalmente la necesidad de redefinir el concepto de cliente vulnerable, aunque hay otras cuestiones sin consenso.

El sector confía en que se pueda lograr el pacto en cuestión de días, como ha avanzado este jueves María Dolores Dancausa en la presentación de resultados de Bankinter: “Espero que se apruebe pronto”. Sin embargo, desde el Ejecutivo son algo más escépticos, pese a que tienen mucho interés en que salga lo antes posible. El motivo es que no quieren cerrar algo que no colme sus expectativas. “Doy la bienvenida al compromiso y la implicación que veo en las entidades bancarias para encontrar soluciones y poner sobre la mesa ese catálogo de medidas que nos permitan minimizar el impacto negativo”, ha asegurado este jueves en Fráncfort la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Es decir, insiste en que es necesario que haya un “catálogo de medidas” y no reducirlo a una sola propuesta. Estos son los principales puntos en común y diferencias entre ambas partes:

Diferencias

Ocurre en la mayoría de negociaciones: no todo se acuerda de forma rápida. Como se vislumbra en las propuestas que hay sobre la mesa, existe un escollo notable entre las partes: si los cambios que se realicen deben estar dentro del Código de Buenas Prácticas o si se debe aprobarse un nuevo protocolo que esté en vigor solo de forma temporal. “Tiene lógica que sea temporal y cuando pase este contexto de crisis se vuelva a lo anterior, que funciona bien. Debe ser algo transitorio”, defienden varias fuentes financieras.

Sin embargo, el Ejecutivo no lo ve de esta forma. Al menos no por el momento. Y prefiere que se actualice o se le incluya una adenda mejor que la opción de realizar otro protocolo. “El marco de actuación sigue siendo el Código de Buenas Prácticas para que sea un plan amplio”, insisten fuentes de la Administración. De hecho, de esta parte estriba otro de los caballos de batalla: el sector ha llevado propuestas muy concretas, tanto que incluso las ha analizado desde el punto de vista de riesgo para cifrar el impacto en sus cuentas. Pero el Gobierno se muestra inflexible: es necesario que sea un paraguas más amplio, como ha reconocido Calviño. Además, la banca reclama que se le exima de realizar nuevas provisiones por estas refinanciaciones, aunque el aval de esta ventaja dependería de los supervisores y reguladores, no del Ejecutivo. La Autoridad Bancaria Europea ya dio margen en la pandemia en el Viejo Continente, pero se antoja complicado que haga ahora lo propio solo para los bancos españoles, según fuentes financieras.

En este contexto, el proceso se puede demorar algo más hasta que se limen estas asperezas. Una vez se pacten estos puntos principales, las partes creen que el resto de asuntos técnicos se solventará con rapidez. “Se están valorando las medidas y la mejor opción para vehicularlo legalmente, pero falta por matizar todas las propuestas”, sostienen fuentes gubernamentales. Es decir, todos tendrán que ceder si quieren encontrarse. “Hay mucha colaboración entre las partes, aunque es normal que existan diferencias que pulir”, zanjan fuentes conocedoras de la negociación.

Puntos en común

Al inicio de las reuniones, en la fase preliminar, todos coincidieron en una cuestión: era necesario actualizar la definición de qué es un cliente vulnerable. “Se va a ajustar el concepto y los criterios de quién se considera vulnerable y cómo se aplica”, aseguran las mismas fuentes desde hace semanas. Hasta ahora, el Código de Buenas Prácticas considera vulnerables a los hogares que sus ingresos no superen en tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) de 14 pagas —24.318,84 euros, aunque a partir de enero serán 25.200 euros anuales—, que el hogar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

Sobre esta base, el sector ha planteado modificar o incluso eliminar el requisito de que se haya producido una disminución de los ingresos de la unidad familiar. De ahí una de las propuestas que se debaten: que se puedan acoger los clientes que no superen el IPREM de 14 pagas que sufran una subida de sus costes financieros de al menos un 30%. Es decir, no se tendría en cuenta si ha tenido un deterioro de sus ingresos o no. La razón es que ahora la clave son los costes debido a la inflación y al alza del euríbor.

También se debate sobre la posible rebaja de la tasa de esfuerzo de la cuota hipotecaria para poder acceder a una protección especial. Esta tasa se sitúa en el código en vigor en el 50% con carácter general, una cifra que en los papeles de trabajo que se intercambian entre el Gobierno y el sector se ha reducido al 40%. Estos cambios se explican por la especificidad de la crisis actual: en estos momentos es posible que los clientes financieros lleguen a una situación de crisis aunque mantengan sus puestos de trabajo. “La clave ahora está en la fuerte subida de los gastos, por ejemplo la cuota hipotecaria por el repunte del euríbor, así como los costes energéticos o de otros productos básicos por la inflación”, sostienen fuentes del sector.

Esta definición se considera fundamental, ya que si se modifica este concepto en el protocolo vigente permitirá que haya más familias que se puedan acoger al escudo social que existe desde 2012. Es decir, podrían beneficiarse, por ejemplo, de una carencia en la amortización de capital de cinco años, ampliar el plazo del préstamo o reducir el tipo de interés aplicable a euríbor más 0,25%, según recoge ya el Código de Buenas Prácticas. Y no acabaría ahí la protección, ya que las nuevas propuestas que se añadan formarían un paraguas protector todavía mayor que sería permanente, no solo para el momento actual.

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Sobre la firma

Hugo Gutiérrez

Es periodista de la sección de Economía, especializado en banca. Antes escribió sobre turismo, distribución y gran consumo. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS tras pasar por el diario gaditano Europa Sur. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Máster de periodismo de EL PAÍS y Especialista en información económica de la UIMP.

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