El BBVA guarda silencio sobre los encargos a la trama de Villarejo cuando el policía ya estaba preso

Anticorrupción querían interrogar al representante del banco por los supuestos trabajos para la entidad de un socio del comisario en 2018 desvelados en otra pieza del sumario

El edificio La Vela, sede del BBVA en Madrid.
El edificio La Vela, sede del BBVA en Madrid.Pablo Monge

La segunda declaración del BBVA como persona jurídica imputada en el caso Villarejo ha durado un minuto. Es el tiempo que han tardado sus abogados en manifestar que el represente legal de la entidad, Adolfo Fraguas, director de los Servicios Jurídicos del BBVA España, no iba a responder a ninguna de las preguntas acogiéndose a su derecho a guardar silencio, señalan a EL PAÍS fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. La entidad ha justificado su decisión en que la Audiencia Nacional aún no se ha resuelto el recurso que presentó el pasado 28 de septiembre contra esta nueva citación para ser interrogado y donde iba a ser preguntado por los nuevos trabajos realizados por la trama del comisario José Manuel Villarejo hizo en 2018 para la entidad, cuando el policía ya estaba encarcelado.

El BBVA había sido citado a declarar este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en un auto del pasado 22 de julio en el que acordó prorrogar hasta enero de 2023 la instrucción de la causa. En esta resolución, el magistrado ofrecía a 67 personas personarse en la causa como “posibles perjudicados u ofendidos o víctimas” en los trabajos que el comisario hizo para la entidad. Entre ellas estaba el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El magistrado detallaba en aquel auto que la citación del banco se hacía a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras el hallazgo de “hechos nuevos” en el marco de la pieza número 31 del sumario, abierta el pasado marzo como duplicada de la principal del sumario. En su resolución, el juez se refería, en concreto, a un trabajo encargado en enero de 2018, cuando Villarejo ya estaba en prisión, a la empresa Anbycol, propiedad de uno de los socios del comisario, el también policía Antonio Bonilla, para acceder a “información reservada de bases policiales”.

La entidad recurrió alegando que la decisión del juez le provocaba “indefensión”, ya que esos datos se habían obtenido a sus “espaldas” en una pieza del sumario a la que ellos no tienen acceso. Ese es el recurso que este miércoles han esgrimido los abogados del banco para justificar que Fraguas guardar silencio. La decisión del BBVA contrasta con su insistencia durante toda la causa en mostrar una imagen de colaboración con la justicia. Anticorrupción ya cargó contra la actual dirección de la entidad financiera, en un informe de julio de 2021, por su supuesta falta de cooperación en las pesquisas.

En la breve comparecencia de este miércoles, el banco se ha limitado a ratificarse en lo que manifestó a finales de 2019, cuando declaró durante 15 horas a lo largo de tres días cuando la causa aún estaba secreta. Entonces, Fraguas fue interrogado por el juez y Anticorrupción sobre quién decidió y quién conocía dentro del banco que se había contratado al comisario durante 13 años para espiar a líderes políticos, empresariales y periodistas. El BBVA insistió entonces en que el banco no tenía ninguna responsabilidad y que desconocía que el comisario estaba detrás de Cenyt, la empresa contratada para estos trabajos. El representante de la entidad apuntó como responsable último al exjefe de Seguridad de la entidad, el antiguo comisario Julio Corrochano, también imputado.

El BBVA está imputado en el caso Villarejo desde julio de 2019 por la presunta comisión de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos millonarios a las empresas de Villarejo, epicentro de la macrotrama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional desde hace cinco años. La relación entre el banco y el policía arranca en 2004, cuando la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del grupo bancario. Este vínculo se mantuvo, al menos, hasta 2018. El banco no encargó las primeras investigaciones internas hasta mayo de 2018, después de que se desvelaran en prensa los primeros pagos a una de las compañías del comisario jubilado, que había sido detenido el año anterior, para descubrir tramas oscuras de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, acusado de extorsionar a la entidad financiera.

Desde entonces, la causa no ha dejado de engordar con la investigación de los nuevos encargos del BBVA al comisario que se iban descubriendo. Para realizar estos trabajos de espionaje, Villarejo accedió de manera presuntamente ilegal a “una ingente cantidad de datos personales” de las bases de datos policiales, según destacan informes incorporados al sumario. En la causa ya están imputadas, además del BBVA, una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo y el expresidente de la entidad Francisco González. Para las próximas semanas están citados a declarar como testigos o imputados varios empleados de la entidad, entre ellos el propio Francisco González, que lo hará a petición propia el 15 de diciembre.

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Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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